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miércoles, 30 de septiembre de 2009

ENA VON BAER: ?ESTO PUEDE SER UN GATOPARDO

Candidata a senadora por Novena Región Sur

ENA VON BAER: “ESTO PUEDE SER UN GATOPARDO”
En conversación con “La Gran Mañana Interactiva” de Radio Agricultura, la candidata a senadora por la Novena Región Sur, Ena von Baer, hizo ver que los dos proyectos de ley enviado por el ejecutivo al Congreso y que proponen una nueva institucionalidad para las políticas públicas indígenas, no atacan el problema de fondo.

La iniciativa legal firmada ayer por la Presidenta Michelle Bachelet y que busca la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas, propone además la creación de la Agencia de Desarrollo como un servicio público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Al respecto, Von Baer apuntó que “desde el punto de vista institucional, en las propuestas de la Presidenta hay algunas cosas que son buenas. Sin embargo pueden ser un gatopardo…se cambia todo para no tener nada. No se dice cómo se van a entregar las tierras que los gobiernos de la Concertación prometieron”, dijo la candidata al parlamento.

“Leyendo los proyectos de la Presidenta no se está atacando los problemas de fondo. Uno se pregunta por qué el gobierno se demoró tanto en hacer el cambio, cuando esto se viene planteando desde el 2002”, agregó la candidata.

“Esto es como mezclar el ejecutivo con el legislativo y le dejemos al legislativo la gestión de repartir subsidios. Algunas cosas requieren materias de ley, pero otras no”, añadió.


En este sentido, Eva von Baer hizo ver que “por ejemplo, la forma en la cual se entrega la tierra es directa y discrecional…así lo hace la Conadi…..y en los proyectos anunciados ayer no se está atacando este punto La agencia de desarrollo indígena igual deja esta labor en la nueva Conadi”.

“No hay claridad respecto a las tierras que hay que devolver desde el punto de vista jurídico y en eso no hay una definición de fondo. Lo que si se está solucionando es el haber mezclado el Consejo con el servicio público. No hay claro que va hacer  el nuevo Ministerio”, explicó la postulante al Congreso.

Asimismo, Van Baer expresó que “esto no está entrando en el tema de fondo que es la violencia en la Araucanía. Estos anuncios pueden ser buenos, pero no van al fondo del asunto que es mucho más complicado. Es difícil, pero la región la necesita con urgencia...porque hoy hay inseguridad jurídica tremenda que lleva a que en la región no haya inversión”.

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martes, 29 de septiembre de 2009

Iniciativas serán firmadas hoy por la presidenta michelle bachelet

Iniciativas serán firmadas hoy por la presidenta michelle bachelet

Gobierno pone suma urgencia a proyectos de ley sobre tema indígena

A las 10:00 horas en La Moneda la presidenta Michelle Bachelet firmará los proyectos de ley que crean la nueva institucionalidad indígena y 
reestructura la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), y el que crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas. 

Ambos proyectos ingresarán con suma urgencia al Congreso, pues -según destacó el ministro coordinador para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera-Gallo- la idea es que ambas iniciativas se aprueben en esta administración. 

Los citados proyectos se consideran dos grandes reformas en políticas indígenas. 

Si bien la nueva institucionalidad será dada a conocer hoy por la presidenta Michelle Bachelet, se espera la creación de un nuevo ministerio que tenga dedicación exclusiva a estas materias. Sobre la reformulación que se realizará a la Conadi, el proyecto contempla que se convierta en un servicio público y podría denominarse agencia  de desarrollo indígena, convirtiéndose en el brazo ejecutor de dicha política y dejará de depender de Mideplan.

En tanto, el Consejo de Pueblos Indígenas reemplazará al que hoy existe en la Conadi.

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Rodrigo González Fernández
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lunes, 28 de septiembre de 2009

Chile niega abusos contra mapuches

Chile niega abusos contra mapuches

Rodrigo Bustamante

Santiago de Chile

Mujer detenida en una protesta mapuche en Chile

Los indígenas aseguran que la aplicación de la ley antiterrorista "constituye un acto de racismo".

El gobierno de Chile negó que haya utilizado abusivamente la ley antiterrorista contra los mapuches y otras etnias indígenas, respondiendo así en Ginebra a uno de los reparos que le había hecho el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

En su primer Examen Periódico Universal (EPU) ante el organismo, para dar cuenta de los avances y desafíos en el cumplimiento de los estándares internacionales de protección de derechos humanos, la administración de Michelle Bachelet evitó referirse a cuatro puntos cuestionados en mayo pasado, y la respuesta llegó este jueves.

El embajador de Chile en Ginebra, Carlos Portales, afirmó que "los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena".

"Entre el año 1999 y 2009 esta ley especial se ha invocado sólo en 16 casos y en sólo dos ocasiones a personas de origen indígena", recalcó la autoridad para responder al EPU, mecanismo de control donde se revisa la situación general de cada uno de los 192 estados miembros de la ONU y al que cada país está obligado a someterse cada cuatro años.

Medida cuestionada

Los gobiernos democráticos no han aplicado la ley antiterrorista a demandas o reivindicaciones sociales de la población indígena

Carlos Portales, embajador de Chile en Ginebra

La ley antiterrorista fue instaurada en 1984 por el régimen de Augusto Pinochet para perseguir a opositores políticos y en la actualidad tanto la ONU como la Unión Europea le habían recomendado a Chile revisar su aplicación, por considerar que perseguía "a miembros de las comunidades indígenas, en particular la mapuche".

Uno de estos casos fue el del mapuche Miguel Tapia Huenulef, procesado por la ley antiterrorista en febrero pasado por su presunta vinculación con un atentado incendiario en la región de la Araucanía, ubicada a unos 600 kilómetros al sur de la capital, Santiago, y epicentro de las comunidades que luchan por recuperar tierras ancestrales.

Y aunque el gobierno aseguró que desde 1999 sólo ha invocado esta ley en 16 oportunidades, la ONG Observatorio Ciudadano -que defiende el derecho de los pueblos indígenas- dio a conocer cifras distintas según reportó a BBC Mundo su codirector, José Aylwin.

"La ley antiterrorista en los últimos cuatro años ha sido aplicada en contra de 15 personas mapuches o simpatizantes de su causa, que están actualmente siendo procesadas. A pesar que de acuerdo al Comité de Derechos Humanos, al Comité Contra la Tortura y al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial no es compatible con las garantías del debido proceso", señaló.

"Insensibilidad del gobierno"

La ley antiterrorista en los últimos cuatro años ha sido aplicada en contra de 15 personas mapuches o simpatizantes de su causa, que están actualmente siendo procesadas

José Aylwin, codirector de Observatorio Ciudadano

La respuesta de Chile ante la ONU llegó a días de que entrara en vigencia el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que, entre otras, cosas estableció el derecho a la consulta y a la participación de los pueblos indígenas en las decisiones administrativas y legislativas que los afecten.

Sin embargo, mientras se avanza en este aspecto, la ley antiterrorista es un retroceso, según expresó a BBC Mundo el vocero mapuche José Naín.

"Ha ido quedando claro que aquí no hay voluntad política para resolver el tema de fondo. Y creo que la relación no va a cambiar, se va a mantener por la insensibilidad del gobierno respecto del sufrimiento al que se está llevando hoy día a las familias de las comunidades mapuches", señaló.

"La aplicación de esta ley creo que constituye un acto de racismo, un acto de discriminación y, obviamente, que es una persecución en definitiva política a las legítimas demandas del pueblo mapuche", agregó.

Y aunque el comunero criticó especialmente al ministro José Antonio Viera-Gallo en su rol de coordinador de Asuntos Indígenas, el secretario de Estado confía en lograr avances en los tres meses de gobierno que le quedan a la presidenta Michelle Bachelet y viajó nuevamente a la Araucanía para buscar acercar 

 

FUENTE: bbc
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Viera-Gallo ve "cierto horizonte de término" en conflicto indígena

Viera-Gallo ve "cierto horizonte de término" en conflicto indígena


Mejorar las condiciones de los pueblos originarios, es el objetivo del proyecto que busca crear una nueva institucionalidad indígena, según comentó el ministro secretario de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo.

"Estamos poniéndonos pantalones largos en la política indígena . Con la publicación del convenio 169 de la OIT se marca un nuevo hito, y así como la Ley Indígena dio origen a la Conadi, este convenio debiera dar origen a una institucionalidad más eficaz y más madura", dijo Viera-Gallo a radio Cooperativa.

Asimismo, el secretario de Estado aseguró que las transformaciones aplicadas a la Conadi influirán en el cambio de las normas para la adjudicación de tierras, "para que ésta sea más transparente y más rápida". La idea es cumplir con las 115 comunidades y atender a las que aún están en lista de espera.

"Este es un problema que tiene cierto horizonte de término, no es que sea indefinido, y me parece importante visualizarlo así, y por otra parte (debemos) reconocer los derechos históricos, y al mismo tiempo implementar de mejor manera todo lo que es el desarrollo económico", precisó Viera Gallo.

Además, recalcó que el Gobierno pretende crear una institucionalidad eficaz, para "recomenzar" un camino de reencuentro entre las etnias chilenas y el resto de la sociedad.

FUENTE: emol
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jueves, 24 de septiembre de 2009

INFORME FUE PRESENTADO POR VIERA-GALLO ANTE LA CPC

INFORME FUE PRESENTADO POR VIERA-GALLO ANTE LA CPC

El crudo diagnóstico sobre la situación mapuche que contiene estudio del CEP

Silvana Celedón df

Un crudo análisis sobre la situación del pueblo mapuche realiza el estudio que presentó el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, ante las ramas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) en el comité ejecutivo del martes.

Esto, porque el documento –elaborado a inicios de este año por el economista Rodrigo Cerda- sostiene que "la Región de la Araucanía enfrenta una situación compleja. Por un lado, su tasa de crecimiento de tendencia parece ubicarse actualmente en niveles cercanos al 3%, por debajo de la tasa de crecimiento de tendencia del país. Además, esta región ha ido incrementando paulatinamente sus tasas de desempleo a través del tiempo".

En materia educacional, el estudio indica que  los mapuches de la IX Región tienen bajos niveles en esta materia y que los datos del Simce muestran además que la calidad de la enseñanza "es todavía deficiente, en especial en el sector rural".

Respecto del mercado laboral, el documento del CEP -denominado "Situación socioeconómica reciente de los mapuches en la Región de la Araucanía"- señala que "las tasas de ocupación de los mapuches en el sector urbano de la IX Región han sido bastante menores que las de los no mapuches. Esto último va de la mano de una alta informalidad en los contratos de trabajo, lo que a su vez implica alta desprotección en materia de pensiones para la vejez o sistema de salud".



Situación de pobreza

En relación a la situación de pobreza de los mapuches en el sector urbano de la IX Región, el estudio señala que éste "es bastante rebelde y de magnitudes muy considerables".

Según el documento elaborado por Rodrigo Cerda, posiblemente esto tenga algo que ver con bajos niveles de educación. "De hecho, el promedio de años de escolaridad de los mapuches urbanos era sólo de 7,83 en 1996, mientras que el promedio de la región en el sector urbano era 9,29. Si bien esta diferencia se ha atenuado, aún persiste, siendo algo menos de un año de escolaridad en 2006. Sin perjuicio de estos diferenciales de educación, una de las principales fuentes de pobreza para los mapuches urbanos de la IX Región parece ser la baja tasa de participación laboral, que se resiente fuertemente con los ciclos económicos", indica.

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Hacienda y Segpres afinan normativa para adjudicación de tierras

Hacienda y Segpres afinan normativa para adjudicación de tierras

Gobierno pondrá en marcha tres reformas para pueblos indígenas

Michelle Helguero S.  df



A casi dos meses que la presidenta, Michelle Bachelet, designara como ministro coordinador para Asuntos Indígenas a José Antonio Viera-Gallo, el Ejecutivo decidió poner en marcha la próxima semana tres grandes reformas, que tienen como objetivo  beneficiar a dichos pueblos. 

En este marco, se enviarán al Congreso dos proyectos de ley: el que reestructura la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y el que crea el Consejo Nacional de Pueblos Originarios. Y una tercera reforma es que se dará a conocer la nueva normativa para la adjudicación de tierras. 

La rapidez en el envío de las iniciativas y el nuevo método para conceder terrenos se dieron luego que en agosto, en La Araucanía, se viviera el punto más alto del conflicto mapuche con la muerte del comunero Jaime Mendoza Collío. 

Para el ministro Viera-Gallo el proyecto que reformula la Conadi, "permitirá la transformación completa" del organismo. Explicó que con este cambio la institución debiera pasar a convertirse en un servicio público. "Será algo así como una Agencia de Desarrollo Indígena, donde el énfasis esté puesto no sólo en la entrega de las tierras, sino que también en el acompañamiento, asistencia técnica, ayuda, coordinación de las políticas agrícolas que tiene Indap o que tiene el SAG para provocar el desarrollo de las comunidades", manifestó el secretario de Estado. 

Agregó que ahora la Conadi va a ser más técnica "y se va a transformar en el ejecutor de la política indígena, pero como un servicio público".



Participación 

Otro de los compromisos que se cumplirán será dar más participación a los pueblos originarios. Para ello, el gobierno enviará al Parlamento una iniciativa que crea el Consejo Nacional de Pueblos Indígenas que será una instancia autónoma del poder Ejecutivo. 

"Esta iniciativa termina con el Consejo de la Conadi, donde hay una muestra de representación indígena y de los pueblos beneficiarios, lo que es bien anómalo", dijo el ministro. 



Nueva normativa

Viera-Gallo realizó estas declaraciones durante el seminario "El Conflicto Mapuche: Causas y Posibles Soluciones", organizado por la Universidad Finis Terrae. 

Allí, anunció que la próxima semana la comisión compuesta por funcionarios de la secretaría  general de la Presidencia y del Ministerio de Hacienda tendrían afinada la nueva "normativa para adjudicación de tierras (a pueblos originarios)". Añadió que "eso va a ser una disputa muy grande, porque hay muchos intereses y además hay legítimas posiciones". 

En horas de la tarde, el ministro viajó a la Región de La Araucanía, donde visitará las ciudades de Valdivia y Temuco. Entre sus actividades inaugurará un seminario de formación a funcionarios del gobierno de la IX Región sobre la implementación del Convenio 169 de la OIT,  "es importante, porque el martes la Contraloría tomó razón del reglamento transitorio lo que le da un respaldo jurídico al Convenio", dijo Viera- Gallo. Además, se reunirá con distintas organizaciones mapuches, entre otras actividades.


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Viera-Gallo: sistema de entrega de tierras en la Araucanía "ha hecho crisis"

Viera-Gallo: sistema de entrega de tierras en la Araucanía "ha hecho crisis"


MACARENA TORO Y SERGIO BUSTOS

"La Conadi cumplió un papel, pero ya no funciona adecuadamente. No es casualidad que haya 38 sumarios y por una razón simple: Porque el consejo está formado por indígenas electos por sus pares, lo que crea una forma de clientelismo", sostuvo ayer el ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, al evaluar el funcionamiento de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena en un seminario sobre el conflicto mapuche en la Universidad Finis Terrae.

El también Coordinador del Estado para Asuntos Indígenas sostuvo que el organismo requiere una inmediata reestructuración en el sistema de adjudicación de tierras, ya que éste "ha hecho crisis".

A su juicio, en estas entregas hay un tráfico de influencias entre las comunidades, que reivindican tierras; el propietario, que puede vender a un alto precio, y el tasador, que gana según el valor del predio, lo que hace que los terrenos se tasen en altos valores.

Desde que fue nombrado por la Presidenta Bachelet coordinador de temas indígenas, Viera-Gallo apuntó al funcionamiento de Conadi, cuyo director es Álvaro Marifil. Con él se reunió ayer en Temuco.

El ministro dispuso un plazo de 10 días para que se cierren los sumarios internos que investigan fiscales del organismo y que en algunos casos se arrastran desde el año 2004.

Paralelamente, un fiscal de Mideplan propuso amonestaciones, rebaja de sueldos y destituciones a varios funcionarios (entre ellos el jefe del Fondo de Tierras, Richard Mancilla) tras las irregularidades detectadas en los llamados subsidios para "casos especiales", que la Contraloría declaró ilegales.

Viera-Gallo adelantó que la próxima semana anunciará la nueva fórmula para la adjudicación de tierras, que se trabajó junto a Hacienda.

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miércoles, 23 de septiembre de 2009

iniciativas se concentrarán en cuatro áreas

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Las medidas comprometidas por el gobierno ante la dirigencia empresarial

Respecto del contenido de las iniciativas que comprometió ayer el Ejecutivo ante la dirigencia empresarial, el asesor de la CPC, Jaime Campos, dijo que éstas se concentrarán en cuatro áreas.

La transformación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi)  en un servicio público, la posibilidad de crear un Ministerio que se aboque específicamente a estos temas, el fortalecimiento de la identidad cultural de los pueblos originarios y mejores niveles de participación en el ámbito político, sostuvo el abogado.

Ahora bien, el ex ministro de Agricultura explicó que todas estas materias "tendrán que expresarse en proyectos de ley que el gobierno presentará en su momento y el ministro Viera-Gallo aseguró que la decisión de la presidenta Michelle Bachelet era presentar la batería de instrumentos antes de que termine su gobierno".

Por su parte, el titular de la Secretaría General de la Presidencia confirmó en envío de "un conjunto de proyectos", los que -explicó- se concentrarán en la reestrcuturación de la Conadi, la revisión de normas para la asignación de tierras, cambios la institucionalidad de las políticas indígenas del gobierno y la ampliación de la participación políticas de los pueblos originarios.


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cúpula empresarial se reunió ayer con el ministro josé antonio viera-gallo para abordar temas indígenas

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CPC busca establecer diálogo directo con pueblos originarios para solucionar conflictos

Silvana Celedón Porzio

Establecer un diálogo directo con los pueblos originarios es lo que busca la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para solucionar los conflictos que enfrentan los empresarios y distintos sectores en las zonas indígenas, principalmente en la IX Región.

Así lo afirmó ayer el propio presidente de la cúpula gremial, Rafael Guilisasti, luego de que las seis ramas de la CPC se reunieran con el ministro de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, para abordar este tema.

"Estamos en contacto con el gobierno y esperamos también hablar con representantes del área de la Araucanía", sostuvo Guilisasti. 

A juicio del dirigente empresarial el conflicto indígena "se trata de una preocupación nacional, es un tema que abarca muchos tópicos sobre reconocimiento, seguridad ciudadana, certezas jurídicas de títulos y reivindicaciones". 

En tanto, el asesor de la Confederación en materias indígenas y ex ministro de Agricultura de Ricardo Lagos, Jaime Campos, señaló que "todas las instancias de diálogo que se puedan establecer naturalmente que son positivas".

Esto -explicó el abogado, quien también participó en el comité ejecutivo- porque "las definiciones que están por delante son mayores y deben ser fruto de muchos consensos y acuerdos, ya que son demasiados los intereses o factores que hay que considerar, por ende, todo lo que apunte a encontrar una visión común va en la dirección correcta".

Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Eugenio Jorquiera, afirmó que "las instancias de diálogo son positivas y conducentes a una solución. Claro que hay que tener en mente que no se trata de salidas drásticas ni inmediatas, ya que la mirada debe ser de mediano y largo plazo".

En tanto, otro integrante del comité ejecutivo sostuvo que "cualquier medida que se adopte requerirá de consensos y, en ese sentido, el empresariado debe asumir un rol importante".

Análisis del gobierno

Respecto del planteamiento ante el conflicto indígena realizado ayer por Viera-Gallo, un dirigente que participó en el encuentro de ayer señaló que "el ministro realizó un buen análisis. Quedó claro que el diagnóstico está afinado y con distintos énfasis los representantes de las rama señalaron que había que tomar más iniciativa desde el punto de vista del Ejecutivo".

Además, afirman, el secretario de Estado expuso un reciente estudio realizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP) sobre la cuestión mapuche y donde se plantea la importancia del diálogo.

Por su parte, Jaime Campos afirmó que la reunión con Viera-Gallo se dividió en dos partes. "En primer lugar, el ministro nos entregó una copia del reglamento para cumplir con el Convenio 169 de la OIT y, segundo, se realizó todo un análisis sobre la situación que todo el país está viviendo en relación con los pueblos originarios", afirmó.

En este sentido, el ex titular de Agricultura sostuvo que Viera-Gallo "enumeró una serie de medidas que el gobierno tiene pensado implementar para abordar estas materias".

A la salida del encuentro, Viera- Gallo dijo que las ramas de la CPC "plantearon sus impresiones, las que son muy distintas, porque mientras el sector minero está preocupado de los proyectos de inversión en el norte, donde hay en general ciertos tratos que las empresas mineras realizan con las comunidades aymaras, el sector agrícola está más preocupado de la realidad mapuche en el sur. Cada sector se preocupa de lo que es propio".

 

 

Primer fallo sobre el Convenio 169 de la OIT

La justicia ordenó a un empresario agrícola de la Araucanía abstenerse de realizar tala de árboles y arbustos nativos en las cercanías de tres manantiales en favor de una machi en Padre Las Casas. La decisión del Tribunal invocó por primera vez el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que comenzó a regir el 15 de septiembre en Chile. Según informó Radio Bio Bio, Francisca Linconao, machi de la comunidad Pedro Linconao del sector Rahue en la comuna de Padre Las Casas, interpuso el recurso de protección en contra del propietario del predio Palermo Chico, Alejandro Taladriz, indicando que se están extinguiendo los menoko o fuentes de agua y la totalidad de los remedios caseros. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco, acogió el recurso, tomando como base el significado de menoko como medicina antropológica para el mundo indígena, y por lo expuesto en el informe de la Dirección de Aguas de la Araucanía, que declara que en el lugar existen 3 manantiales, que según el informe de la Conadi, representan espacios culturales de carácter sagrado para la etnia mapuche.


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jueves, 17 de septiembre de 2009

Plena vigencia del Convenio 169 en Chile

Plena vigencia del Convenio 169 en Chile

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Por José Aylwin*

Tras diecisiete años de tramitación legislativa, y un año después del depósito de su ratificación, ha entrado en plena vigencia en el país el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la OIT.  Ello convierte a Chile en el vigésimo Estado que lo ratifica en el mundo y el decimotercero en América Latina.

El Convenio viene a establecer un nuevo escenario jurídico y político para las relaciones entre el Estado y los pueblos indígenas.  Ello en razón de que se reconoce a estos pueblos no solo su carácter de tales, sino que además un conjunto de derechos colectivos hasta ahora no considerados en el ordenamiento jurídico chileno.

Entre estos derechos destacan aquellos de carácter político, que incluyen la participación de estos pueblos, en la misma medida que otros sectores de la población, en instituciones electivas y en organismos administrativos responsables de políticas y programas que les conciernen (Art. 6.1 b); y el derecho a ser consultados, mediante procedimientos apropiados, a través de sus instituciones representativas, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento, ello cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarle (Art. 6.1 y 2).  También se incluyen derechos de autogestión y autonomía, entre éstos el derecho de decidir sus propias prioridades en materia de desarrollo (Art. 7.1); a conservar sus costumbres e instituciones propias (Art. 8.2), y a asumir el control en áreas tales como la salud, la educación y la  formación profesional. (Arts. 22, 23, 25 y 27).

Otro ámbito del reconocimiento es el relativo a las tierras y al territorio de los pueblos indígenas, entendiendo por territorio la totalidad de los elementos del hábitat de las regiones que estos pueblos ocupan o utilizan de alguna otra manera (Art.13.2).  Al respecto, el Convenio dispone que los pueblos indígenas tienen derecho de propiedad y posesión sobre las tierras que "tradicionalmente ocupan" (Art.14.1) y que los gobiernos deberán tomar medidas para determinar dichas tierras y garantizar su protección (Art.14.2); así como establecer "procedimientos adecuados" para solucionar las reivindicaciones de tierras (Art. 14.3).  Dicho reconocimiento también incluye los derechos que estos pueblos tienen sobre los recursos naturales, los que comprenden participar en su utilización, administración y conservación (Art. 15.1).  En el caso de los minerales o de los recursos del subsuelo existentes en sus tierras y territorios, los gobiernos deberán consultar a los pueblos interesados a fin de determinar si los intereses de esos pueblos serían perjudicados antes de autorizar su prospección o explotación.  Dispone además que los pueblos indígenas deberán participar en los beneficios de tales actividades, y percibir indemnización equitativa por el daño que puedan sufrir como consecuencia de ella (Art. 15.2).

Como todo tratado internacional, al ser ratificado, el Convenio 169 genera obligaciones tanto ante el órgano del que emana, la OIT, como internas al Estado.  En virtud de la Convención de Viena sobre derecho de los tratados (1969), ratificada por Chile, este Convenio deberá ser cumplido de buena fe por el Estado (artículo 26), no pudiendo invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para su incumplimiento (artículo 27).

El Estado de Chile se obliga además ante la OIT a enviar su primera memoria sobre la aplicación del Convenio el 15 de Septiembre de 2010.  Ello supone que para entonces deberá adecuarse la legislación interna a las disposiciones del mismo. Luego de ello deberá informar de los avances en su implementación cada cinco años, a través de memorias que serán analizadas por las instancias pertinentes de la OIT.  Las partes de la OIT, esto es trabajadores, empleadores y Estados, pueden además presentar reclamaciones y/o quejas ante esta entidad para alegar el incumplimiento de sus disposiciones.

Como tratado internacional de derechos humanos, el Convenio 169 se integra al ordenamiento jurídico interno.  Cabe recordar que, de acuerdo al artículo 5 inciso 2do de la Constitución Política, es deber de los órganos del Estado respetar y promover los Derechos Humanos garantizados por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.  Por lo mismo, cabe sostener, como lo ha hecho mayoritariamente la jurisprudencia, la doctrina y el propio gobierno en su informe enviado este año al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que los derechos establecidos en este instrumento en favor de los pueblos indígenas se integran al ordenamiento jurídico con rango constitucional.  Ello a pesar de que el Tribunal Constitucional, si bien reconoce la constitucionalidad de sus disposiciones, estableció que varias de ellas, como las referidas a la participación en los planes y programas susceptibles de afectar a estos pueblos, y a los derechos sobre los recursos naturales que se encuentren en sus tierras y territorios, son programáticas y no autoejecutables, y requieren de reforma legal para su plena efectividad.

Igualmente, el Convenio deberá orientar la política pública en relación a los pueblos indígenas.  Al respecto cabe señalar que si bien la Presidenta Bachelet  dictó en junio de 2008 un instructivo presidencial relativo a la aplicación de sus disposiciones en materia de derecho a la consulta por los órganos del Estado, muchas de las políticas públicas que siguieron siendo impulsadas por éstos en relación a los pueblos indígenas, en particular aquellas relativas a proyectos de inversión en sus tierras y territorios, no contaron con procedimientos adecuados para estos efectos, ni se orientaron al logro de acuerdos como lo estipula el Convenio 169.  Cabe constatar con preocupación, además, que el reglamento provisorio de consulta de actos administrativos anunciado por el Ministro Viera Gallo, no solo tiene falencias en cuanto a su ámbito de aplicación -al dejar fuera iniciativas de privados que afectan a los pueblos indígenas-, sino que el mismo debió haber sido sometido previamente al proceso de la consulta para ser coherente con el Convenio.

En materia legislativa, y aún cuando el Convenio tenga rango constitucional como lo reconoce el propio gobierno, sería deseable que el Congreso introduzca a la brevedad reformas a la legislación incompatible con sus disposiciones, en particular aquella referida a los derechos sobre recursos naturales como el agua, los recursos minerales y los recursos geotérmicos, entre otros, recursos que en un contexto de globalización económica, han sido apropiados por corporaciones, afectando las culturas y el desarrollo de los pueblos indígenas.  También sería de gran relevancia que la ley ambiental, cuya reforma está actualmente en discusión  por el Congreso, sea modificada para establecer procedimientos de participación y consulta efectiva de los pueblos indígenas en los procesos de evaluación de impacto ambiental.

Las posibilidades que el Convenio 169 abre para la convivencia interétnica en Chile son enormes.  La experiencia de su aplicación en otros países ha demostrado que éste, lejos de generar fragmentación y conflictividad, ha facilitado nuevas formas de convivencia y relación, basadas en el reconocimiento de estos pueblos y de sus derechos.  Así, en América Latina ha inspirado reformas constitucionales que no solo han posibilitado el reconocimiento de la multiculturalidad, interculturalidad y/o plurinacionalidad existente al interior de los Estados, sino también el ejercicio creciente por parte de estos pueblos de derechos de participación política, de control de su propio desarrollo, y de fortalecimiento de sus culturas hasta hace poco negadas.  Sus disposiciones han sido a su vez acogidas e interpretadas por las instancias de justicia, incluyendo tribunales o cortes constitucionales, defensorías del pueblo u ombudsman, frente a las reclamaciones de los pueblos indígenas, haciendo posible que estos pueblos tengan niveles crecientes de autonomía política y cultural, así como mejores condiciones de vida.  También a nivel americano, el Convenio ha orientado en los últimos años las decisiones de la Comisión y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativas a pueblos indígenas.  Así, en sus fallos recaídos en casos que conciernen a estos pueblos, la Comisión y la Corte han interpretado las normas de los tratados de Derechos Humanos existentes en el ámbito Interamericano a la luz del Convenio 169 de la OIT.  Tal interpretación evolutiva ha permitido que a los pueblos indígenas en la región se les haya reconocido y garantizado entre otros derechos colectivos, el de propiedad ancestral de sus tierras y recursos naturales, el derecho a participación política, y el derecho al acceso a la justicia.

Esperamos que los órganos del Estado, y que la sociedad chilena en su conjunto,  asuman los desafíos que este Convenio plantea.  Ello contribuirá no solo a abordar y superar los conflictos que hoy proliferan en los territorios indígenas como consecuencia de la exclusión política y económica a la que siguen sometidos los pueblos indígenas en el país, sino también a hacer posible que el Chile del Bicentenario ponga fin para siempre a la ficción del "estado nación", y de  acogida a la diversidad y riqueza étnica y cultural que representan los pueblos indígenas.

*José Aylwin es Co Director, Observatorio Ciudadano, www.observatorio.cl

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Fuente ELMOSTRADOR.CL
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SANCIONAN A FUNCIONARIOS DE CONADI POR IRREGULARIDADES

Subsidios para compra de tierras
Conadi: sancionan a cuatro funcionarios por irregularidades
Sin cumplir requisitos, por la vía de casos especiales, se entregaron $2.400 millones a 75 personas y a seis comunidades. Sumario de Mideplan determinó despido del director del Fondo de Tierras, amonestación al director de Conadi, suspensión al fiscal y descuento salarial a un abogado.  

 

Presidente del agro retenido 4 horas en fundo de Araucanía

IMPACTO DE LAS MEDIDAS C 7

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miércoles, 16 de septiembre de 2009

Conflicto mapuche: La pesada "herencia" que dejará Bachelet al nuevo Presidente
Miércoles 16 de Septiembre de 2009
Fuente :José Pedro de la Carrera
¿Reformar institucionalidad indígena? ... Sólo si hay posibilidades de acuerdo legislativo rápido. Futuro gobierno encontrará sobre el escritorio demandas de 308 comunidades; seis sectores conflictivos con "casos especiales" y un dilema en Tirúa y Cañete.
Cuando sólo quedan seis meses para que se termine el gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet, desde La Moneda definen la agenda realizable en materia indígena en este plazo y la que sencillamente será la "herencia" que dejará la actual administración al próximo gobierno.

La semana pasada de hecho, el "ministro coordinador", José Antonio Viera-Gallo, reestructuró la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y anunció que trabajan con Hacienda en cambiar el procedimiento de compra de tierras —vía reglamento— para cumplir el compromiso de resolver demandas de terreno de 115 comunidades. En tanto, el envío de un proyecto legal para incorporar cupos especiales para indígenas se enviaría en las postrimerías del Gobierno.

¿Cuáles serán los pendientes?
¿Una nueva institucionalidad?
Pero además de estos temas, se trabaja en definir una nueva institucionalidad para el tema indígena (¿subsecretaría?, ¿eliminar la figura de consejeros?). Fuentes que participan en el comité especial que analiza el tema desde La Moneda sostienen que embarcarse en una reforma de por sí conflictiva requeriría cierto acuerdo político.

"Lo ideal sería dejar el instrumental institucional listo para el próximo gobierno, más allá de cuáles sean sus políticas", sostiene una alta fuente de La Moneda.

En esa línea, el mismo Viera-Gallo en sus viajes al sur sondeó a las directivas de la oposición en la IX Región sobre el tema —la recepción habría sido positiva—, aunque sus cercanos reconocen que aún no inicia tal tarea con los principales rostros de la Alianza.
Quienes sostienen esta tesis, por tanto, esperarían ver primero cuánta "agua hay en la piscina" para una reforma de este tipo, pues de otro modo sencillamente podrían dejarla como una tarea que consuma fácilmente los primeros dos años del próximo gobierno.

La lista de espera
Pero más allá de este tema institucional, un pendiente concreto que encontrará la nueva administración será la demanda de tierras de 308 comunidades que figuran en los catastros de Conadi. Hasta ahora se ha revisado la situación de 208 grupos (es decir, falta aún tramitar inicialmente las 100 restantes).

De éstos, sólo 92 pasaron la primera etapa —son susceptibles de postular al subsidio de tierras—, 46 no la aprobaron y 70 se archivaron por no presentar todos los papeles requeridos.

Los cambios que se evalúan en los procedimientos de compra de tierras podrían acelerar las postulaciones (ver recuadro), pero en este Gobierno —ya está claro— no hay fondos para satisfacer estas expectativas.

"Casos especiales" en la zona más conflictiva
Otra de las herencias que dejaría el actual Gobierno son los llamados "casos especiales": comunidades que no estarían dentro de las 308, pero que tienen demandas de tierras aún no canalizadas... con el agravante de que son parte de las más conflictivas de Malleco. En el mapa adjunto, se señalizan con rojo.

Se ubican en 6 sectores distintos de esta provincia: entre ellas la Temucuicui (la que permanentemente se "toma" los fundos del agricultor René Urban) y la Requen Pillán (a la cual pertenecía Jaime Mendoza Collío, el comunero mapuche muerto en agosto).

Comunidades sin títulos en Cañete y Tirúa
Hasta ahora se han regularizado 650 mil hectáreas para los pueblos indígenas en todo el país y de ese total, 300 mil fueron sólo en la Araucanía.

Y aunque no hay cálculos precisos, para el Gobierno el horizonte que queda pendiente de regularización debería abarcar las 150 mil hectáreas.

El problema es que esta última cifra es sólo pensando en las comunidades que poseen el título de dominio de alguna tierra; sin embargo, hay zonas enteras en Cañete y Tirúa, en la Octava Región, donde las comunidades no tienen dichos títulos.

¿Qué hacer en ese caso? Otro dilema que se postergaría, lo que no es nada menor considerando que justamente en esta zona nació la Coordinadora Arauco Malleco —la misma que pregona la violencia para alcanzar sus reivindicaciones, que incluyen la "autonomía"—; se atacó a un fiscal que investiga el conflicto en la Araucanía, y son cada vez más habituales los ataques a casas de veraneo en la zona de Lleu-Lleu.
Fuente
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convenio 169 derechos de pueblos indígenas

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Convenio 169 genera otro requisito para la inversión

Un artículo especial para los proyectos de inversión en territorios indígenas contiene el Reglamento Transitorio que aplicará el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios que busca generar normas de protección para dichas comunidades. 

La normativa que comenzó a regir ayer, según explicó el ministro coordinador para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera- Gallo,  obliga a que todas las medidas que adopten los órganos del Estado y que afectan a los pueblos originarios cuenten con su participación, incluidas las nuevas inversiones.


De hecho, el artículo 5 del Reglamento Transitorio señala que las inversiones "en las tierras indígenas o áreas de desarrollo indígena establecidas en la ley Nº 19.253 serán sometidas a los procedimientos de consulta y participación que se contemplan en las respectivas normativas sectoriales". 

El titular de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo dijo que el "artículo especial" establece que "los proyectos de inversión en propiedad indígena tienen que ser sometidos a consulta según la norma legal correspondiente. Si esa norma fuera, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental se someterá entonces a la consulta correspondiente". 

Añadió que "el reglamento establece la forma de consulta. Es decir, siempre habrá consulta o se hace por la ley respectiva o se hace por el reglamento".

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martes, 15 de septiembre de 2009

CORDERO: “PIÑERA MANEJARÍA MEJOR EL TEMA MAPUCHE”

general CORDERO: "PIÑERA MANEJARÍA MEJOR EL TEMA MAPUCHE"

Categoría: Centro de Prensa

cordero

"Piñera manejaría mejor el tema mapuche"

Fernando Cordero, Ex Director de Carabineros

Fernando Cordero Rusque, general en retiro de Carabineros, ex director general de la institución durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y ex senador institucional, se ha caracterizado por la defensa de los derechos de los miembros de la policía uniformada.

Incluso ahora -alejado de la vida pública- ha organizado el cuerpo de Generales en Retiro de Carabineros, razón por la que estuvo en Concepción.

Fuera de la política contingente, pero con la misma fuerza que se le conoció cuando fue senador, se refirió a todos los temas, con una clara y firme postura sobre el conflicto indígena y la responsabilidad que en este tema le cabe a los políticos y al gobierno.

¿Cree que en el conflicto indígena, Carabineros está pagando los platos rotos de un tema que es político?

El conflicto mapuche tiene dos vertientes y que muchas veces la gente confunde. Una cosa es el conflicto propiamente tal y otra es el uso de la violencia. En lo personal, soy respetuoso de la nación mapuche, y soy contrario a la violencia y me molesta cuando no se dice la verdad…

¿Y qué verdad no se está diciendo?

Hay varias. La prensa, por ejemplo, un mismo día trata de delincuentes a unos jóvenes que asaltaron una casa y al joven mapuche lo trata de comunero y no de delincuente…

¿Estamos hablando del caso Mendoza Collío?

Así es. Y él cometió varios delitos, como maltrato de obra a Carabinetos, usurpación de terreno, que es gravísimo. Y por otro lado, el carabinero estaba actuando por una orden de Fiscalía, y no tengo duda que actuó en legítima defensa, pero se entrega información que condiciona a la gente.

General, ¿usted cree que hay terrorismo en las comunidades mapuches?

No sé si en las comunidades, pero lo que he visto sí, como es la quema de camiones, eso es terrorismo.

¿Ha sido débil el gobierno?

Creo que sí. El gobierno debería aplicar la Ley Antiterrorista cuando debe hacerlo. Las escopetas que usan son armas de fuego, las bombas molotov también.

¿Tiene la convicción que quienes disparan son mapuches?

No, pero a los que han detenido sí lo son. Ahora no me cabe duda que debe haber elementos que vienen de afuera, hay grupos que les conviene levantar la causa mapuche.

¿Quién cree que puede manjar mejor el conflicto mapuche, Sebastián Piñera o Eduardo Frei?

Sebastián Piñera; el manejaría mejor el tema mapuche.

¿Por qué?

Porque creo que sí. Los conozco a los dos. Conozco bien a Piñera, es un hombre muy inteligente y tendrá que enfrentar muchos problemas, pero creo que tiene la capacidad de escuchar.

En la parte operativa, ¿no sería más compleja la actuación de Carabineros en un gobierno de derecha?

Primero, no me gusta hablar de derecha, prefiero un gobierno de la Alianza, pero sí será complejo, porque habrá gente interesada en crear problemas.

¿Muchos de los dirigentes mapuches son afines a la Concertación?

Y hay muchos afines a la Alianza. Para resolver el conflicto primero tenemos que decir la verdad y segundo al pueblo mapuche no se le debe mirar de manera diferente; ellos son chilenos.

Usted hablo al principio de nación mapuche

Sí, de nación y no de pueblo, la nación tiene costumbres y tradiciones y no territorio, y en Chile todos somos chilenos y debemos guiarnos por la Constitución y las leyes, y no estoy por la división del país como quiere Aucán Huilcaman, de Bío Bío al sur.

(Fuente: Diario El Sur de Concepción, 13 Septiembre 2009)

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