INDIGENA-CHILE: 7 ene 2011

viernes, 7 de enero de 2011

INDIGENA-CHILE: Amplio respaldo a proyecto que permite a comunidades agrícolas constituir derecho de aprovechamiento de aguas

CHILECRECE

Amplio respaldo a proyecto que permite a comunidades agrícolas constituir derecho de aprovechamiento de aguas

Con 19 votos a favor y 1 abstención del senador Baldo Prokurica, la Sala del Senado aprobó el proyecto que modifica la ley en materia de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas a objeto de slavar una omisión que excluyó a las comunidades agrícolas.

Ahora, corresponde que la iniciativa sea analizada por la Cámara de Diputados en su tercer trámite, antes de ser remitida al Presidente de la República para su firma y promulgación como ley.

Durante el debate intervinieron los senadores Alberto Espina, Evelyn Matthei, Jorge Pizarro, Hosaín Sabag, Jaime Quintana, Alejandro Navarro, Mariano Ruiz-Esquide y Ximena Rincón.

El senador Espina, en su calidad de presidente de la Comisión de Agricultura, explicó que el proyecto busca incorporar a las comunidades agrícolas dentro de aquellas personas y organizaciones que están exceptuadas de la prohibición de constituir derechos de aprovechamiento de aguas en determinadas zonas del país. Asimismo, reconoce validez a los derechos de aprovechamiento de agua constituidos a favor de comunidades agrícolas entre el 29 de diciembre del 2009 y la entrada en vigencia de esta ley.

El legislador manifestó que con esta iniciativa se salva una omisión cometida en la ley vigente, lo que permitirá solucionar los graves problemas de aguas que afectan a diferentes zonas del país, particularmente en la Tercera y Cuarta Regiones.

La senadora Matthei, en tanto, señaló que en la Cuarta región se vive un gran drama, porque se han otorgado más derechos de agua que el agua que realmente existe, como en el caso de Punitaqui donde el sobre otorgamiento excede del 15 mil por ciento. Agregó que hay mucha gente de escasos recursos que obtenía su agua para bebida de pequeños pozos que nunca inscribieron por falta de información, asunto que podrán remediar con esta iniciativa.

A su turno, el senador Pizarro explicó que este proyecto busca tratar de reconocer el derecho que le permita a las comunidades agrícolas de exigir y disponer de algunos derechos de agua para la bebida o explotación de sus terrenos. Agregó que se busca que esas comunidades tengan el derecho de inscribir los pozos, las vertientes o los caudales mínimos que tienen en su zona para que se les reconozca que tengan la posibilidad de acceder a sus derechos de agua.

El senador Sabag dijo que el proyecto necesario para apoyar a las pequeñas comunidades agrícolas que fueron excluidas por omisión, por lo que respaldará esta iniciativa a favor de los pequeños agricultores.

El senador Quintana manifestó que espera que con este proyecto se solucione el problema a las comunidades que se vieron excluidas de la ley por un acto de omisión.

Por su parte, el senador Navarro manifestó su preocupación por la situación que enfrenta el recurso hídrico, argumentando que al entregarse más derechos de agua se puede agravar la sobre explotación del recurso. Dijo que si bien respaldará esta iniciativa para solucionar un problema, hay que hacerse cargo del tema de la falta de recursos hídricos.

El senador Ruiz-Esquide manifestó que hay un tema coyuntural que debe ser resuelto, pero que debe ser entendido en el contexto de lo que pasa en todo el país en materia de escasez de agua. Señaló que se deben generar las condiciones que garanticen que el agua pueda ser manejada por las autoridades en momentos cruciales.

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Rodrigo González Fernández
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INDIGENA-CHILE Comisión investigadora apunta a rol de Viera-Gallo por violencia en La Araucanía

Comisión investigadora apunta a rol de Viera-Gallo por violencia en La Araucanía

DAVID MUÑOZ EMOL

Con el respaldo de cinco diputados de la Alianza y el solitario voto en contra del PPD Joaquín Tuma, la comisión investigadora de la Cámara que investigó irregularidades en el programa Orígenes de la Conadi, aprobó la tarde del miércoles las conclusiones de su informe final, en el que apunta sus principales dardos en contra el ex ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo.

El documento, que ahora deberá ser votado en la sala, establece que se cometieron una serie de irregularidades en la aplicación de los programas de la entidad vinculados a la compra y entrega de tierras a comunidades indígenas, tales como Orígenes y el Fondo de Tierras y Aguas.

Junto con enjuiciar el manejo de las ex autoridades de la entidad, en su mayoría por "anomalías en la administración de los recursos públicos", la comisión investigadora aprovechó de formular "cuestionamientos políticos" a quien, durante la última etapa de la administración Bachelet, fue el principal responsable de la política indígena: el ex ministro de la Segpres.

El principal reproche de los diputados es que, según la investigación, el ex secretario de Estado actuó con "irresponsabilidad", generando falsas expectativas a comunidades mapuches respecto de la compra de tierras. A renglón seguido, señalan que esta situación "es una de las causales que ha aumentado la violencia en la Araucanía durante el año 2010".

En este sentido se cuestiona a Viera-Gallo por firmar, entre noviembre de 2009 y enero de 2010, convenios para entrega de tierras con 82 comunidades, sin consultar a los propietarios, y además, con comunidades que contaban entre sus filas a varios comuneros imputados por hechos de violencia en la Araucanía, en contra de quienes el propio Gobierno había invocado la Ley Antiterrorista.

"La comisión concluyó que se crearon expectativas en ciertas comunidades conflictivas, las que con el compromiso de un ministro de Estado, se tomaron terrenos y fundos, sin la consulta a los propietarios. Y hablo de la comunidad Temucuicui y el fundo La Romana, uno de los puntos de mayor conflicto", dijo ayer el presidente de la instancia, José Manuel Edwards (RN).

Ayer "El Mercurio" contactó al ex ministro Viera-Gallo, quien rechazó las acusaciones, atribuyéndolas a "motivaciones políticas y sin sustento".

"El conflicto en la Araucanía tiene raíces tan profundas e históricas, que si dependiera de la actuación de una sola persona, sería simplifcar demasiado las cosas", dijo el actual integrante del Tribunal Constitucional.

El ex secretario de Estado explicó que los beneficios se concretaron de acuerdo al compromiso de la ex Mandataria de entregar tierras a 120 familias mapuches de la región de la Araucanía, lo que motivó incluso a acelerar este proceso durante los últimos meses de su mandato.

En este contexto, señaló que no se beneficiaba a personas involucradas en hechos de violencia, ni formalizadas por la Ley Antiterrorista, sino que a sus comunidades.

El informe de la comisión fue aprobado con los votos de los diputados Edwards, René Manuel García (RN), Gonzalo Arenas (UDI), Iván Norambuena (UDI), y Gastón von Muhlembrock (UDI).

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EL ENGAÑO DEL GOBIERNO DE BACHELET A LOS INDIGENAS

GOBIERNO DE BACHELET ENGAÑÓ A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE CHILE

Los problemas indígenas en el sur se inician a partir de un engaño a las comunidades por parte del gobierno de Bachelet en que el ex Ministro Viera Gallo y Pérez les asistió gran responsabilidad.

En efecto, se evacuó por parte del comisionado Presidencial Don Rodrigo Egaña un trabajo denominado "Documento de discusión, Propuesta preliminar sobre principios normativos, distinciones conceptuales y metodológicas, y lineamientos generales para el diseño y la implementación del Código de conducta responsable para inversiones en tierras y áreas de desarrollo indígena( Abril de 2009) .No discuto el contenido del mismo, puede ser bueno o malo, pero había que discutirlo toda vez que se presentó a todos.

Pues bien, este documento se distribuyó a las comunidades y sociedad en general para su discusión, aportes, análisis. Se trataba de un documento de consulta, de insumo al proceso que se había anunciado a las comunidades indígenas.

Pero el gobierno al poco andar , intempestivamente, IRRESPONSABLEMENTE ,retira toda discusión del documento, se termina el dialogo y discusión y de esto nunca más se supo.

Obviamente, las comunidades se sintieron engañadas e iniciaron protestas.

En consecuencia, es responsabilidad del Ministro , de los Ministros que tomaron la determinación de retirar el trabajo del comisionado.

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Fuente:RG
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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