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miércoles, 16 de septiembre de 2009

Conflicto mapuche: La pesada "herencia" que dejará Bachelet al nuevo Presidente
Miércoles 16 de Septiembre de 2009
Fuente :José Pedro de la Carrera
¿Reformar institucionalidad indígena? ... Sólo si hay posibilidades de acuerdo legislativo rápido. Futuro gobierno encontrará sobre el escritorio demandas de 308 comunidades; seis sectores conflictivos con "casos especiales" y un dilema en Tirúa y Cañete.
Cuando sólo quedan seis meses para que se termine el gobierno de la Presidenta, Michelle Bachelet, desde La Moneda definen la agenda realizable en materia indígena en este plazo y la que sencillamente será la "herencia" que dejará la actual administración al próximo gobierno.

La semana pasada de hecho, el "ministro coordinador", José Antonio Viera-Gallo, reestructuró la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) y anunció que trabajan con Hacienda en cambiar el procedimiento de compra de tierras —vía reglamento— para cumplir el compromiso de resolver demandas de terreno de 115 comunidades. En tanto, el envío de un proyecto legal para incorporar cupos especiales para indígenas se enviaría en las postrimerías del Gobierno.

¿Cuáles serán los pendientes?
¿Una nueva institucionalidad?
Pero además de estos temas, se trabaja en definir una nueva institucionalidad para el tema indígena (¿subsecretaría?, ¿eliminar la figura de consejeros?). Fuentes que participan en el comité especial que analiza el tema desde La Moneda sostienen que embarcarse en una reforma de por sí conflictiva requeriría cierto acuerdo político.

"Lo ideal sería dejar el instrumental institucional listo para el próximo gobierno, más allá de cuáles sean sus políticas", sostiene una alta fuente de La Moneda.

En esa línea, el mismo Viera-Gallo en sus viajes al sur sondeó a las directivas de la oposición en la IX Región sobre el tema —la recepción habría sido positiva—, aunque sus cercanos reconocen que aún no inicia tal tarea con los principales rostros de la Alianza.
Quienes sostienen esta tesis, por tanto, esperarían ver primero cuánta "agua hay en la piscina" para una reforma de este tipo, pues de otro modo sencillamente podrían dejarla como una tarea que consuma fácilmente los primeros dos años del próximo gobierno.

La lista de espera
Pero más allá de este tema institucional, un pendiente concreto que encontrará la nueva administración será la demanda de tierras de 308 comunidades que figuran en los catastros de Conadi. Hasta ahora se ha revisado la situación de 208 grupos (es decir, falta aún tramitar inicialmente las 100 restantes).

De éstos, sólo 92 pasaron la primera etapa —son susceptibles de postular al subsidio de tierras—, 46 no la aprobaron y 70 se archivaron por no presentar todos los papeles requeridos.

Los cambios que se evalúan en los procedimientos de compra de tierras podrían acelerar las postulaciones (ver recuadro), pero en este Gobierno —ya está claro— no hay fondos para satisfacer estas expectativas.

"Casos especiales" en la zona más conflictiva
Otra de las herencias que dejaría el actual Gobierno son los llamados "casos especiales": comunidades que no estarían dentro de las 308, pero que tienen demandas de tierras aún no canalizadas... con el agravante de que son parte de las más conflictivas de Malleco. En el mapa adjunto, se señalizan con rojo.

Se ubican en 6 sectores distintos de esta provincia: entre ellas la Temucuicui (la que permanentemente se "toma" los fundos del agricultor René Urban) y la Requen Pillán (a la cual pertenecía Jaime Mendoza Collío, el comunero mapuche muerto en agosto).

Comunidades sin títulos en Cañete y Tirúa
Hasta ahora se han regularizado 650 mil hectáreas para los pueblos indígenas en todo el país y de ese total, 300 mil fueron sólo en la Araucanía.

Y aunque no hay cálculos precisos, para el Gobierno el horizonte que queda pendiente de regularización debería abarcar las 150 mil hectáreas.

El problema es que esta última cifra es sólo pensando en las comunidades que poseen el título de dominio de alguna tierra; sin embargo, hay zonas enteras en Cañete y Tirúa, en la Octava Región, donde las comunidades no tienen dichos títulos.

¿Qué hacer en ese caso? Otro dilema que se postergaría, lo que no es nada menor considerando que justamente en esta zona nació la Coordinadora Arauco Malleco —la misma que pregona la violencia para alcanzar sus reivindicaciones, que incluyen la "autonomía"—; se atacó a un fiscal que investiga el conflicto en la Araucanía, y son cada vez más habituales los ataques a casas de veraneo en la zona de Lleu-Lleu.
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Convenio 169 genera otro requisito para la inversión

Un artículo especial para los proyectos de inversión en territorios indígenas contiene el Reglamento Transitorio que aplicará el Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios que busca generar normas de protección para dichas comunidades. 

La normativa que comenzó a regir ayer, según explicó el ministro coordinador para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera- Gallo,  obliga a que todas las medidas que adopten los órganos del Estado y que afectan a los pueblos originarios cuenten con su participación, incluidas las nuevas inversiones.


De hecho, el artículo 5 del Reglamento Transitorio señala que las inversiones "en las tierras indígenas o áreas de desarrollo indígena establecidas en la ley Nº 19.253 serán sometidas a los procedimientos de consulta y participación que se contemplan en las respectivas normativas sectoriales". 

El titular de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo dijo que el "artículo especial" establece que "los proyectos de inversión en propiedad indígena tienen que ser sometidos a consulta según la norma legal correspondiente. Si esa norma fuera, por ejemplo, un estudio de impacto ambiental se someterá entonces a la consulta correspondiente". 

Añadió que "el reglamento establece la forma de consulta. Es decir, siempre habrá consulta o se hace por la ley respectiva o se hace por el reglamento".

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