Mapuches radicalizan sus protestas por reclamos de tierra en el sur de Argentina
Luis Moreiro
La Nación
El conflicto indígena en Argentina, entre mapuches y privados por el reclamo de tierras, se ha agudizado en el último tiempo, mientras el Estado navega en un mar de indefiniciones que no aporta soluciones y suma confusión.
Propietarios y mapuches esperan que el gobierno haga realidad la promesa de cumplir con lo que establece la Ley 26.160, de relevamiento territorial. La norma fue votada en 1996 y establece que un estudio de los títulos de propiedad de todos los territorios, en el caso de la provincia de Neuquén, debe estar concluido en 2010. El cumplimiento de esta legislación permitiría terminar con las controversias sobre titularidad de las tierras. Hasta ahora, no se ha dado ningún paso para hacer cumplir la ley.
Hay aquí historias de campos tomados, de lujosos hoteles cerrados por la amenaza de los indígenas, de escuelas católicas recuperadas para la causa mapuche y de capillas que no se inauguraron por haber quedado en medio de territorios insólitamente en pugna.
"Reclamamos del Estado un reconocimiento territorial en el que podamos tener control, uso y administración de nuestros recursos naturales", dice Jorge Nahuel, ideólogo de la Confederación Mapuche. Sobrevuela sobre esa definición el temor de un reclamo territorial que vaya más allá. No son pocos los que detrás de ese reconocimiento histórico ven una trasnochada intención de restablecer la Araucanía o patria mapuche.
"Son activistas que cuentan con apoyo de las FARC y relaciones con Batasuna, el brazo político de la ETA", denuncia Carlos "Nuno" Sapag, productor neuquino y hermano de Jorge, el gobernador de la provincia.
Nahuel desmiente a Sapag, sin nombrarlo. "Son dichos trasnochados de alguien que se pasó de la raya con el alcohol".
Los viejos jefes de las comunidades Currumil y Aigo, con notable ascendencia en la zona, toman distancia de los jóvenes caciques que los desplazaron de la conducción: "Arrastran a los jóvenes a una lucha sin sentido. Nosotros queremos la paz. Hoy los mapuches ocupan tierras que nunca fueron nuestras", manifiestan.
Resulta imposible determinar la cantidad de hectáreas reclamadas por los mapuches como propias. Hablan ellos, en forma genérica, del reconocimiento de un "Estado mapuche" y del territorio de la Araucanía, antigua dominación de los tehuelches y los araucanos que incluye territorios argentinos y chilenos, de costa a costa, entre los ríos Colorado y Biobío.
Un estudio de la Sociedad Rural de Neuquén indica que hay no menos de 57 campos usurpados por los mapuches. En los juzgados de Zapala, San Martín de los Andes, Cutral-Có y Villa La Angostura se sustancian alrededor de 36 causas penales y civiles por usurpación, según revela Juan Manuel Salgado, director del recientemente creado Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas, con sede en Neuquén, y que avala una denuncia presentada ante el relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas.
"Las causas contra los mapuches en la justicia neuquina avanzan a paso veloz, pero no ocurre lo mismo con las denuncias judiciales que hacen los mapuches", sintetiza Salgado.
La llamada Confederación Mapuche, que dice representar los intereses de 40 mil mapuches que viven en zonas rurales y otros 80 mil habitantes de ciudades, argumenta ser la continuación de la Confederación Indígena Neuquina, única entidad de ese tipo que tiene personería jurídica.
Influencia de izquierda
Los detractores de la Confederación Mapuche -que no son pocos- acusan a la dirigencia de este organismo de estar infiltrada por activistas de izquierda que pretenden escindir el territorio de la Argentina.
También los acusan de malversación de fondos. La Confederación Mapuche recibió un préstamo de seis millones de dólares del Banco Mundial (BM), destinado a mejorar las condiciones de vida y solventar emprendimientos productivos. Hubo dudas acerca del manejo de esos fondos, y Jorge Nahuel tuvo que responder ante la Justicia Federal en una causa en la que se lo acusaba de "delitos de acción pública".
Fuente
Saludos
Rodrigo González Fernández
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