El Presidente Piñera ha anunciado la reformulación del Plan Araucanía, con un costo estimado de 350 millones de dólares. Entre otros, se prevé una nueva institucionalidad en esta área, con la creación de un Consejo Ministerial para Asuntos Indígenas, que definirá las políticas que ejecutará una Agencia de Desarrollo Indígena (se reformulará la Conadi), y la asignación de urgencia a la reforma constitucional que reconoce a los pueblos originarios. Esta nueva política indígena debe orientarse a preservar su cultura y resaltar su dignidad e historia, pero, además, poner a su alcance las herramientas tecnológicas y de desarrollo para integrarse a las modalidades de vida del siglo XXI sin grandes diferencias con el resto de la población. Se busca combinar desarrollo -entre otros, 300 kilómetros de caminos para comunidades mapuches, fomento especial a programas de agricultura, forestales, de turismo y de biocombustibles- e integración, que coexistan con la dignidad de la cultura e identidad de los pueblos originarios. Eso requiere diálogo, paciencia y creatividad, pero también autoridad de allí la referencia presidencial a la restitución del Estado de Derecho.
Es encomiable este cambio de enfoque, que denota una preocupación real del nuevo gobierno por el tema mapuche. Sin embargo, no está conjurado aún el peligro de la violencia. Tras un período de relativa calma, nuevamente grupos mapuches se tomaron caminos y fundos en La Araucanía, para exigir al Gobierno que satisfaga sus demandas por tierras y para atraer la atención hacia los planteamientos reivindicativos de algunas comunidades. Aunque la autoridad restableció el orden con cierta rapidez, el que se siga atropellando el ordenamiento legal es inquietante. Hasta ahora, no se ha logrado conducir ese conflicto por el camino institucional y de derecho.
La entrega de tierras a las comunidades mapuches no fue una política exitosa, pues con el paso de los años ellas deben ser compartidas por un número cada vez mayor de personas, por el crecimiento de las familias que componen la comunidad; más temprano que tarde, eso transforma a la solución en un problema. Además, las tierras entregadas casi nunca son muy productivas, por lo que no constituyen una fuente de ingresos relevante para los grupos que las reciben, perpetuando su pobreza y exacerbando su radicalización. La ausencia de un activo mercado de tierras estimula una inflación de precios que el Estado paga por los pocos predios ofrecidos, e incentiva la creación artificial de conflictos por algunos dueños de predios para venderlos caros al fisco, desvirtuando así todo el sistema.
Mantener a esas comunidades en tierras pobres, con tecnologías anacrónicas y una pobreza creciente que las aísla del desarrollo del resto del país y les impide el avance que logra la ciudadanía es injusto y denigrante, y las amarra a un nivel de vida crecientemente inaceptable
Saludos,
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