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jueves, 25 de septiembre de 2014

Resolución Asamblea General ONU, adoptada en la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas #WCIP2014

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onuPublicamos el texto de la resolución APROBADA por consenso por  la Conferencia Mundial sobre Pueblos Indígenas (CMPI) de Naciones Unidas, el 22  de septiembre de 2014.
El proyecto de resolución fue presentado por el Presidente de la Asamblea General ONu, con fecha 15 de septiembre. Con anterioridad se conocieron 4 documentos preliminares: "borrador cero", borradores 1, 2 y 3. La actual es la versión final del proyecto de resolución, y que fue aprobado por la Asamblea General por consenso el día 22 de septiembre de 2014. 
Nomenclatura. El Proyecto resolución es documento "A/69/L.1". Tras la aprobación ahora es Resolución de la Asamblea General, documento "A/RES/69/2".
El nombre oficial de la Conferencia es: "Reunión plenaria de alto nivel del sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General".
El texto de la Resolución aprobada recoge consensos acordados entre estados, en diálogos previos a la Conferencia, en donde también intervinieron representantes de pueblos indígenas.
Los puntos claves son: reafirmar el compromiso con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, como normas mínimas; no aceptar ningún retroceso; adoptar compromisos para el cumplimiento de la Declaración en cada país, mediante Planes nacionales de implementación de la Declaración y mediante la rendición de cuentas del cumplimiento de la Declaración por parte de los Estados ante los distintos órganos de derechos humanos; la inclusión de los pueblos indígenas y sus derechos en la Agenda mundial de Desarrollo Post 2015. Y se reafirma el consentimiento previo de los pueblos indígenas, y sus derechos territoriales.
El desafío de los pueblos indígenas en cada país es exigir a los Gobiernos el respaldo y reforzamiento de esta Resolución, y el envío de delegaciones estatales de alto nivel, encabezadas por Jefes de Estado y Cancilleres a la Conferencia Mundial, para adoptar una firme Resolución, junto a delegaciones representativas de los pueblos indígenas. 
La Conferencia Mundial y sus resoluciones fijarán una agenda global. El desafío tras la Conferencia, es exigir y velar por el cumplimiento de la resolución en cada país, y en el sistema de Naciones Unidas.

ONU
 
 
Naciones Unidas
Asamblea General 
A/69/L.1
15 de septiembre de 2014
[Aprobado el 22 de septiembre de 2014.  Documento A/RES/69/2 ]
 

Proyecto de resolución presentado por el Presidente de la Asamblea General

 
 La Asamblea General,
 Aprueba el siguiente documento final:
 
  Documento final de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas 
 
1. Nosotros, los Jefes de Estado y de Gobierno, ministros y representantes de los Estados Miembros, reafirmando nuestro compromiso solemne con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, en un espíritu de cooperación con los pueblos indígenas del mundo, nos hemos reunido en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York los días 22 y 23 de septiembre de 2014 con ocasión de la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General conocida como Conferencia Mundial sobre los Pueblos Indígenas para reiterar la importante función que desempeñan permanentemente las Naciones Unidas en la promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas.
 
2. Acogemos con beneplácito los procesos preparatorios de los pueblos indígenas para la Conferencia Mundial, incluida la Conferencia Preparatoria Mundial de los Pueblos Indígenas que se celebró en Alta (Noruega) en junio de 2013. Tomamos nota del documento final de la Conferencia de Alta[1] y otras contribuciones de los pueblos indígenas. Acogemos con beneplácito también el proceso preparatorio inclusivo de la reunión plenaria de alto nivel, en particular la amplia participación de representantes de los pueblos indígenas.
 
3. Reafirmamos nuestro apoyo a la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007[2], y los compromisos que hemos contraído al respecto de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado, de conformidad con los principios aplicables de la Declaración.
 
4. Reafirmamos nuestro solemne compromiso de respetar, promover, impulsar y no menoscabar en modo alguno los derechos de los pueblos indígenas y de defender los principios de la Declaración.
 
5. Además de la Declaración, recordamos los otros grandes logros de los últimos dos decenios en cuanto al desarrollo de un marco internacional para promover los derechos y aspiraciones de los pueblos indígenas del mundo, como el establecimiento del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, la creación del Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el establecimiento del mandato del Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Nos comprometemos a tener debidamente en cuenta las recomendaciones y el asesoramiento ofrecidos por esos órganos en cooperación con los pueblos indígenas. 
 
6. Alentamos a los Estados que todavía no han ratificado el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales, 1989 (núm. 169)[3], de la Organización Internacional del Trabajo, o que no se han adherido a él, a que consideren la posibilidad de hacerlo. Recordamos que el Convenio impone a los Estados que lo ratifican la obligación de desarrollar una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de los pueblos indígenas.
 
7. Nos comprometemos a adoptar, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, medidas apropiadas a nivel nacional, incluidas medidas legislativas, administrativas y de política, para alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y promover que se conozca entre todos los sectores de la sociedad, incluidos los integrantes de los órganos legislativos, el poder judicial y la administración pública. 
 
8. Nos comprometemos a cooperar con los pueblos indígenas por medio de sus instituciones representativas a fin de definir y poner en práctica planes de acción, estrategias u otras medidas nacionales, según corresponda, para alcanzar los fines de la Declaración. 
 
9. Nos comprometemos a promover y proteger los derechos de las personas indígenas con discapacidad y a seguir mejorando sus condiciones sociales y económicas, por medios como la concepción de medidas específicas para incluirlas en los planes de acción, las estrategias o las medidas antes mencionados, en colaboración con las personas indígenas con discapacidad. Nos comprometemos también a velar por que las estructuras legislativas, políticas e institucionales nacionales relacionadas con los pueblos indígenas incluyan a las personas indígenas con discapacidad y contribuyan a promover sus derechos. 
 
 10. Nos comprometemos a trabajar con los pueblos indígenas para desglosar datos, según corresponda, o hacer encuestas y a utilizar indicadores holísticos del bienestar de los pueblos indígenas a fin de abordar la situación y las necesidades de los pueblos y las personas indígenas, en particular las personas de edad, las mujeres, los jóvenes, los niños y las personas con discapacidad.
 
11. Nos comprometemos a asegurar la igualdad de acceso a una educación de alta calidad que reconozca la diversidad de la cultura de los pueblos indígenas y a la salud, la vivienda, el agua, el saneamiento y otros programas económicos y sociales para mejorar el bienestar, mediante, entre otras cosas, iniciativas, políticas y el suministro de recursos. Nos proponemos empoderar a los pueblos indígenas para que lleven adelante esos programas en la medida de lo posible. 
 
12. Reconocemos la importancia de las prácticas de salud de los pueblos indígenas y su medicina y conocimientos tradicionales. 
 
13. Nos comprometemos a asegurar que las personas indígenas gocen de igualdad de acceso al más alto nivel posible de salud física y mental. Nos comprometemos también a intensificar los esfuerzos para reducir las tasas de VIH y SIDA, malaria, tuberculosis y enfermedades no transmisibles dando prioridad a la prevención con programas, políticas y recursos adecuados para las personas indígenas, entre otros medios, y a asegurar su acceso a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo[4], la Plataforma de Acción de Beijing[5] y los documentos finales de sus conferencias de examen. 
 
14. Nos comprometemos a promover el derecho de los niños indígenas, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma. 
 
15. Apoyamos el empoderamiento y el desarrollo de la capacidad de los jóvenes indígenas, incluida su participación plena y efectiva en los procesos de adopción de decisiones sobre los asuntos que les conciernan. Nos comprometemos a desarrollar, en consulta con los pueblos indígenas, políticas, programas y recursos, cuando corresponda, dirigidos a mejorar el bienestar de los jóvenes indígenas, en particular en los ámbitos de la salud, la educación, el empleo y la transmisión de los conocimientos, los idiomas y las prácticas tradicionales, y a adoptar medidas para promover el conocimiento y la comprensión de sus derechos.
 
16. Reconocemos que las instituciones de justicia de los pueblos indígenas pueden contribuir de manera positiva a dar acceso a la justicia y a resolver las controversias y fomentan las relaciones armoniosas en el seno de las comunidades de los pueblos indígenas y en la sociedad. Nos comprometemos a coordinar y mantener un diálogo con esas instituciones, allí donde existan.
 
17. Nos comprometemos a apoyar el empoderamiento de las mujeres indígenas y a formular y poner en práctica, en colaboración con los pueblos indígenas, en particular las mujeres indígenas y sus organizaciones, políticas y programas destinados a promover la creación de capacidad y a fortalecer su liderazgo. Apoyamos las medidas que aseguren la participación plena y efectiva de las mujeres indígenas en los procesos de adopción de decisiones a todos los niveles y en todos los ámbitos y eliminen los obstáculos a su participación en la vida política, económica, social y cultural. 
 
18. Nos comprometemos a intensificar nuestros esfuerzos, en cooperación con los pueblos indígenas, para prevenir y eliminar todas las formas de violencia y discriminación contra los pueblos y las personas indígenas, en particular, las mujeres, los niños, los jóvenes, las personas de edad y las personas con discapacidad, mediante el fortalecimiento de los marcos jurídicos, políticos e institucionales. 
 
19. Invitamos al Consejo de Derechos Humanos a que considere la posibilidad de examinar las causas y las consecuencias de la violencia contra las mujeres y las niñas indígenas, en consulta con el Relator Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, el Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas y otros titulares de mandatos de procedimientos especiales en el marco de sus respectivos mandatos. Invitamos también a la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a que examine la cuestión del empoderamiento de la mujer indígena en un futuro período de sesiones.
 
20. Reconocemos los compromisos contraídos por los Estados, en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, de celebrar consultas y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas interesados por conducto de sus propias instituciones representativas a fin de obtener su consentimiento libre e informado antes de aprobar cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos. 
 
21. Reconocemos también los compromisos contraídos por los Estados, en la Declaración, de establecer a nivel nacional, conjuntamente con los pueblos indígenas concernidos, un proceso equitativo, independiente, imparcial, abierto y transparente para reconocer, promover y adjudicar los derechos de los pueblos indígenas en relación con las tierras, los territorios y los recursos. 
 
22. Reconocemos que los conocimientos, innovaciones y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales aportan una importante contribución a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica. Reconocemos la importancia de la participación de los pueblos indígenas, siempre que sea posible, en los beneficios de sus conocimientos, innovaciones y prácticas.
 
23. Nos proponemos trabajar con los pueblos indígenas para abordar los efectos que tienen o puedan tener en los pueblos indígenas los grandes proyectos de desarrollo, incluidos los relacionados con las actividades de la industria extractiva, entre otros fines para gestionar debidamente los riesgos. 
 
24. Recordamos la responsabilidad de las empresas transnacionales y otras empresas de respetar todas las leyes y todos los principios internacionales aplicables, incluidos los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos: Puesta en Práctica del Marco de las Naciones Unidas para “Proteger, Respetar y Remediar”[6], y de operar con transparencia y de manera responsable desde el punto de vista social y ambiental. A este respecto, nos comprometemos a adoptar nuevas medidas, según proceda, para evitar la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.
 
25. Nos comprometemos a desarrollar, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, y cuando proceda, políticas, programas y recursos para apoyar los oficios, las actividades de subsistencia tradicionales, las economías, los medios de vida, la seguridad alimentaria y la nutrición de los pueblos indígenas.
 
26. Reconocemos la importancia de la contribución que los pueblos indígenas pueden hacer al desarrollo económico, social y ambiental por medio de las prácticas agrícolas tradicionales sostenibles, incluidos los sistemas tradicionales de suministro de semillas, y el acceso a créditos y otros servicios financieros, a los mercados, a regímenes seguros de tenencia de la tierra, a los servicios sociales y de atención de la salud, a la educación, a la capacitación, a los conocimientos y a tecnologías apropiadas y asequibles, en particular para el regadío y la captación y el almacenamiento de agua.
 
27. Afirmamos y reconocemos la importancia de los lugares religiosos y culturales de los pueblos indígenas y de hacer posible el acceso y la repatriación de sus objetos de culto y de restos humanos de conformidad con los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nos comprometemos a establecer, conjuntamente con los pueblos indígenas interesados, mecanismos justos, transparentes y eficaces para el acceso y la repatriación de objetos de culto y de restos humanos a nivel nacional e internacional. 
 
28. Invitamos al Consejo de Derechos Humanos a que, teniendo en cuenta las opiniones de los pueblos indígenas, revise los mandatos de sus mecanismos ya existentes, en particular el Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, durante el sexagésimo noveno período de sesiones de la Asamblea General, con miras a modificar y mejorar el Mecanismo de Expertos de manera que pueda promover más eficazmente el respeto de la Declaración, entre otras cosas ayudando mejor a los Estados Miembros a seguir de cerca, evaluar y mejorar el logro de los fines de la Declaración. 
 
29. Invitamos a los órganos creados en virtud de tratados de derechos humanos a examinar la Declaración en el marco de sus respectivos mandatos. Alentamos a los Estados Miembros a que incluyan, según proceda, información sobre la situación de los derechos de los pueblos indígenas, incluidas las medidas adoptadas para alcanzar los objetivos de la Declaración, en los informes que presentan a esos órganos y en el proceso del examen periódico universal.
 
30. Acogemos con beneplácito la contribución cada vez más importante de las instituciones nacionales y regionales de derechos humanos al logro de los fines de la Declaración. Alentamos al sector privado, la sociedad civil y las instituciones académicas a que contribuyan activamente a promover y proteger los derechos de los pueblos indígenas. 
 
31. Solicitamos al Secretario General que, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas y los Estados Miembros, ponga en marcha la elaboración, dentro de los límites de los recursos existentes, de un plan de acción para todo el sistema que asegure un enfoque coherente para lograr los fines de la Declaración, y que informe a la Asamblea General en su septuagésimo período de sesiones, por conducto del Consejo Económico y Social, sobre los progresos realizados. Invitamos al Secretario General a que asigne, antes de que termine el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea, a un alto funcionario del sistema de las Naciones Unidas con acceso a los más altos niveles de adopción de decisiones del sistema la responsabilidad de coordinar el plan de acción, crear mayor conciencia sobre los derechos de los pueblos indígenas al más alto nivel posible y aumentar la coherencia de las actividades del sistema a este respecto.
 
32. Invitamos a los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas, así como a los coordinadores residentes, a que, según proceda, cuando se les solicite, apoyen la ejecución de planes de acción, estrategias y otras medidas nacionales para alcanzar los fines de la Declaración, en consonancia con las prioridades nacionales y los Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, si los hubiera, mediante una mejor coordinación y cooperación. 
 
33. Nos comprometemos a examinar, en el septuagésimo período de sesiones de la Asamblea General, la forma de hacer posible la participación de representantes e instituciones de los pueblos indígenas en las reuniones de los órganos pertinentes de las Naciones Unidas sobre los asuntos que les conciernan, incluida toda propuesta concreta formulada por el Secretario General en respuesta a lo solicitado en el párrafo 40 del presente documento final. 
 
34. Alentamos a los Gobiernos a que reconozcan la importante contribución de los pueblos indígenas a la promoción del desarrollo sostenible a fin de lograr un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales de las generaciones presentes y futuras y la necesidad de promover la armonía con la naturaleza para proteger nuestro planeta y sus ecosistemas, a los que en múltiples países y regiones se denomina la Madre Tierra.
 
35. Nos comprometemos a respetar las contribuciones de los pueblos indígenas a la ordenación de los ecosistemas y el desarrollo sostenible, incluidos los conocimientos acumulados a través de la experiencia en la caza, la recolección, la pesca, el pastoreo y la agricultura, así como sus ciencias, tecnologías y culturas. 
 
36. Confirmamos que los conocimientos y las estrategias de los pueblos indígenas para conservar su entorno han de respetarse y tenerse en cuenta cuando definamos los enfoques nacionales e internacionales para mitigar el cambio climático y adaptarnos a él. 
 
37. Hacemos notar que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar y establecer las prioridades y estrategias para el ejercicio de su derecho al desarrollo. En este sentido, nos comprometemos a tener debidamente presentes todos los derechos de los pueblos indígenas al elaborar la agenda para el desarrollo después de 2015.
 
38. Invitamos a los Estados Miembros y alentamos activamente al sector privado y otras instituciones a que hagan contribuciones al Fondo de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, el Fondo Fiduciario para el Segundo Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, el Fondo de Apoyo a los Pueblos Indígenas y la Alianza de las Naciones Unidas con los Pueblos Indígenas como medio de respetar y promover los derechos de los pueblos indígenas en todo el mundo. 
 
39. Solicitamos al Secretario General que incluya información pertinente sobre los pueblos indígenas en su informe final sobre el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
 
40. Solicitamos al Secretario General que, en consulta con el Grupo de Apoyo Interinstitucional sobre Cuestiones Indígenas y los Estados Miembros, y teniendo en cuenta las opiniones expresadas por los pueblos indígenas, informe a la Asamblea General en su septuagésimo período de sesiones sobre la aplicación del presente documento final y que en el mismo período de sesiones presente, por conducto del Consejo Económico y Social, recomendaciones sobre la manera de utilizar, modificar y mejorar los mecanismos de las Naciones Unidas ya existentes para alcanzar los fines de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, medios para lograr un enfoque mejor y más coherente en todo el sistema para alcanzar los fines de la Declaración, y propuestas concretas para hacer posible la participación de representantes e instituciones de los pueblos indígenas, sobre la base de su informe sobre medios para promover la participación en las Naciones Unidas de los representantes de los pueblos indígenas en relación con los asuntos que les conciernan[7].
 
 

NOTAS
[1] A/67/994 , anexo
[2] Resolución 61/295 , anexo.
[3] Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 1650, núm. 28383.
[4] Informe de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, El Cairo, 5 a 13 de septiembre de 1994 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.95.XIII.18), cap. I, resolución 1, anexo.
[5] Informe de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing, 4 a 15 de septiembre de 1995 (publicación de las Naciones Unidas, núm. de venta: S.96.IV.13), cap. I, resolución 1, anexo II.
 [6] A/HRC/17/31 , anexo.
[7] A/HRC/21/24 .
 

 

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viernes, 4 de julio de 2014

indigena:

Pueblo aymara Pueblo aymara

BHP Billiton: Conflicto por Convenio 169 adelantaría cierre de Cerro Colorado

Publicado el 4 de julio del 2014

Comunidades aymaras -asesoradas por el abogado Lorenzo Soto- se oponen a la expansión de Cerro Colorado. "Buscamos la continuidad de la mina, de lo contrario ésta tendrá una muerte prematura", dijo la empresa en un escrito a la Justicia.

(Pulso) La gigante BHP Billiton, una de las mineras más grandes del mundo, lanzó la alerta: la ampliación y el futuro de su mina Cerro Colorado (la primera inversión de la anglo australiana en el país) está en riesgo.

¿El motivo? Un conflicto con comunidades aymaras, las que se oponen al desarrollo de la ampliación de la mina para extender su vida útil, lo que considera un desembolso de US$467 millones.

"Buscamos la continuidad de Cerro Colorado, de lo contrario tendrá una muerte prematura en diciembre de 2016", dijo la compañía en un escrito presentado a la Justicia.

Todo partió en junio de este año, cuando las comunidades -asesoradas por el abogado Lorenzo Soto- presentaron dos recursos de protección contra un proyecto no productivo de Cerro Colorado, que consiste en Obras de Protección de Cauce en el sector de la Quebrada de Quipisca (US$6,8 millones). Esta iniciativa ya obtuvo su permiso ambiental el 2 de mayo de este año.

Si bien esta iniciativa fue pensada sólo como una obra de mitigación aledaña, con el fin de evitar que el material desprendido de los botaderos puedan obstaculizar el flujo de agua de la quebrada durante los eventos esporádicos de lluvias, en el seno de las comunidades afirman que esto es parte de un proyecto mayor, por lo que se requeriría de un proceso de consulta indígena bajo el alero del Convenio 169 de la OIT.

En Cerro Colorado no tardaron en reaccionar y manifestaron a la Corte de Apelaciones de Iquique que este proyecto, al ser una obra menor calificada mediante una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), no requiere efectuar una consulta indígena. Además, en la compañía argumentan que las obras se emplazan en parte en un bien nacional de uso público, y en parte en una servidumbre minera de titularidad de Minera Cerro Colorado. La empresa explicó: "El objetivo no es autorizar una inversión o proyecto productivo destinado a obtener rentas de él, sino sólo una medida de protección dirigida a evitar daños sobre la quebrada y las comunidades".

En la minera esperan solucionar el conflicto con las comunidades, más aún cuando en paralelo tramita el proyecto de expansión de Cerro Colorado con los mismos aymaras.

"Cerro colorado se encuentra actualmente realizando los mejores esfuerzos por colaborar en el proceso de consulta indígena que lleva en adelante en el marco del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto 'Continuidad Operacional de Cerro Colorado'. Dicho proyecto busca obtener autorización ambiental para siete años adicionales de vida de Cerro Colorado (2017-2023), yacimiento que de lo contrario deberá cerrar -una verdadera muerte prematura- en diciembre de 2016", dijo la empresa en un escrito que presentó como parte del recurso presentado a la Justicia por las comunidades.

"Los argumentos previstos no implican que Cerro Colorado no muestre ni profese hoy respeto y consideración por las comunidades indígenas vecinas a su operación minera. Todo lo contrario", añadió la minera.

Una visión absolutamente opuesta tiene Lorenzo Soto. "Ellos debieron presentar un sólo proyecto y no fraccionarlo, en una gran iniciativa en la cual se contara con la consulta indígena", sostuvo el jurista, quien asegura que en el proyecto que ya tiene Resolución de Calificación Ambiental (RCA), durante su tramitación la Conadi recomendó realizar una consulta indígena, lo que no hizo la empresa pues no estaba obligada

"En tres ocasiones la Conadi les manifestó que desarrollaran la consulta y BHP, junto al Servicio de Evaluación Ambiental de Tarapacá, optaron por no llevarla a cabo. ahí comenzaron las tensiones y la molestia de la comunidad", sostiene Soto, quien anuncia que en caso que la expansión obtenga su RCA "seguiremos el mismo camino de recurrir con recursos judiciales".

BHP dijo que mientras se desarrolle el proceso jurídico no se referirá oficialmente al tema.

 TEMAS ASOCIADOS

Fuente:sustentare 

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miércoles, 2 de julio de 2014

indigena: Sin acuerdos sigue "consulta indígena" de Michelle Bachelet por millonarios proyectos

Sin acuerdos sigue "consulta indígena" de Michelle Bachelet por millonarios proyectos

El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo OIT número 169 del 7 de junio de 1989 obliga a los países a consultar a los pueblos indígenas y originarios en materia de proyectos que se desarrollen en sus tierras
Por Anastasia Gubin La Gran Época
Mar, 1 Jul 2014 10:59 +0000
 
Presidenta de Chile Michelle Bachelet el 24 de junio en un encuentro del Gobierno con participantes de las comunidades indígenas ( Gobierno de Chile)

El Convenio de la Organización Internacional del Trabajo OIT número 169 del 7 de junio de 1989 obliga a los países a consultar a los pueblos indígenas y originarios en materia de proyectos que se desarrollen en sus tierras.

El Gobierno de Chile anunció que planea realizar una consulta en seis meses. Esto sería aplicando el decreto 66 vigente, que su partido político rechazó el año pasado durante las elecciones, al igual que hoy las comunidades.

Según cifras obtenidas a través del Servicio de Evaluación Ambiental de Chile, unos US$10 mil millones suman los proyectos de inversión cuestionados por las comunidades indígenas del país a través de este Convenio, informó la revista Electricidad el 18 de junio. Ecologistas y vecinos de los proyectos reclaman que los Gobiernos de Bachelet y Piñera trasgredieron este convenio y dieron curso a los proyectos sin la debida consulta. 

El Gobierno de Chile anunció el 24 de junio que "el Ministerio de Asuntos Indígenas y el Consejo de Pueblos Indígenas - ambos organismos creados por el Estado- serán sometidos a consulta según convenio 169 de la OIT", según un comentario de twitter del Gobierno.

La Presidencia anunció en la misma fecha que la consulta se hará en un plazo de 6 meses y con ella se espera llegar a las 4.500 comunidades a lo largo del país. "Se desarrollará en cinco etapas: planificación, entrega de información, deliberación interna, diálogo y entrega de los resultados. En la consulta podrán participar las instituciones representativas de los pueblos indígenas, es decir, cualquier persona o grupo de personas que sean designadas por los pueblos para ser representada", según, dijo la Ministra de Desarrollo Social, María Fernanda Villegas, "La información sobre el proceso de consulta podrá seguirse a través del sitio web www.consultaindigena.cl donde se dará cuenta del estado de cada una de las etapas", dijo el Gobierno.

Sin embargo una comisión de la OIT reclamó este año al Gobierno de Chile de qué manera el decreto 66, que estableció el ex presidente Sebastián Piñera hará cumplir la ley: "La comisión solicita al gobierno que en su próxima memoria presente informaciones que permitan examinar la manera en que la nueva legislación asegura la efectiva consulta de los pueblos indígenas en todas las medidas susceptibles de afectarles directamente y da pleno efecto a las disposiciones correspondientes de los artículos 6, 15 y 16 del Convenio", señaló la comisión de la OIT en 2014, según cita el medio Pulso.

Las comunidades indígenas han estado reclamando estos puntos en las redes sociales, según Políticas Públicas.

La entidad internacional cuestionó el decreto pues emanó sin ningún acuerdo luego que el Estado de Chile llevara adelante un proceso de diálogo con representantes de los pueblos indígenas para consensuar la nueva normativa de consulta y participación, que finalizó en julio de 2013, señala el texto citado.

Doble pronunciamiento de Bachelet

Las comunidades indígenas chilenas además están cuestionando a Bachelet ya que su partido político antes de las últimas elecciones, se opuso al decreto 66.

Aucan Hulcaman, werken (autoridad) del Consejo de Todas las Tierras, a través de una declaración pública recordó que el decreto 66 adoptado por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera, "fue declarado ilegítimo por todos los partidos políticos de la Nueva Mayoría cuando eran oposición, es decir, Partido Socialista, Partido Por la Democracia, Partido Radical, Partido Comunista, incluso pidieron su Derogación", por lo que cuestionan que el mismo Gobierno continúe con su aplicación, informó Mapuexpress, el 25 de junio.

"La presidenta Bachelet no se ha pronunciado sobre el cuestionado y viciado decreto de consulta Piñerista N 66", dijo a su vez Jorge Weke, werken del Parlamento Mapuche de Koz Koz en Panguipulli, al sur del país, según el medio Mapuexpress el 25 de junio.

Mapuches piden la derogación del decreto 66

En relación a los anuncios del Gobierno y de Bachelet el 21 de mayo sobre el ministerio y consejo, Weke recordó que "la gran cantidad de organizaciones mapuche y de derechos humanos ha exigido a la misma presidenta derogar este decreto. Asimismo, se le ha pedido la intervención al relator especial de los pueblos indígenas de la ONU, en su última visita a Chile, ya que transgrede directamente al propio convenio 169 de la OIT, sobre los estándares específicos de obligatoriedad del estado chileno, en el contexto del derecho internacional para la protección de los derechos de los pueblos indígenas, supeditando los procesos de consulta a la reglamentación del SEIA (Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental) en su decreto 40, cuando se trata de proyectos de inversión", según Mapuexpress.

El el sur de Chile, Endesa esta defendiendo la central hidroeléctrica Neltume (US$780 millones) en la Corte Suprema luego que un grupo de comunidades impugnara la consulta indígena de dicho proyecto, situado en la Región de los Lagos. La Corte de Apelaciones le dio la razón a la compañía, y esto fue apelado por las comunidades ante el máximo tribunal del país, según la revista Electricidad.

El proceso de consulta y las demandas del Pueblo Aymara

Por el norte la minera BHP se enfrentó recientemente a los Aymaras por la ampliación de Cerro Colorado (US$467 millones de inversión). Un grupo cuestionó la iniciativa obras de protección de la operación y el conflicto se encuentra actualmente en la Corte de Apelaciones de Iquique.

En otro caso, sobre el proyecto minero El Morro, de la canadiense Goldcorp, las autoridades afirmaron que la comunidad Aymara rechazó participar en el proceso de consulta indígena. "Esto obligó a la autoridad regional a continuar con el proceso de evaluación, pese a que no se llevara a cabo el proceso de consulta. Vale decir, se generó una segunda Resolución de Calificación Ambiental, poniendo la institucionalidad ambiental a prueba", informó Electricidad, el 18 de junio

El arqueólogo Rolando Ajata López, señaló ayer que "el decreto 66 que interpreta Convenio 169 nace políticamente muerto, sin el apoyo de las comunidades indígenas Aymara. El Gobierno de Chile quiere que los Aymaras se sumen al proceso de consulta, pero no acoge las demandas del Pueblo Aymara. Las organizaciones Aymara en pro de la defensa de la Pachamama y el 1/2 Ambiente decidieron unánimemente decir No a la minería".

25 comunidades Aymara se reunieron en un congreso celebrado el 30 de junio. Previamente cuestionaron si "¿la creación del Ministerio de Asuntos Indígenas va a solucionar los temas de fondo del ejercicio de nuestros derechos? Eso lo tenemos que conversar ampliamente.
Los dirigentes plantean también que esta consulta podría dividir al pueblo aymara y a los distintos pueblos originarios", de acuerdo al medio Puerto Libre.

"Se nos quiere imponer dos cosas. La aplicación del convenio a través del decreto 66 y otros temas relacionados a la aplicación del decreto 40 del Sistema de Evaluación Ambiental. Y al mismo tiempo se nos quiere imponer los temas", explicaron.

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Fuente:lagranepoca

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Rodrigo González Fernández
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