INDIGENA-CHILE: 31 ago 2009

lunes, 31 de agosto de 2009

jaime campos asesor de la cpc y la opinión del ejecutivo"Corresponde en nuestro Estado de Derecho"

jaime campos asesor de la cpc y la opinión del ejecutivo

"Corresponde en nuestro Estado de Derecho"

El ex ministro de Agricultura, Jaime Campos, apoya la decisión de gobierno de enfrentar la implementación del Convenio 169 de la OIT, a través de un reglamento. A juicio del asesor de la CPC "el camino correcto es un decreto supremo" y reitera sus críticas el primer Código Indígena.

- ¿Qué le parece la decisión de reemplazar el Código Indígena por la vía de un reglamento?

- Mientras no lo conozca oficialmente no me puedo pronunciar, puesto que no es un documento oficial. Lo que sí puedo señalar, categóricamente, es que el camino del Decreto Supremo obviamente es mucho más correcto que el del simple instructivo presidencial que se había planteado en un comienzo. De hecho, las reservas u observaciones de fondo que planteó la Confederación de la Producción y del Comercio iban en esta dirección.

- ¿Por qué es más correcto?

- Porque jurídicamente eso es lo que corresponde en nuestro Estado de Derecho. El tipo de cuestiones que se pretendían reglamentar en el Código de Conducta Responsable no eran materias del instructivo presidencial. Eran materia de ley o de un Decreto Supremo.

- ¿En términos de contenido?

- Sobre los contenidos no me puedo pronunciar mientras no conozca el decreto, pero todas las materias que estaban contenidas en código inicial y que se pretendía establecer a través de un instructivo presidencial eran jurídicamente equivocadas. Ahora, el gobierno regularía sólo algunas de las materias contenidas en código y eso sí es correcto.

- ¿En qué sentido?

- Porque este acto está sujeto a control de la legalidad por parte de la Contraloría.

Fuente:DF
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

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El 15 de septiembre comienza a regir el Convenio 169 de la OIT

El 15 de septiembre comienza a regir el Convenio 169 de la OIT La Moneda dictará Decreto Supremo para proyectos de inversión en zonas indígenas
(Diario Financiero).- Dictar un Decreto Supremo reglamentario a la actual Ley Indígena será la fórmula que empleará el Ejecutivo para regular las materias vinculadas con la participación y consulta que los servicios públicos deben efectuar a los pueblos originarios en aquellos actos administrativos que les incumben a estos como es el caso de los proyectos de inversión en dichas áreas. De esta forma, La Moneda mantendrá sin cambios las inversiones en los señalados territorios dejando para el próximo gobierno la normativa legal. Es que luego de meses de debate entre el empresariado y el gobierno ante la amenaza de una nueva norma para las inversiones en áreas indígenas, el Ejecutivo optó por postergar la propuesta inicial de un Código de Conducta Responsable, que modificaba las regulaciones, aumentaba la participación de los pueblos originarios en los beneficios de los proyectos y creaba un nuevo sistema de certificación. Es que la autoridad se decidió por un reglamento transitorio para asegurar que las iniciativas que se desarrollen en tierras originarias cumplan con el Convenio 169 de la OIT, que comienza a regir el 15 de septiembre. Así las cosas, la base será la legislación actual, ajustada a los planteamientos de la OIT, esto quiere decir que la consulta a los pueblos se aplicaría en el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental que considera, en un período de 60 días, la participación ciudadana, sin embargo, los reparos no son vinculantes. Fuentes de gobierno, adelantan que la idea es que el formulario que se entrega a quienes realicen sus observaciones se incluya un ítem especial para pueblos originarios. El giro del gobierno para abordar este tema fue bien recibido por el empresariado, ya que el martes pasado el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, entregó un informe al titular de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, donde planteaba los problemas de jurídicos del código indígena inicial. Discrepancias y cambios Viera- Gallo y el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, nunca estuvieron de acuerdo con el borrador del código elaborado por el comisionado presidencial para dichos asuntos, Rodrigo Egaña. Ambos consideraban -igual que los privados- que éste afectaría las inversiones. Dada la poca acogida, la repartición comandada por Egaña comenzó una segunda fase que consistió en acoger y analizar discrepancias del empresariado y sector público. Con ello, se elaboró un segundo código, pero esta vez bajo el nombre de Sistema de Normas de Inversión Privadas en Tierras y Areas Indígenas. El documento incorporó ideas también del sector público que no fueron parte del código inicial. De hecho, el texto ampliaba el plazo de certificación que en un principio debía hacerse cada tres años y respondía a temas que estaban inconclusos. Además, estaban plasmadas todas las aprehensiones de quienes participaron en los seminarios. El texto final no se envió a los gremios para ver su respuesta, dado el conflicto mapuche que terminó con la salida de Egaña del comisionado. Pero se espera que este documento sea entregado al próximo gobierno, quien será el encargado de tomar las medidas legislativas. Fuente / Diario Financiero

Este documento ha sido obtenido desde http://www.mch.cl/

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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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El 15 de septiembre comienza a regir el Convenio 169 de la OITLa Moneda dictará Decreto Supremo para proyectos de inversión en zonas indígenas

El 15 de septiembre comienza a regir el Convenio 169 de la OIT

La Moneda dictará Decreto Supremo para proyectos de inversión en zonas indígenas

M. Helguero/ S.Celedón DF

Dictar un Decreto Supremo reglamentario a la actual Ley Indígena será la fórmula que empleará el Ejecutivo para regular las materias vinculadas con la participación y consulta que los servicios públicos deben efectuar a los pueblos originarios en aquellos actos administrativos que les incumben a estos como es el caso de los proyectos de inversión en dichas áreas.

De esta forma, La Moneda mantendrá sin cambios las inversiones en los señalados territorios dejando para el próximo gobierno la normativa legal.

Es que luego de meses de debate entre el empresariado y el gobierno ante la amenaza de una nueva norma para las inversiones en áreas indígenas, el Ejecutivo optó por postergar la propuesta inicial de un Código de Conducta Responsable, que modificaba las regulaciones, aumentaba la participación de los pueblos originarios en los beneficios de los proyectos y creaba un nuevo sistema de certificación.

Es que la autoridad se decidió por un reglamento transitorio para asegurar que las iniciativas que se desarrollen en tierras originarias cumplan con el Convenio 169 de la OIT, que comienza a regir el 15 de septiembre.

Así las cosas, la base será la legislación actual, ajustada a los planteamientos de la OIT, esto quiere decir que la consulta a los pueblos se aplicaría en el proceso de evaluación del estudio de impacto ambiental que considera, en un período de 60 días, la participación ciudadana, sin embargo, los reparos no son vinculantes.

Fuentes de gobierno, adelantan que la idea es que el formulario que se entrega a quienes realicen sus observaciones se incluya un ítem especial para pueblos originarios.

El giro del gobierno para abordar este tema fue bien recibido por el empresariado, ya que el martes pasado el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Rafael Guilisasti, entregó un informe al titular de la secretaría general de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, donde planteaba los problemas de jurídicos del código indígena inicial.

Discrepancias y cambios

Viera- Gallo y el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, nunca estuvieron de acuerdo con el borrador del código elaborado por el comisionado presidencial para dichos asuntos, Rodrigo Egaña. Ambos consideraban -igual que los privados- que éste afectaría las inversiones.

Dada la poca acogida, la repartición comandada por Egaña comenzó una segunda fase que consistió en acoger y analizar discrepancias del empresariado y sector público.

Con ello, se elaboró un segundo código, pero esta vez bajo el nombre de Sistema de Normas de Inversión Privadas en Tierras y Areas Indígenas. El documento incorporó ideas también del sector público que no fueron parte del código inicial. De hecho, el texto ampliaba el plazo de certificación que en un principio debía hacerse cada tres años y respondía a temas que estaban inconclusos.

Además, estaban plasmadas todas las aprehensiones de quienes participaron en los seminarios.

El texto final no se envió a los gremios para ver su respuesta, dado el conflicto mapuche que terminó con la salida de Egaña del comisionado.

Pero se espera que este documento sea entregado al próximo gobierno, quien será el encargado de tomar las medidas legislativas

Araucanía: construcción de un conflicto

Joaquín Fermandois | Sección: Política, Sociedad

La sociedad humana es y será siempre compleja, henchida de problemas y fracturas potenciales. Escogemos entre reparar sus grietas o profundizarlas. La fe en la revolución se revistió de esta última característica (el advertising a veces es lo mismo, más sigiloso). Si en un lugar determinado no están dadas las cosas para una revolución, hay que "crear las condiciones". Se organiza un grupo abnegado, dispuesto a cualquier medida que atemorice. Impulsa la violencia razonada, nada de tonta muchas veces, cuyo propósito es ir provocando, para que aparezca más visible la violencia "represora", hasta que el público se muestre más indignado con la "violencia institucionalizada", y no con los que manejan los hilos que la originan. Una vieja historia. Esta fase puede durar mucho tiempo. Pol Pot (Khmer Rojo) y Abimael Guzmán (Sendero Luminoso) trabajaron por años con paciencia y rigor en crear las condiciones. El primero comenzó con lanzas de bambú, en un remoto rincón de la selva. Era parte de un proceso de "mentalización", que tiene la mayor importancia operativa, para disciplinar el estado de ánimo de sus "luchadores" acerca de la justicia de su causa, lo correcto de los métodos y el valor de la estrategia de largo plazo. Ésta es la base de la guerra de guerrillas, en algunos textos perfumada como "conflicto de baja intensidad", casi siempre sazonada con simple terrorismo.

Pues bien, esto es lo que en potencia tenemos en la Araucanía, con insospechadas proyecciones en el tiempo y en el espacio. Para colmo, como no es un tema puramente chileno, sino que parte de una atención global –y una moda–, que es la razón de por qué existe acá con la virulencia que contemplamos, nos la tendremos que haber con un conflicto internacional. Después de la intervención de la OTAN en Kosovo en 1999, esto es de temer por sus consecuencias de largo plazo.

¿Se exagera el grado de militarización del conflicto? Hay un falso dilema entre soluciones políticas y de seguridad. El problema tiene al menos otros dos aspectos. Uno de ellos es político-cultural, o la incorporación subjetiva de los descendientes de indígenas, con sus propios rasgos, a la comunidad nacional, en su inmensa mayoría mestizos, como lo ha señalado Sergio Villalobos. Para ello debe surgir dentro del mundo de origen mapuche un liderato que supere el marco avaro de la reivindicación. El otro es el socio-económico, para lo cual se han dado suficientes razones acerca del tema de la pobreza. Entre otros cuellos de botella, al igual que con la reforma agraria, hay que entender que el puro reparto de tierra no sólo no soluciona nada, sino que agrava las cosas.

Los tres aspectos (seguridad, cultura y política, pobreza) no están relacionados por una cadena de causa-efecto, aunque ciertamente se potencian entre sí. Lo que le ha otorgado el rostro de "conflicto" es precisamente el carácter de "construcción" (como les place decir a los teóricos de las minorías) de un enfrentamiento, como "agudización de las contradicciones" en la tradición del leninismo.

Ello da fuerza a líderes que sólo prosperan en esa atmósfera, y moviliza a jóvenes ardorosos y sacrificados, lo que no le da nobleza ni sensatez a su causa –pero es lo que esta táctica hace creer–. Como se ha visto tantas veces, este camino no les trae ningún bien a los grupos concretos, en su vida cotidiana de hombres y de mujeres, aunque crea seudo-héroes y lleva a una ruina económica segura a una región del país. Le acuna un conflicto interno y externo a Chile.

Sólo una creatividad política que no ha existido nos podría librar del atolladero al que al parecer nos encaminamos inexorablemente.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente por El Mercurio.

Fuente:VIVACHILE.ORG
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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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