El corte en la Araucanía del principal eje vial del país, la Ruta 5 Sur, que da conectividad terrestre permanente a todas las actividades de transporte, va más allá de las ocupaciones de predios y campos por grupos mapuches radicales: esa acción desafía la presencia del Estado chileno y no es un tema de propietarios particulares, casas de veraneantes o supuestas malas relaciones de vecindad entre agricultores, como suelen aducir algunas autoridades.
Los últimos hechos de violencia protagonizados por encapuchados supuestamente mapuches contra propietarios, trabajadores y carabineros, incluida la muerte de un comunero y el incendio de una escuela rural que acogía a 150 alumnos, obligan a reflexionar sobre cuáles son los deberes del Estado chileno hacia la etnia mapuche. Es preciso prescindir de ciertos modelos propugnados desde el extranjero, basados en experiencias históricas y realidades muy distintas, y que con un sello "conservacionista" van aislando a los grupos originarios hasta transformarlos en un ornamento folclórico.
Sin duda, el primer deber del Estado chileno es asegurarle las oportunidades propias de todos los demás habitantes del país, para que supere su situación de pobreza y subdesarrollo. Eso requiere políticas públicas focalizadas, especialmente en educación y apoyo productivo, para que sus tierras no caigan en el abandono y sean un medio de vida estable. El Estado también tiene el deber primario de amparar y proteger a la propia comunidad mapuche de sus elementos más extremos y violentos, que no representan más del 10 por ciento de la comunidad, pero amedrentan a toda ella.
Esos son deberes irrenunciables del Estado, junto con la obligación de garantizar la seguridad pública en la zona, como condición necesaria para cualquier emprendimiento, tanto del mundo mapuche como de los demás habitantes. Esas responsabilidades no pueden inhibirse por la peregrina tesis de un supuesto "pecado social" de los chilenos, por no conocer la realidad de la etnia mapuche, según ha sugerido el obispo de Temuco, Manuel Camilo Vial, al rechazar una mayor presencia policial.
Las circunstancias del lamentable deceso de Mendoza Collío - por un disparo de un agente policial en legítima defensa, según señala la institución- deben esclarecerse. Esa muerte desató una acrecentada ola de violencia, pero sería injusto desconocer que las fuerzas policiales han sido sometidas a un permanente asedio y a numerosas emboscadas por elementos violentistas, una de las cuales afectó al propio fiscal a cargo de las investigaciones.
Frente a esta situación que desborda a las instituciones locales y a la población de la zona, la única noción o convicción real entre las autoridades políticas parece ser la impopularidad del "tema mapuche".
Actual política de tierras: callejón sin futuro
Las críticas a las erradas políticas públicas aplicadas en las últimas décadas a esa etnia superan con creces las recriminaciones que se hacen a la errática estrategia de orden público frente a sus consecuencias más violentas.
El Gobierno no parece definido en pro de una inserción positiva del mundo mapuche en la sociedad chilena, sin perjuicio de valorizar sus expresiones culturales. Por el contrario, parece inclinarse por fórmulas foráneas surgidas de realidades históricas -colonialistas en el caso europeo, y de casi aniquilamiento en Norteamérica- muy distintas de la experiencia de fusión en una raza que predomina en Chile. En esas fallidas experiencias, con cargo al erario público se aplican diversas modalidades de subsidio permanente a las etnias originarias, que perpetúan su estado de dependencia, sin restituirlas a su dignidad, y sólo sirven para comprar "paz social" y aplacar los sentimientos de culpa de esas naciones extranjeras.
Ésa es la lógica de muchos instrumentos e instancias internacionales en esta materia, como se pudo advertir en estos mismos días en el inmediato interrogatorio a nuestro país en la sesión del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de la ONU.
Pero no hay inserción posible en una indigencia como la que vive parte del mundo mapuche en la Araucanía. El costoso traspaso de terrenos, sin verdadero apoyo productivo, ha transformado ricos predios agrícolas en tierra improductiva, sin dotar a sus beneficiarios de un modo de vida aceptable. Esa marginalidad impide a los comuneros mapuches preservar sus costumbres y cultura, con un simultáneo pleno acceso al mundo moderno y sus posibilidades. Por el contrario, la postergación y la pobreza se convierten en caldo de cultivo para jóvenes desesperanzados, que reaccionan con violencia ante lo que interpretan como una acción casi deliberada -y no meramente ineficaz- de la sociedad chilena. Así las cosas, parece voluntarista atribuir los últimos focos de violencia al éxito de las políticas de Gobierno, estimando que los "grupos extremistas ven que se les acaban las banderas".
Mientras no se supere esa situación de pobreza, se mantendrá una presión constante sobre el Estado chileno para resolver los problemas económicos y sociales de la zona.
Fuera de "comprar tiempo", proseguir la sola política de entrega de tierras parece adentrarse en un callejón sin futuro alguno.
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU
e-mail: rogofe47@gmail.com
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