INDIGENA-CHILE: 1 jun 2009

lunes, 1 de junio de 2009

Las claves para entender el nuevo código indígena

El documento -al que tuvo aceso La Tercera- sostiene que las empresas deberán entregar beneficios para los indígenas a corto, mediano y largo plazo, "incluidos pagos por adelantado, pagos por etapas y regalías". Además, establece exigencias en educación, salud y capacitación.

01/06/09

(La Tercera) A fines de abril se encendió la alarma en las grandes empresas.

De inmediato los privados iniciaron el análisis de las 155 páginas que contiene la propuesta preliminar que elaboró el gobierno para la protección del pueblo indígena. El nuevo Código de Conducta Responsable para inversiones públicas y privadas en tierras indígenas comenzará a aplicarse en septiembre y fue elaborado por encargo del comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña.

El texto, al que tuvo acceso La Tercera, plantea seis grandes lineamientos que son clave para empresarios y las futuras inversiones.

Lo que busca el código
Busca que los proyectos de inversión localizados en tierras indígenas protejan y garanticen los derechos de esas comunidades, sobre todo frente a los potenciales impactos económicos, sociales y culturales que puedan tener. Se otorgan atribuciones importantes a las comunidades que se sientan afectadas para que puedan incidir en el desarrollo de los proyectos.

Cobertura
La aplicación del código abarca las tierras de propiedad del pueblo indígena y las denominadas Areas de Desarrollo Indígena. Comprende una superficie de 8,6 millones de hás. Los inversionistas deberán garantizar la protección y preservación de monumentos y lugares que sean considerados patrimonio cultural.

Además, deberán comprometerse a que el proyecto no afecte "el patrimonio inmaterial", como, por ejemplo, costumbres, tradiciones y expresiones orales, idioma, espectáculos, rituales, etc. Y si el proyecto afecta estas tierras se deberá consultar a las comunidades
involucradas. Asimismo, los pueblos indígenas no serán desplazados de sus tierras o
territorios.

Compensaciones
La norma considera que las comunidades indígenas tendrán derecho a exigir participar de los
beneficios que generen las iniciativas a desarrollarse. Los inversionistas que quieran materializar un proyecto localizado en tierras indígenas, deberán entregar beneficios a corto, mediano y largo plazo,
"incluidos los pagos por adelantado, pagos por etapas y regalías", dice el documento.

Participación
Los proyectos deberán realizarse en cooperación y con la participación directa de las comunidades. Las iniciativas tendrán que ser dadas a conocer a los representantes de los pueblos originarios
con suficiente antelación, a través de información que sea comprensible para ellos.

Los medios que se utilicen para hacer llegar esa información "deberán respetar las formas, tradiciones y lengua de los pueblos". Los privados no podrán ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa e indirectamente, pagos ilícitos u otros beneficios indebidos para obtener un contrato o la aprobación de un proyecto.

Certificación cada 3 años
Se creará un Consejo Nacional de Certificación, dependiente de Mideplan, que podrá aprobar o rechazar un proyecto. Estará integrado por un presidente designado por el Presidente de la República; tres representantes de los pueblos indígenas, designados por el Mandatario a propuesta de las comunidades; un académico nombrado por el Jefe de Estado y propuesto por el Consejo de Rectores; un representante del sector privado designado por el Senado, y un representante de organizaciones civiles dedicadas a temas indígenas, designado por el Senado. Si obtiene la aprobación, la empresa cada tres años deberá enviar al consejo un informe sobre el cumplimiento de los acuerdos convenidos, para renovar la certificación.

Exigencias sociales
El texto define aspectos específicos de deberán tener en cuenta los empresarios. El titular de un proyecto deberá respetar el derecho que tienen esos pueblos a usar sus medicinas tradicionales y mantener sus prácticas de salud. Adicionalmente, si un inversionista desarrolla programas educativos, éstos deberán realizarse en cooperación con los pueblos indígenas y sin afectar las características y naturaleza de los establecimientos de educación ya existentes en esas tierras. De forma complementaria, la norma establece la contratación, por parte de las empresas, de personas indígenas y su capacitación laboral.

Fuente / La Tercera

Fuente:
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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

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PRIVADOS YA ESTUDIAN CODIGO INDIGENA

OIT ACUERDO 169 Y CODIGO INDIGENA

POSTEADO EN REVISTA DEL CAMPO DE EL MERCURIO

El acuerdo internacional- convenio 169 de la OIT , ha sido ratificado por nuestro Congreso nacional y por lo tanto regirá como ley a su turno.

Se trata en virtud de ese acuerdo de la dictación de un Código de conductas responsables en materia de inversiones en tierras indígenas.

Conforme al pre- proyecto o ante-proyecto que se ha sometido a consideración por el Comisionado Presidencial, Rodrigo Egaña , a fin de que se perfeccione , aporten ideas todos los agentes interesados, afecta a enormes extensiones de territorio, a sectores empresariales como la Agricultura; Minería, lo Forestal, Industria, Construcción, las Energias, las energias renovables no convencionales, el calentamiento Global etc.

Por lo tanto, deberá ser materia de cuidadosos estudios para que no se afecte , restrinja o condicione el emprendimiento. Pero al mismo tiempo habrá que cotejarlo con la Constitución Política de la República vigente y todo el Ordenamiento jurídico Nacional.

Por lo tanto hay mucho que estudiar aún en la maeteria. Incluso la CPC ha anunciado recurrir a una consultoria Internacional a los efectos, la SOFOFA ya lo estudia, en fin habrán aportes.

Por nuestra parte hemos abierto un blog www.Indigena-chile.blogspot.com a fin de contribuir a su estudio.

MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS, PINCHA AQUÍ

http://blogs.elmercurio.com/revistadelcampo/2009/06/01/ratificacion-del-convenio-oit.asp#comments

Ratificación del Convenio OIT 169: Propuesta de desarrollo

Ratificación del Convenio OIT 169: Propuesta de desarrollo

ALDO CERDA
Gerente Bosques, Industria, Construcción y Servicios Sustentables
Fundación Chile

La ratificación del Convenio 169 de la OIT determina un cambio significativo en las relaciones de los pueblos indígenas con el Estado de Chile y de cómo se relacionan con sus territorios de referencia. Para la Región de la Araucanía, marcada desde hace más de una década con el recrudecimiento del llamado "conflicto mapuche" y asolada no sólo por el flagelo del desempleo, sino que, más grave aún, por la falta sistemática de inversión productiva, la entrada en vigencia de este acuerdo internacional amenaza con ensanchar la brecha de oportunidades de sus habitantes con el resto del país si seguimos haciendo "más de lo mismo".

Al parecer el Ejecutivo ha decidido actuar. Sin embargo, las propuestas revelarían una peligrosa tendencia a profundizar los problemas existentes. Por ejemplo, el establecimiento de una suerte de royalty, adicional a la inversión realizada, que sería de beneficio de las comunidades del área de influencia del proyecto: si hasta aquí la situación se caracteriza por la falta de emprendimiento privado, ¿por qué un gravamen adicional habría de cambiar tal situación? Peor aún, ¿no movería a levantar toda clase de reivindicaciones nuevas para ser identificado y compensado como afectado?

Sin riqueza creada no hay posibilidad de redistribuir. Y para crearla es necesario atraer la inversión y, tal como en gobiernos pasados se desarrolló un plan especial para la reconversión de Arauco, un esquema similar podría aplicarse a las provincias donde el convenio tenga más impacto: exenciones tributarias, subsidios a la contratación de mano de obra indígena, apalancamiento de las inversiones, seguridad jurídica son, entre otros, mecanismos que deben emplearse agresivamente si no queremos construir un gueto étnico en la mitad de nuestro territorio, el cual más temprano que tarde nos repercutirá en la construcción de nuestra marca país.

¿Hay oportunidades de creación de valor significativas en la Araucanía? A lo menos se identifican rápidamente dos: la forestación y el desarrollo de proyectos de energía renovable (a partir de biomasa y geotermia). Se necesitarán posiblemente nuevos modelos de negocio y la creación de una institucionalidad diferente para constituir los encadenamientos productivos necesarios.

Mark Twain decía que el coraje no es la ausencia de temor, sino el acto de dominar ese temor: Apelemos al coraje de nuestros emprendedores para apostar a un escenario diferente al actual.

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Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

Nuevo Código Indígena en la mirada del gobierno y la oposición

Como está planteado el código es una iniciativa negativa, puede afectar la inversión y lo que queremos es propiciar la inversión e incorporar en ese desarrollo a los pueblos indígenas. Ésa es la clave y el concepto que queremos instalar.

Rodrigo Yáñez advierte que norma como está planteada "es negativa"

- ¿Qué le parece el código de conducta responsable elaborado por el gobierno?

- Uno puede ver que el proyecto de código como está planteado hoy -sin perjuicio de su carácter preliminar- puede llevar a una paradoja, en el sentido que esté regulando inversiones que en definitiva puedan ahuyentarse en las áreas que regule.

- ¿Qué otros reparos tiene frente a cómo el Ejecutivo ha abordado la futura norma?

- No existe en el código ninguna relación con el Sistema de Impacto Ambiental (SEIA). Entonces, la doble regulación del proyecto es un factor que obviamente va a pesar a la hora de decidir inversiones. Ahora sí creo que la consulta que plantea a los pueblos originarios - el Convenio 169- es válida que se recoja y que exista una consulta que recoja la especificidad del bien protegido que en este caso son los pueblos indígenas. Pero podría abordarse de una manera más eficiente en un mecanismo que hoy ya exista y me refiero al SIA.

- ¿Qué otros puntos podrían afectar la inversión?

- Un tema importante, es donde se plantean los beneficios, me parece importante separar la consulta sobre los impactos de un proyecto versus los beneficios de los pueblos indígenas en ese proyecto. Porque como está planteado es una herramienta de presión que puede desvirtuar un proceso negociador de buena fe.

- ¿Qué le parece que en septiembre el código esté operativo en el sector público?

- El código tiene un montón de disposiciones que no pueden ir por la vía de un instructivo presidencial como la designación del Consejo de Certificación, en que se involucra al Senado, las materias que regula el código deben ser materia de ley.

El instructivo obliga al sector público y no al privado, entonces me pregunto: ¿Qué pasa con las empresas públicas, como Codelco, Enap, Enami y sus proyectos de inversión?.

- Ustedes están por ampliar el SEIA, pero no a favor de crear un nuevo mecanismo de certificación como lo plantea el código.

- A favor del SEIA y el código, pero tienen que coordinarse las dos instancias. No es posible que no aparezca en ninguna parte del código de qué manera esto se va a empalmar con lo otro. Me parece que no por establecer un mecanismo de consulta podemos paralizar las inversiones. Lo que sí esas inversiones tienen que hacerse responsablemente incorporándolo en su desarrollo.

- Piñera en la reunión con los empresario en el CEP no se mostró muy dispuesto a acoger esta iniciativa y planteó sus reparos...

- Como está planteado el código es una iniciativa negativa, puede afectar la inversión y lo que queremos es propiciar la inversión e incorporar en ese desarrollo a los pueblos indígenas. Ésa es la clave y el concepto que queremos instalar.

Rodrigo Egaña Comisionado Presidencial : "El código también garantiza inversiones"

Nuevo Código Indígena en la mirada del gobierno y la oposición

Rodrigo Egaña: "El código también garantiza inversiones"

- ¿Qué le parece el rechazo de los empresarios al código de conducta?

- Nos parece que la discusión es positiva y relevante porque nos permitirá construir un mejor y más sólido código de conducta responsable. Éste es un conjunto de normas que definen los estándares de una gestión responsable de proyectos de inversión en tierras indígenas.

Todos los actores interesados, tanto empresarios, indígenas y otros deben expresar sus opiniones y hacer llegar sus aportes para perfeccionarlo.

- Pero el mayor reclamo es que la nueva normativa afectará las inversiones...

- Por el contrario. Creemos que el código dará mucha más certeza de la que se tiene ahora. Esta futura normativa protege los derechos indígenas, pero también garantiza las inversiones. Ese es el círculo virtuoso que queremos alcanzar.

El Código de Conducta Responsable se está elaborando para dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT. El Estado tiene la obligación de cumplir este convenio y, además, dar certidumbre, a través de instrumentos como éste: A los indígenas, garantizando que los derechos que tienen sean respetados; y a los empresarios, garantizando sus futuras inversiones.

- ¿Van a recoger las sugerencias del empresariado?

- Por supuesto, todas las sugerencias serán estudiadas para ver en qué medida pueden ser recogidas en la nueva versión del código. Desde un inicio hemos dicho que se trata de un borrador, y éste será enriquecido con el aporte de todos los sectores y centros de estudio que quieran hacerlo antes de una versión definitiva, la que presentaremos a la Presidenta.

- ¿Pero la CPC ha decidido contratar una asesoría externa para analizar el tema?

- Están en su pleno derecho. Ojalá que también haya muchos comentarios y aportes por parte de los empresarios que permitan construir un mejor código.

- ¿Qué le parece que en el CEP los empresarios más connotados del país plantearan su preocupación al candidato opositor Sebastián Piñera frente al borrador del gobierno?

- Nos parece positivo que se discuta y se lea en todos los ámbitos.

- ¿Esta iniciativa corre riesgo de salir elegido presidente Piñera?

- Cualquiera sea la orientación del gobierno que suceda al de la Presidenta, deberá asumir las responsabilidades que le competen al Estado producto de la entrada en vigencia del Convenio 169.

La manera como el futuro gobierno responderá a esas obligaciones dependerá de sus orientaciones programáticas y doctrinarias. Lo importante es que en esta materia debemos generar las bases para la continuidad de las políticas públicas.

codigo indigena: debe haber una aproximación con el gobierno y sus participantes, dijo

CODIGO INDIGENA DE CONDUCTA RESPONSABLE

debe haber una aproximación con el gobierno Y sus participantes, dijo

Consejo Minero: "Vemos con mucho detalle el Código Indígena"

Cristián Fernández / Corresponsal Zona Norte DF

La creación del Código Indígena, en virtud del convenio 169 de la OIT, no debiera frenar los proyectos mineros, ni ser una cortapisa para la generación de nuevos negocios en el rubro, dijo el presidente del Consejo Minero, Francisco Costabal.

La regulación, que entrará en vigencia en septiembre, plantea a las empresas evaluar sus proyectos cada tres años y compartir sus beneficios con las comunidades indígenas donde se desarrollan las inversiones.

"Es una guía que estamos analizando con mucho detalle y que hay que estudiar y creemos que se debe hacer una aproximación con el gobierno y las instituciones participantes, de modo de evitar posibles conflictos. En todo caso, no creo que esto pueda tener implicancias sobre la inversión minera, ya que las empresas involucradas en el negocio tienen bastante experiencia con este tema", explicó el dirigente, en el marco de la cena de la Asociación de Industriales de Antofagasta.

Stock disminuyendo

Sobre el precio del cobre, Costabal señaló que lo peor de la crisis ya pasó y una buena señal es la baja en los stocks del metal. "Estamos bastante más confiados que hace unos meses puesto que hay buen sustento económico para mantener los precios a estos niveles. Los stocks siguen bajando, lo que indica que estamos en presencia de un consumo y de reactivación. Creo que el precio promedio se ubicará por sobre los
US$ 1,75 la libra", indicó.

Sin embargo, el directivo advirtió que no hay que confiarse plenamente en los mejores precios, puesto que aún hay señales "contradictorias" que pudieran afectar el negocio de largo plazo.

ENERGIAS RENOVABLES : geoglobal energy prevé invertir US$ 1.500 millones en la instalación de 500 mw en nuestro país

ENERGIAS RENOVABLES Y COMUNIDAD INDIGENA

Compañía estadounidense planea en Chile millonaria inversión en energía geotérmica

Marco Gutiérrez V.DF

Desarrollar una capacidad instalada de 500 MW en nuestro país en los próximos diez años, lo que involucra inversiones por US$ 1.500 millones, es la ambiciosa meta de la estadounidense Geoglobal Energy (GGE) en Chile.

Para ir en la búsqueda del objetivo, la geotérmica -cuyo mayor accionista con el 25% es la neocelandesa Mighty River Power, tercer actor eléctrico de Nueva Zelanda- será la primera firma en Chile que pedirá una concesión de explotación para esta energía. Ello, para el proyecto Tolhuaca en la IX Región, que tendrá una capacidad de 75 MW –para el consumo de Temuco y Valdivia- y requerirá una inversión de
US$ 250 millones.

En la zona, construirán una planta a partir de 2011, que demandará 400 puestos laborales. En 2010, en tanto, terminarán los pozos de producción de 1.300 metros de profundidad, luego de que las perforaciones de exploración mostraran en abril pasado resultados positivos respecto de los recursos que estos contienen.

Para impulsar su plan de negocios, la firma contrató como country manager de GGE Chile a Rüdiger Trenkle, quien hasta la semana pasada fue gerente general del Túnel San Cristóbal.

El ejecutivo -ingeniero civil de la Universidad de Munich y ex gerente de la germana Hochtief- también liderará los planes de GGE en Perú, donde por estos días están conformando la sociedad para sondear proyectos de geotermia.

Pasos para llegar a la meta

Trenkle dijo que uno de los pasos que darán para llegar a los 500 MW será la solicitud de concesiones de exploración para buscar recursos. Indicó que ya realizaron las primeras solicitudes particulares al gobierno para investigar el norte grande y el sur del país, en zonas que prefirió mantener en reserva por motivos estratégicos. De todos modos, comentó que si otra empresa solicita una concesión en un sector donde ya existe una petición, las autoridades deben efectuar una subasta.

La compañía, además, competirá por las casi 20 concesiones de exploración geotérmica que lanzará el Ministerio de Minería. De hecho, ya están en carrera para la licitación de Puchuldiza en la I Región y espera que durante este año se adjudique la cartera anunciada por el gobierno para que las empresas comiencen a trabajar en 2010.

El ejecutivo afirmó que cuentan con el apoyo financiero de Mighty River Power y la experiencia de más de 30 años de trabajo de los otros fundadores de GGE. "Para entrar en geotermia se necesitan capitales fuertes y pacientes", indicó.

La neocelandesa Mighty River Power tiene participación en estaciones de energía que poseen una potencia instalada de 1.475 MW. De ellos, la mayoría corresponde a energía hidroeléctrica y cerca de 380 MW a plantas geotérmicas.

Mercado y el Código Indígena

El country manager de GGE en Chile afirmó que nuestro país tiene una capacidad potencial de 2.000 MW en energía geotérmica y señaló que existe un retraso en su utilización, al igual que en el resto de Sudamérica.

Comentó que "Indonesia, un país que no está a la par de Chile en materia de desarrollo, tiene 3.500 MW en energía geotérmica instalada funcionando actualmente".

Consultado sobre posibles problemas derivados de las iniciativas del Código Indígena, Trenkle sostuvo que "espero que no genere problemas burocráticos, pero en nuestro trabajo no nos preocupa, aunque podría haber recursos que estén en zonas indígenas". Lo anterior, explicó, porque se trata de generación de energía limpia, "incluso el agua que sacamos la volvemos inyectar en pozos para ese objetivo", dijo.

Destacó que en Nueva Zelanda, donde existen normas estrictas de relación con los pueblos originarios, han logrado incluir a la comunidad maorí en los proyectos e, incluso, estos desarrollaron negocios junto a las plantas, como por ejemplo un mega invernadero que da empleo a 300 mujeres.

Con relación a posibles temores de la empresa ante la eventual demora en la tramitación ambiental de las iniciativas que emprenderán, Trenkle indicó que "no debería haber problemas, cuidaremos extremadamente el medioambiente". Recordó que el único proyecto que ha enfrentado rechazo es el que impulsa ENAP y Enel, a través de la Empresa Nacional de Geotermia (ENG), en la zona del Tatio, donde la comunidad indígena teme por el impacto en los geiser del sector y las secuelas en el negocio turístico.