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jueves, 8 de octubre de 2009

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¿Ministerio de Asuntos Indígenas? Aprenderá algún día el estado chileno?

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escrito por José Venturelli   

miércoles, 30 de septiembre de 2009

Parece que no hay forma de hacer entender al gobierno que respetar e incluir no significa anunciar lo que hacen en beneficio de quien quiera que sea. El gobierno chileno, como lo escuché y se le dijo claramente en la reunión de Ginebra sobre el Examen Periódico Universal de DDHH's en Chile, no quiere entender que debe aceptar que se trata de un pueblo diferente, con sus propias particularidades y que no es posible "invitarlo a una inauguración" mientras tanto, siguen reprimiéndolo.

Los ejemplos de represión no faltan: el caso de las tejedoras Mapuche de Calle Lastarria en Santiago cuyas viviendas fueron asaltadas a las 6 de la madrugada, el de las comunidades de Freire donde desencadenaron una violencia absolutamente estúpida, o de los dirigentes de las comunidades mapuche que siguen presos con montajes ilegítimos y sufriendo apremios y torturas que no son aceptables bajo ningún punto de vista. Menos los asesinatos de jóvenes Mapuche en sus demandas por sus derechos: ya van seis muertos sin juicios ni condenas para nadie. Y esto fue dicho claramente en la reunión ya mencionada.. Las felicitaciones a los represores no estimulan al diálogo ni mucho menos una solución!

La política de la zanahoria y del látigo no sirve y seguir por el camino actual, mostrando zanahorias de cuando en cuando, con ministros como Perez Yoma o Viera-Gallo que no saben lo que es respetar al pueblo Mapuche, sólo llevará a mayores problemas y a una escalada de violencia que vemos venir en las acciones del gobierno. ¿Cuándo se reúne el gobierno con el Consejo de Lonkos o las autoridades que el pueblo Mapuche reconoce? El paternalismo no reconoce  cualidades personales ni derechos: se pone por encima de todos. Los palos a los que no lo acepten sólo aumentan el potencial de violencia. Aunque se cambie un gobierno, este problema no volverá a fojas cero. La construcción de un Apartheid para el pueblo Mapuche, -aunque se hagan muchos Ministerios e Institutos, o que se inauguren lugares pre-electorales-, y el todo al margen de los principios de democracia participativa, esta brutal exclusión sólo se consolida. Debemos trabajar para pararla a pesar de que no sea "tema" de candidatos.
 
José Venturelli,

Ginebra, Suiza



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Fuente:CLARIN
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Saludos
Rodrigo González Fernández
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INDÍGENAS-CHILE: Encono en aumento

INDÍGENAS-CHILE: Encono en aumento
Por Daniela Estrada

SANTIAGO, 7 oct (IPS) - El conflicto entre el gobierno de Michelle Bachelet y los pueblos indígenas de Chile está lejos de distenderse. Al recrudecimiento de los enfrentamientos entre mapuches y policías en el sur, se sumó la presentación de un recurso de protección contra la presidenta y un ministro.

A fines de julio, un grupo de comunidades del pueblo mapuche, la principal etnia indígena de este país con casi un millón de integrantes, inició un proceso de recuperación de territorios ancestrales en la región de La Araucanía, 680 kilómetros al sur de la capital chilena, mediante la ocupación de predios privados que reclaman como propios.

Las acciones de los comuneros reunidos en la Alianza Territorial Mapuche dieron pie a varios choques con fuerzas especiales de Carabineros (policía uniformada). Mientras el gobierno indica que desde 1994 se han traspasado más de 650.000 hectáreas a los pueblos indígenas, los comuneros acusan lentitud en la resolución de sus solicitudes.

El domingo 4, la Alianza denunció que siete jóvenes y dos niños mapuches, ajenos a la protesta, fueron heridos por perdigones disparados por la policía. Algunos de ellos perdieron la visión por recibir impactos en sus ojos.

Asimismo, las comunidades mapuches de Rofue y de Temucuicui --una de las más activas en la reivindicación de territorios-- aseguraron el lunes haber sido víctimas de violentos allanamientos de carabineros, que se trasladaban inclusive en helicópteros.

El agricultor René Urban, dueño de un fundo reclamado por Temucuicui, construyó una fosa para impedir el ingreso de los indígenas, alegando haber soportado más de 60 ataques. Los mapuches cuestionaron duramente la medida.

Según los indígenas, un niño de 14 años que recolectaba hierbas para el machi (curandero) de Rofue fue atacado a balazos por la policía, luego detenido, subido a un helicóptero y amenazado con ser lanzado al vacío por los efectivos si no declaraba su responsabilidad en la toma, informó el no gubernamental Observatorio Ciudadano.

En un comunicado, la filial chilena de la organización no gubernamental Amnistía Internacional expresó "su preocupación por los informes que indican que la tensión, entre algunas comunidades indígenas mapuche y las autoridades, ha vuelto a agudizarse en los últimos días", al tiempo que cuestionó la excesiva fuerza ejercida por la policía, así como los ataques indígenas a particulares y a la propiedad privada.

La Comisión Ética contra la Tortura, ámbito de coordinación de organizaciones de derechos humanos y de personalidades que lucharon contra la dictadura militar (1973-1990), informó a fines de septiembre que 99 indígenas y personas vinculadas al conflicto mapuche están encarceladas, condenadas o procesadas en Chile, de acuerdo a un recuento de casos registrados entre el 1 de enero y el 25 de junio de 2009.

En la otra vereda, empresarios agropecuarios se reunieron el martes con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Urbano Marín, para manifestarle su preocupación por la actuación de algunos jueces de garantía que, en su opinión, dejan equivocadamente en libertad a mapuches acusados de actos de violencia en el sur.

Pero no solo los mapuches se han movilizado en las últimas semanas.

Indígenas atacameños del norte protestaron por el posible daño causado al campo de géiseres de El Tatio, administrado por dos comunidades, por una fuga de vapor de agua a pocos kilómetros de ese sector turístico, donde se realiza una exploración geotérmica. Aseguran que no nadie escuchó sus advertencias.

Este miércoles, las comunidades presentarán un recurso de protección contra la empresa chilena-italiana a cargo del proyecto para que se paralicen definitivamente las obras, pese a que ya se detuvo la fumarola artificial de entre 30 y 60 metros.

Estos focos de conflicto se suman a la polémica generada por el envío al parlamento de dos iniciativas legales que crean un ministerio de asuntos indígenas, un consejo de pueblos indígenas y una agencia de desarrollo indígena.

El 29 de septiembre, la presidenta firmó los proyectos de ley que establecen esos tres organismos que absorberían a la cuestionada Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, acusada de actuar de forma burocrática y politizada.

La mandataria aseguró que la nueva institucionalidad indígena surgió "de la consulta nacional que realizamos a principios de año y también del trabajo que hemos realizado desde el comienzo del gobierno".

Esta reforma se enmarca en la entrada en vigor, el 15 de septiembre, del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes.

Pero el martes, dirigentes mapuches, entre ellos Aucán Huilcamán, autoridad del Consejo de Todas las Tierras, presentaron un recurso de protección contra la presidenta Bachelet y el ministro secretario general de la Presidencia y coordinador de Asuntos Indígenas, José Antonio Viera Gallo.

Los comuneros arguyen el incumplimiento del derecho a la consulta --que debe realizarse por medios adecuados, de buena fe y con miras a conseguir el consentimiento de los indígenas, sobre todas las materias que los afecten--, consagrado en el Convenio 169.

Según Huilcamán, los proyectos de ley "son inconsultos y a la vez no cuentan con el consenso, como lo establece el artículo 6 del Convenio 169. Nos parece extremadamente grave que, teniendo tres semanas de vigencia el Convenio, sea trasgredida la columna vertebral de este instrumento".

La portavoz de gobierno, Carolina Tohá, respondió que el gobierno ya hizo una consulta sobre la creación de un consejo de pueblos indígenas y que, en ese marco, surgió la necesidad de hacer una reforma más integral, la cual se materializó en los dos proyectos de ley firmados por la mandataria.

Tohá agregó que, durante el debate parlamentario, se realizará una nueva consulta.

Avizorando problemas de este tipo, en su informe sobre su visita a Chile en abril de este año, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya, recomendó al país "hacer una consulta sobre la consulta", que no ha tenido lugar hasta ahora. Para analizar los desafíos de la implementación del Convenio 169, el lunes y el martes se celebró en la capital chilena un seminario internacional.

Los indígenas presentes en la cita se mostraron divididos en torno a este tratado. Algunos llamaron a estudiarlo a fondo y a utilizarlo profusamente, mientras que otros dudaron de su efectividad y de la real voluntad del gobierno para llevar a cabo las reformas necesarias para su aplicación, considerando, por ejemplo, la política represiva desplegada en La Araucanía.

"Es normal el escepticismo y la desazón que existe respecto a la implementación plena del Convenio porque ha existido un proceso de mucho engaño, de muchas violaciones sistemáticas de derechos humanos", dijo a IPS Alfredo Seguel, del Grupo de Trabajo Mapuche por los Derechos Colectivos.

"Nosotros creemos que el pacto 169 es una herramienta poderosa, que no está sola, que forma parte de un bloque de derechos humanos colectivos, que se tienen que interpretar con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El Convenio 169 es el piso mínimo y la Declaración el máximo", planteó.

De hecho, ya hay algunos ejemplos del uso exitoso de este Convenio, como el de una machi que presentó un recurso de amparo para proteger un sector de tierra de uso medicinal amenazado por la industria forestal, que fue acogido por la justicia.

Sin embargo, a algunos comuneros les preocupa que se termine en una "judicialización" de los conflictos.

Además de las dificultades para regular los procesos de consulta sobre políticas públicas, iniciativas legales y proyectos de inversión, se prevén graves pugnas para modificar las leyes sectoriales que hoy colisionan con derechos de los pueblos indígenas, entre ellos los Códigos de Agua y Minería.

"El ordenamiento jurídico, político y administrativo del país tiene que adecuarse al Convenio y no, como el gobierno ha tratado de hacer, que el Convenio se adecue a la legislación sectorial", sostuvo Seguel.

"El tema de fondo es que este país, que es 'ultraneoliberalista', sigue siendo controlado por los grupos económicos, y los intereses empresariales y de lucro siguen estando por sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Ha habido modificaciones sustanciales, pero no cambios profundos", concluyó.(FIN/2009)

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Ministro Viera-Gallo confirma la compra de predio a Jorge Luchsinger

Hoy se reúnen autoridades para analizar aplicación de Convenio 169

Ministro Viera-Gallo confirma la compra de predio a Jorge Luchsinger

  • El ministro para Asuntos Indígenas, José Antonio Viera-Gallo, confirmó ayer que el gobierno comprará 237 hectáreas del fundo Santa Margarita al agricultor Jorge Luchsinger.

    El empresario de la IX Región decidió vender el predio tras haber sufrido más de 30 ataques en los últimos nueve años, perpetrados por grupos vinculados a los grupos mapuches.

    El ministro Viera- Gallo dijo que la compra de hectáreas al empresario "es un acuerdo que estaba suscrito desde antes que yo asumiera esta responsabilidad, y esperamos materializarlo a la brevedad".

    Respecto al precio que pagará la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena por las tierras de Luchsinger, que alcanzan los $ 4,5 millones por hectárea, el secretario de Estado afirmó que "lo que creemos en ese caso particular por el tipo de suelo, de siembras o de plantaciones, es que el precio acordado parece razonable".

    En la oportunidad, la autoridad aseguró que "no tiene fundamento jurídico" el recurso de protección presentado por dirigentes mapuches, donde lo acusan a él y a la presidenta Bachelet de violar el artículo sexto del Convenio 169 de la OIT. 

    Viera-Gallo descartó también que los proyectos de ley que crean un ministerio, y un Consejo Nacional de Pueblos Indígenas sean "arbitrarios e ilegales", como dice el escrito interpuesto en la Corte de Apelaciones de Santiago por los dirigentes del Consejo de Todas las Tierras.

    Hoy se reúne en La Moneda el Consejo Ministerial para Asuntos Indígenas con el fin de analizar los avances en la implementación del convenio 169 de la OIT, el procedimiento y la política de compra de tierras, entre otras materias.
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América indígena ante el siglo XXI

Libros

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 América indígena ante el siglo XXI 

  

Julián López y Manuel Gutiérrez (coords.) 

18 
Ed. Fundación Carolina y Siglo XXI 
Madrid, octubre de 2009, 506 págs. 
ISBN: 978-84-323-1418-6 
 
 

Uno de los acontecimientos sociales de mayor trascendencia en América Latina desde finales del siglo XX ha sido la llamada emergencia de los pueblos indígenas. Las organizaciones indígenas de los diferentes países han pasado a convertirse en actores no sólo visibles sino de primer orden; además, el valor y significado de las culturas indígenas se proyecta con fuerza más allá de los ámbitos locales. En este libro se reflexiona sobre esos procesos de redefinición del lugar que ocupan actualmente: las nuevas formas de diálogo con los estados nacionales y con las ONG de desarrollo, la reconfiguración de las relaciones políticas, de género y culturales dentro de los pueblos indígenas y, en fin, algunos hechos sociales que permiten conocer problemas y perspectivas de los pueblos indígenas de Iberoamérica en el comienzo del siglo XXI.



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Indígenas presentan recurso de protección contra la Presidenta y Ministro Viera Gallo

Indígenas presentan recurso de protección contra la Presidenta y Ministro Viera Gallo

  • Solicitan anular la tramitación de los Proyectos de Ley sobre la creación del Consejo de Pueblos Indígenas, la creación de la agencia de Desarrollo Indígena y del Ministerio Indígena. Por Hortencia Hidalgo


Escrito por Hortencia Hidalgo


El Naveghable
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En la corte de apelaciones los dirigentes indígenas Aucan Huilcaman Paillama, encargado de las relaciones internacionales de la organización tradicional Mapuche Aukin Wallmapu Ngulam - Consejo de Todas las Tierras, Hortencia Hidalgo Cáceres, vocera del Consejo Autónomo del Pueblo Aymara de Arica y José Santos Millao Palacios, Presidente de la organización Nacional Mapuche Ad-Mapu presentaron un recurso de protección en contra de la Presidenta Michelle Bachelet Jeria y de José Antonio Viera Gallo, Ministro Secretario de la Presidencia, solicitando anular la tramitación de los Proyectos sobre la creación Consejo de Pueblos Indígenas, la creación de la agencia de Desarrollo Indígena y del Ministerio Indígena.

Esto considerando actos ilegales, arbitrarios y omisiones efectuados por los recurridos y que afectan y amenazan los derechos colectivos como resultado intrínseco de los mencionados proyectos de ley que se refieren a los Pueblos Indígenas y sus derechos.

Los dirigentes indígenas señalaron que los proyectos de leyes sobre creación de un Consejo de Pueblos Indígenas, la Agencia de Desarrollo Indígena y el Ministerio Indígena configuran de manera plena y absoluta la ilegalidad de parte de las autoridades recurridas, y se origina concretamente a raíz de la omisión sobre el derecho a la consulta y consenso con organismos representativos de los Pueblos indígenas establecido en el articulo 6 del Convenio 169 de la OIT instrumento vigente desde el día 15 de septiembre 2009.

Dicho artículo establece que: 1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán: a) consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente y el inciso 2. establece que las consultas llevadas a cabo en aplicación de este Convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), es un instrumento internacional de derechos humanos por ende tiene preeminencia sobre la constitución política del Estado y, por tanto, el derecho a la consulta con los Pueblos Indígenas tiene dimensión absoluta que en esta oportunidad se ha omitido por la autoridad recurrida

Las organizaciones del Pueblo Mapuche y del Pueblo Aymara han presentado en numerosas oportunidades bajo la actual administración de gobierno un conjunto de propuestas y proyectos de ley con el objeto de mejorar jurídicamente la situación de los Pueblos Indígenas de Chile, entre ellos propuestas sobre reconocimiento constitucional indígena para garantizar el goce y ejercicio de los derechos colectivos que comúnmente se han visto vulnerados a raíz de la ausencia de normatividad jurídica y mecanismos de diálogo y consulta. En este mismo contexto el día 09 de septiembre decenas de organizaciones de diversos pueblos indígenas presentamos un proyecto de ley al poder ejecutivo para conseguir la participación política de los Pueblos Indígenas en el Parlamento del país, sin embargo, este fue desechado completamente a pesar de constituir un compromiso.



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