| Por: Juan Pablo Rodríguez Velázquez
A casi seis meses de haber asumido la presidencia de Chile, Sebastián Piñera tiene ante sí dos grandes problemas que, como máximo dignatario de ese país, lo comprometen a asumir una posición y a tomar medidas oportunas, pues cualquier desenlace de ello, bueno o malo, para bien o para mal, influirá en la imagen de su gobierno.
En primer lugar, por orden cronológico, la huelga de hambre que 32 mapuches han mantenido durante casi dos meses en diversos centros carcelarios del sur de Chile empieza a adquirir tintes dramáticos en la salud de quienes, como parte de un pueblo ancestral, han reclamado durante siglos su derecho a la tierra.
Por otro lado, los 33 trabajadores de la mina "San José", quienes desde el pasado 5 de agosto permanecen atrapados a unos 700 metros de profundidad, reclaman del Estado no sólo la agilidad en las operaciones de rescate, sino una investigación puntual respecto de los motivos del desplome y de las irregularidades operativas que pudieran haberlo propiciado.
Al respecto, el mandatario ha dado muestras alentadoras de que tiene voluntad política para encontrar soluciones o, al menos, para paliar el desánimo, sobretodo durante la última semana, cuando manifestó en diversas ocasiones su preocupación y deseos por resolver de la mejor manera ambas coyunturas.
¿TERRORISTAS?
El pasado 3 de septiembre, en un discurso emitido desde el Palacio de la Moneda, Piñera pidió a líderes políticos y religiosos su colaboración para lograr que los 32 mapuches depongan su huelga de hambre, luego de que el ayuno que han mantenido propiciara la descompensación y hospitalización de cinco de ellos.
En su discurso, Piñera expresó que el gobierno encabezado por él protegerá la vida de todos los chilenos, "con la misma fuerza con que hemos luchado por salvar la vida de los mineros. Vamos a tener la misma actitud para salvar la vida de los que a través de una huelga de hambre pueden atentar contra su integridad física o su propia vida", dijo.
Luego, anunció la conveniencia de reformar la denominada ley antiterrorista, misma que, según organismos locales y mundiales, ha afectado injustamente a los mapuches debido a las excepciones jurídicas que contiene, toda vez que éstas vulneran sus garantías.
Además de otorgar mayores atribuciones a los policías y a la justicia, esta ley incomunica a los inculpados, les niega garantías importantes como la libertad condicional y, lo que ha generado más críticas, contempla condenas demasiado elevadas.
A decir de analistas chilenos y legisladores de oposición, la ley antiterrorista es una de las herencias dictatoriales más cuestionadas por organizaciones de derechos humanos y no gubernamentales, dentro y fuera del país.
Las luchas reivindicativas que esta etnia ha llevado a cabo por su derecho a la tierra, independientemente de la violencia que implica ocupar terrenos y quemar propiedades como un acto desesperado por recuperar algo que la modernidad les quitó, no son actos terroristas; acaso sean parte de un círculo vicioso, pero nunca un acto terrorista, en el sentido literal (de "infundir terror") que esta palabra designa.
Sin embargo, también destaca que varias voces, como la del senador izquierdista Alejandro Navarro, traten de ver el problema con la imparcialidad que éste exige, sobretodo porque es terreno de las leyes y la justicia.
De acuerdo con el legislador, la propuesta de Piñera Echenique para enmendar una ley tan anacrónica e implacable no exige la creación de otra ley (en este caso exclusiva) para los mapuches, ni mucho menos exentarlos de la aplicación de la ley como a cualquier ciudadano chileno.
La idea, según ha declarado Navarro, es modificar la normativa de esta ley; delimitar las atribuciones de la justicia militar y juzgar a los presos mapuches bajo otra óptica, pues incluso modificándola podría suceder que no obtuviesen libertad.
Sin embargo, quizá con las enmiendas llegue a haber una reducción a sus respectivas condenas y un tratamiento más justo que evite clasificarlos y condenarlos como si en verdad fueran "terroristas".
Así, quedaría claro que no es posible, en un Estado democrático, justificar cualquier acto de violencia y afectación a la seguridad o al orden público, pero también quedaría claro que para acusar a alguien de "terrorista" debe haber acciones, previstas en la ley, que conformen dicho perfil de una manera más específica.
Quizá por ello, el gobierno de Piñera estudia ya enviar al parlamento chileno sus reformas a una ley tan polémica. Este gobierno, según declararon en recientes días el ministro y viceministro del interior, pretende tipificar de otra manera los delitos de carácter terrorista, así como rebajar la pena de algunos delitos.
Además, pretende delimitar el ámbito de la justicia militar, otra de las exigencias que los mapuches han entronado al rechazar, con justa razón, el doble juzgamiento de la justicia civil y militar.
DE PELICULA
Para el caso del yacimiento "San José", destacan las acciones del gobierno, concretamente del Minsterio de Minería en ese país, para acelerar las tareas de rescate, luego de que las víctimas mostraran al mundo su capacidad de sobrevivencia, tras la exitosa operación de la sonda que los encontró, casi milagrosamente.
La historia parece cinematográfica, épica, tomando en cuenta todo lo que está implicado:
Máquinas perforadoras; millones de dólares; planificación minuciosa; asesoría de expertos de la NASA; médicos y psicólogos a distancia; toneladas de material; piedras que los mismos mineros deberán remover cuando éstas empiecen a caer en el refugio; medios de comunicación con su mira en cada pormenor; la familia de las víctimas, un pueblo atento al devenir mediático, entre la incertidumbre y la esperanza.
Y todo, porque vale la pena rescatar las 33 vidas que, con lujo de estoicismo, deberán esperar entre dos y tres meses más para que las complejas máquinas de perforación hagan su trabajo y sea posible el rescate, probablemente para permitirles festejar la navidad más feliz de su vida.
El denominador común de estas dos situaciones es la premura que exigen para tomar decisiones; en ambos casos, las acciones del gobierno serán fundamentales, pues cada minuto que pase será crucial en la vida de estas 55 personas (mineros y mapuches).
No hay duda de que todos los chilenos, el mundo entero, el mismo Piñera y su gabinete de ministros, esperan en ambos casos un final feliz.
Los niveles de aprobación popular hacia la gestión de este gobierno mostraron durante julio y agosto índices reveladores respecto de la importancia que tiene no sólo el discurso político, sino también las decisiones tomadas por todo un gobierno.
En julio y agosto, según la firma consultora Adimark, los índices de aprobación a Sebastián Piñera fueron de 46 y 56 por ciento, respectivamente; incremento que, de acuerdo con la empresa encuestadora, obedeció a las acciones inmediatas del gobierno para rescatar a los mineros.
Aún falta ver cómo reaccionan los mapuches en huelga de hambre ante las buenas intenciones del gobierno por reformar la ley; aún falta ver si deponen su ayuno prolongado; aún falta ver si se cumple la meta de metros perforados al día por las máquinas en el yacimiento "San José".
Esperamos que no sea demasiado tarde.(Xinhua)
09/09/2010 |
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