Sobre el interés nacional y la cuestión indígena en Chile
Las noticias desde el sur se vuelven día a día más dramáticas. Hoy lamentamos nuevamente la muerte de un comunero mapuche por una bala policial que lo alcanzó por la espalda, en medio de enfrentamientos originados por la ocupación de facto de predios considerados por ellos como parte de su territorio ancestral.
La vorágine informativa, coludida con la concentración de medios de comunicación, han dificultado la comprensión de las coordenadas del conflicto. La mayoría de éstos -salvando a aquellos que como Radio Bío Bío que merecen mención aparte- se han limitado a hacer eco del discurso oficialista acerca del aislamiento de los grupos violentistas que serían los responsables de los últimos acontecimientos en la Araucanía. Sin embargo, esto no pasa de ser -en el mejor de los casos- una muestra de la ignorancia en que se encuentran nuestras autoridades con respecto a lo que sucede en el Ngulumapu, o quizás, una cortina de humo que pretende ocultar el verdadero alcance de los mismos.
Primero, porque las acciones que desde hace unas semanas se suceden en el territorio mapuche, no son llevadas a cabo por grupos aislados ni que reivindiquen el violentismo como método de acción política. Muy por el contrario, se trata de una agrupación de comunidades y lof mapuche que utilizan las vías de hecho para ejercer sus derechos fundamentales internacionalmente reconocidos, particularmente su derecho al territorio, ante la desidia de un gobierno que les cerró la puerta a sus dirigentes antes que todo esto comenzara. La segunda imprecisión del discurso oficial, es la relativa los responsables de la violencia. Quienes rondan por los campos del sur de Chile fuertemente armados no son los comuneros mapuche amedrentando a los agricultores, sino las Fuerzas Especiales de Carabineros cumpliendo órdenes de represión emanadas desde el Ministerio del Interior. Los heridos con perdigones no son policías cobardemente emboscados, sino lonkos que no llevan ni cascos ni chalecos antibalas para afirmar sus derechos territoriales. Quienes mueren de balazos en la espalda no son ni terratenientes ni policías, sino jóvenes weichafe armados con boleadoras ocupando sus tierras usurpadas.
En definitiva, lo que pasa en el sur hoy no es solo "el fracaso de la política de tierras". Es mucho más que eso. Es el fracaso de una forma de entender y abordar la cuestión. Es la consecuencia de reconocer derechos en los foros internacionales, y negarlos aquí entre nosotros. Porque el Estado de Chile no vaciló en firmar la Declaración de Derechos de Pueblos Indígenas, que les reconoce sus derechos territoriales y autonómicos. Porque el gobierno acusa a la derecha de los veinte años de retraso en la ratificación del Convenio 169 de la OIT, para luego intentar una "declaración interpretativa" que limite sus alcances y sonreír en las sombras ante la declaración de no auto-ejecutabilidad de la mayoría de sus disposiciones efectuada por el Tribunal Constitucional. Porque tampoco vacila en enviar más y más refuerzos policiales para reprimir a las comunidades movilizadas. Comunidades que, insistimos, reivindican sus derechos ancestrales reconocidos por todo el mundo (literalmente). Represión que se despliega, consecuentemente, sobre defensores de derechos humanos. Sí, así, tal cual. Igual que durante la larga noche dictatorial.
¿Y la salida? Está ahí, hace años. Cada cierto tiempo, la comunidad internacional se toma la molestia de recordársela al Estado de Chile: permitir el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas. Para ello no hay otro camino que la restitución de las tierras ancestrales. ¿Significa esto devolver todos los territorios al sur del río Bío Bío para que se forme un nuevo Estado? No. Ello está lejos de eso. Sencillamente se trata de sentarse y escuchar lo que reivindican. Son las tierras que los antiguos recuerdan como propias, que no son tantas. Al menos no tantas como las que posee el Sr. Matte y su familia, o el señor Angelini y sus amigos, justamente en territorio mapuche. ¿Y cómo hacerlo? El camino no sólo nos lo indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA -la misma que preside Insulza-, sino también la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato convocada por el mismísimo Ricardo Lagos: expropiación. Sí, aunque evoque fantasmas. Expropiación conforme a la Constitución vigente, mediante una ley general que la autorice en función del interés nacional, ¿o es que la Nación no tiene interés en el ejercicio de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas?
Por Matías Meza-Lopehandía G.
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Rodrigo González Fernández
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