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martes, 9 de junio de 2009

Megaproyectos Hidroeléctricos en el Territorio Ancestral Mapuche

Megaproyectos Hidroeléctricos en el Territorio Ancestral Mapuche
08-06-09 Por Meli Newen

La Transnacional de origen estatal Noruego Sn Power, la Transnacional ENDESA y el Grupo chileno Matte a través de su empresa Colbún, son los principales grupos económicos que intentan instalar sus mega proyectos hidroeléctricos bajo el amparo del estado chileno en Territorio Mapuche. Miles de hectáreas inundadas e impactadas, graves impactos a las economías locales, daños culturales, sociales, son algunas de sus consecuencias. Algunas ya vienen ocasionándose. La resistencia sigue.

I. Presentación

El siguiente texto es una revisión general de diversos megaproyecto hidroeléctricos que están emplazados o en proyecto de ejecución, en territorios que constituyen propiedad ancestralmente mapuche. En este presentaremos fundamentalmente los casos emblemáticos que hay entre la región de Los Ríos y la región del Bío Bío en Chile. Realizamos un detalle de cómo estos megaproyectos afectarían o afectan a la población mapuche y de cómo esto se refleja en la vulneración o el riesgo de vulneración de derechos de los pueblos indígenas y disposiciones administrativas establecidas en la ley o la constitución.

Para la construcción de este documento se ha recurrido a diversas fuentes: prensa escrita y web, en algunos casos conocimiento directo, y el particular el documento "Preinforme Proyecto Aguas: Hidroeléctricas en el sur de Chile" elaborado por el Observatorio Ciudadano desde donde se recoge principalmente la información sobre centrales hidroeléctricas en territorio mapuche y antecedentes sobre las empresas y tipos de hidroeléctricas. Antes de pasar a presentar los casos emblemáticos, se hace necesario además presentar algunos antecedentes que den cuenta del contexto en el que se desarrolla la situación de los megaproyecto hidroeléctricos en particular en términos del contexto administrativo y legal que permite se den la tramitación de estos proyectos con características de uso o explotación de los recursos naturales.

II. Antecedentes de Contexto

a) Los "propietarios" del Agua. Primero que todo en relación a los derechos sobre el agua, se trata del "Código General de Aguas (1981)" promulgado en pleno Gobierno Militar, y redactado por un gabinete dispuesto para estos fines, el cuerpo legal que lo regula. Este permitió que el elemento vital pasara de ser un bien común con una función social, propiedad de los habitantes de los territorios, que utilizaban las aguas de ríos y esteros de forma tradicional por ejemplo para la ganadería y la agricultura, a ser una mercancía propiedad de quienes contando con recursos (técnicos, información, económicos, políticos) accedieron de este modo a su apropiación con la inscripción de los caudales de los ríos de todo el país.

La imagen a la izquierda (2) muestra a los principales usuarios de los recursos hídricos encabezan la lista corporaciones nacionales y transnacionales como ENDESA, Colbún, AEG Gener y CGE. Junto a esto en los últimos años medios de comunicación y operarios políticos influenciados por los grupos económicos (Matte, Luksic, Angelini) han promovido la idea de una suerte "Crisis Energética", precisamente estos grupos económicos son los que a través de su influencia durante la dictadura promovieron la creación de este "Código General de Aguas" de acuerdo con sus intereses en relación a este bien común, lo que se refleja en la creación de los derechos de agua "no consuntivos" especialmente pensados para la generación de hidroelectricidad y que constituyen un 78% del total.

b) Empresas y tipos de hidroeléctricas. A nivel nacional son 26 empresas que compiten por la generación eléctrica. En el ámbito de la hidroelectricidad son principalmente 3 grandes empresas: Endesa, Colbún, AES Gener. Además hay empresas de inversiones a menor escala que son Trayenko S.A. (SN Power), Pacific Hydro Chile S.A., Hidroeléctrica Pilmaiquén, Hydrosur, Hidroaustral, Energía Austral, Empresa Eléctrica Pullinque, y varias otras.

Se distinguen principalmente dos tipos de hidroeléctricas: las centrales de embalse y las centrales de pasada. Además las centrales pueden clasificarse en cuatro tipos según su capacidad: 1) Grandes centrales, con una potencia superior a los 5MW; 2) Pequeñas centrales, que poseen una potencia mayor a 1MW pero inferior a los 5MW; 3) Minicentrales con potencia superior a los 100 KW pero menor a 1MW; 4) Microcentrales son las que tienen una potencia mayor a 1,5 KW e inferior a los 100 KW. De estos los que se instalarían en territorio mapuche son Grandes Centrales con Embalse.

c) Ley 19.300 de Bases de Medio Ambiente. Particular relevancia reviste en relación al derecho de consulta la existencia de esta ley, en su texto contempla tras el ingreso de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), un periodo legal de 90 días para la participación ciudadana en donde organizaciones con personalidad jurídica y personas naturales pueden presentar sus observaciones a los proyectos ingresados al SEIA. En la práctica este mecanismo resulta engorroso, pues la ciudadanía debe estar en condiciones de analizar de forma crítica y constructiva el proyecto presentado, en muchos casos sin contar con las experticias técnicas y el tiempo necesario. Estas observaciones que no son vinculantes y que se diluyen en medio de la estructura de decisiones donde en definitiva son los organismos públicos relacionados los deciden sobre el proyecto en la instancia de Consejo Regional de Medio Ambiente (COREMA) presidido por el Intendente Regional.

d) Ausencia de mecanismos especiales de consulta para los pueblos indígenas. En relación al punto anterior si bien la Ley Indígena 19.253 establece el derecho de consulta a las organizaciones indígenas, la Ley 19.300 no contempla inicialmente un mecanismo especial de consulta para estas organizaciones. Junto a esto el caso para el pueblo mapuche que las organizaciones creadas en la Ley Indígena, la Comunidad Indígena no necesariamente constituyen instituciones propia representativas que den cuenta de la proyección y prioridades de su pueblo, como lo son las propias instituciones representativas del Lof Mapu o "comunidad ancestral", los Longko como autoridad política en el territorio y sus emisarios los Werken quienes cumplen la función de vocería y relaciones exteriores, las disposiciones presentes en la ley no contemplan la consulta a estas instituciones del pueblo mapuche por lo que todo megaproyecto que ingresa al SIEA en principio vulneraría el artículo 6 del Convenio 169.

III. Proyectos hidroeléctricos y casos emblemáticos en el Territorio Ancestral Mapuche

1) Proyecto Central Hidroeléctrica Osorno, Empresa Pilmaiquén; Territorio Cordillera en el limite regiones de Los Lagos y Los Ríos.

Considera la construcción de una mega central hidroeléctrica de 58,2 MW de potencia, del tipo pie de presa, en el río Pilmaiquén. Las aguas serán embalsadas mediante una presa de 39,8 m de altura, la cual creará un embalse de 235,48 hectáreas aproximadamente (sin considerar la caja del río). Este embalse sería aproximadamente 18 km de largo (por el eje del río), y se extendería aproximadamente entre el estero Mencahue y el Este del puente Trafún. El proyecto actualmente está en calificación en SEIA, ya pasó plazo de participación ciudadana el 22 de noviembre 2007, el plazo del fin de evaluación en la CONAMA será el 17 octubre 2008 y entre otros organismos CONADI objetó el proyecto (3). La energía generada alimentaría al Sistema Interconectado Central (SIC) y se estima que su vida útil es 50 años.

Tras la construcción se inundarían los territorios de Maihue, El Roble y Carimallin y tendría un impacto negativo sobre los sitios de significación natural y espiritual Mapuche Williche del área.(4) En un comunicado público la Werken María Santibáñez de la Comuna de Río Bueno manifiesta "este proyecto hidroeléctrico afectara directamente terrenos y la forma de vida ancestral de familias Mapuche Williche ribereñas al río pilmaiquen, amenazando el Gen Mapu (espíritu dueño) Kintuantu (Buscador del Sol); lo que consideramos un atentado a la espiritualidad del pueblo Williche; ya que desde tiempos inmemorables los habitantes de estas comunidades invocan el espíritu del Gen Kintuantu para realizar el Lepun (5)".

2) Proyecto Centrales Hidroeléctricas Neltume y Choshuenco, Empresa Endesa; Territorio Pikun Willi Mapu, Panguipulli, Región de Los Ríos.

El día 30 de agosto del año 2006 la empresa Endesa presentó la solicitud de la concesión eléctrica para realizar los estudios de ingeniería y medio ambiente, que le permitirá evaluar el desarrollo de un proyecto de dos centrales hidroeléctricas en las localidades de Neltume y Choshuenco, esto basado en los derechos de aprovechamiento de aguas con los que cuenta sobre los afluentes del lago Pirehueico y sobre las aguas del río Llanquihue.

Estas dos centrales estarían emplazadas en un tramo comprendido entre el lago Pirehueico y el lago Panguipulli. La central Neltume considera la intervención de las aguas del río Fui, el cual nace en el lago Pirehueico y además de poner en riesgo las aguas de Huilo-Huilo y río Fuy, la megacentral inundaría una porción de tierras en los alrededores del lago Neltume. La central Choshuenco estaría situada dentro de la misma cuenca hidrográfica, algunos kilómetros río abajo e intervendría las aguas del río Llanquihue, nombre que toma el río Fui al juntarse con las aguas del río Neltume, que nacen el lago del mismo nombre. La galería 200 mts 4 de alto 3 de ancho, descargaría en Pirihueico (lago Neltume) único Ngillatuwe de conexión con Neltume Comunidad Juan Kintuman forzando la relocalización de Sector Choshuenco.

El proyecto Neltume generaría 400 MW y Choshuenco generaría 134 MW ambos alimentarían al SIC. Estos proyectos forman parte del plan de obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE) desde 2004, actualmente se encuentra en la fase de estudios de factibilidad, cuyo ejecutor es Ingendesa. Su ingreso al SEIA se planifica para julio del 2008.

Estos proyectos afectarían 7 Nguillatuwe/centros ceremoniales activos y 7 inactivos, 20 Eltuwe/ cementerios mapuche, y además el Kamarrikuwe/centro ceremonial del Lof Mapu Koz Koz del cual es Longko don Francisco Wichaman Tripayantu, quien forma parte del Consejo de Longko de Pikun Willi Mapu. Lo que se observa aquí es la poca o nula consideración que existe por parte de los privados Endesa y del mismo gobierno, entiéndase por la participación de la CNE, respecto de los sitios de significación cultural-ambiental y las autoridades propias de pueblo mapuche, en relación a proyectos de inversión que afectarán sus intereses, calidad de vida, cultura y medio ambiente.

3) Proyecto Centrales Hidroeléctricas Pellaifa, Liquiñe, Reyehueico y Maqueo, Filial Trayenko Empresa SN Power; Territorio Pikun Willi Mapu, Cordillera Región de Los Ríos.

Al extremo oriente en la región de Los Ríos la empresa SN Power proyecta la construcción de varias centrales hidroeléctricas, todos en territorios mapuche. La gestión es realizada a través de su filial Trayenko S.A., tiene tres proyectos planeados en la comuna de Panguipulli y en el límite entre las comunas Futrono y Lago Ranco.

Promovidos por la empresa como "centrales de pasada" o centrales de "bajo impacto", en realidad los tres proyectos contemplan la construcción de bocatomas y embalses de regulación para captar aguas, con áreas de inundación de hasta 42 hectáreas, con muros de hasta 37 metros de altura (proyecto Pellaifa) y generación eléctrica que supera los 20 MW, y por lo tanto no son categorizables como minicentreales o como Energía Renovable No Convencional, sino más bien vienen a ser centrales de gran impacto (6).

Proyecto Reyehueico: pretende capturar las aguas del río Reyehueico, dejando un área de inundación de 19 hectáreas en territorio de dos comunidades mapuche. Otras dos comunidades río abajo se verían afectadas por la fuerte reducción del caudal a un promedio 5 m3/s (de un promedio natural de 16 m3/s).

Proyecto Pellaifa: contempla un reservorio en el Río Llancahue y uno en el Río Quilaleufu en terrenos de particulares, desviando gran parte de los caudales por vía subterránea hacia el Lago Pellaifa. De un promedio natural de 16 m3/s quedarían según la estimación de la empresa, tan solo un caudal de 6 m3/s. Varias comunidades indígenas río abajo se verían afectadas por la sequía de los cauces.

Proyecto Liquiñe: según información publicada a comienzos del 2008, contempla captar aguas de los ríos Carranco, Rañintuleufu, Lizan y Changlil, devolviéndolas al río Liquiñe antes de entrar a la Aldea Liquiñe. El tranque del Río Lizán inundaría 42 has, en tierras de pequeños agricultores de Rañintuleufu. La inundación que resultaría de la captura de aguas en los restantes ríos aún no está definida (7).

La organización ancestral del Lofmapu Liquiñe a principios de 2007 expulso a la empresa contratista de SN Power a principio de 2007 en base a los procedimientos del Az Mapu. Por petición expresa de la Werken María Eugenia Kalfuñanko queremos denunciar aquí las practicas de división que ha utilizado SN Power generando la Mesa Territorial Reyehuico-Liquiñe en donde convocan personas ajenas a los Lofmapu del territorio y de otros lugares para conformar una opinión a favor de la empresa, ninguno de los Longko del territorio reconoce esta instancia.

Proyecto Maqueo, se ubicaría en las comunas de Futrono y Lago Ranco, Provincia de Valdivia. Contempla la captación de aguas de los ríos Pillanleufu, Curringue, Huenteleufu, Hueinahue, Rupumeica y Maihue desde las alturas, retornando luego las aguas al Lago Maihue. El proyecto Maqueo se emplazaría en un centro medicinal ancestral donde se encuentran diversos lawen/plantas medicinales, además afectaría sitios de significación cultural como el Tren Tren, Ngillatuwe y Eltuwe en Rupumeika.

La organización Jacinto Carillo, Comunidad Julia Santibañez Llanquel en Folilko, Comunidad Kiñewen Kurriñe Chabranko, ha manifestado su oposición por estar sus socios siendo directamente afectados por el proyecto y además en el territorio el Longko José Panguilef de los Lofmapu Maiwe y Rupumeika ha hecho presente su oposición como autoridad política mapuche denunciando trabajos no autorizados en el Territorio (8) . Frente a esto la empresa ha presentado desmentidos en donde desconocen las denuncias y el cargo de las autoridades mapuche, aun cuando existen títulos sobre los territorios intervenidos y la ley indígena reconoce a los Longko Williche.

4) Proyecto Central Hidroeléctrica Angostura, Empresa Colbún; Territorio Pewenmapu, Cordillera ríos Bío Bío y Huequecura, Región de Del Bio Bio.

Este proyecto sería instalado en el territorio de confluencia de los ríos Huequecura y Bío Bío, en el sector de Los Notros y Lo Nieve, en el limite entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco a la altura del puente Piulo. Su ubicación a 18 Km. de Santa Bárbara y afectaría en 18 Km. el cauces del río Bío Bío y 6 Km. el del Huequecura. Tendría una potencia de 309 MW, la altura neta de la represa sería de 50 metros y la energía generada alimentaria al Sistema Interconectado Central (SIC). La ejecución de este proyecto implicaría la relocalización de 43 familias y de una escuela de 40 niños; reconstrucción de infraestructura vial (caminos, puente, otros); cambio de los ríos a condición de lago; corta de 137 hectáreas de bosque nativo y la inundación de 197 hectáreas de suelos agrícolas; además sería destruido el principal espacio de veraneo y de biodiversidad única de peces y avifauna en el río Huequecura Sector Los Nieve Santa Bárbara.

Este proyecto amenaza nuevamente sitios de significación cultural mapuche pewenche, como el recién descubierto Ad Kuel (Lit: Que sostiene la Creación), "pirámide" reconocida como monumento por Conadi y el Consejo de Monumentos Nacionales. Además 5 familias pewenche anteriormente relocalizadas al Sector Los Notros, lo serían nuevamente por el proyecto Angostura. Estos impactos en la biodiversidad y en la cultura mapuche han sido denunciados por los representantes mapuche del Lofche Newen Mapu, apoyados por la Comunidad Indígenas Kudawfeche, las "Peticionarías Pewenche" y por agrupaciones ambientalistas.

5) El Caso emblemático del Alto Bío Bío Centrales Hidroeléctricas Ralco y Pangue, Empresa ENDESA España; Territorio Pewenmapu, Región de Del Bio Bio (9).

La central Ralco se localiza en la zona centro sur a unos 120 km de la ciudad de Los Ángeles y a 30 km aguas arriba de otra gran central hidroeléctrica la central Pangue. La Central Ralco consta de un embalse de 1.222 Hm3 e impacta a unas 3.460 hectáreas de los valles con bosques nativos de alta biodiversidad. La obra principal de la central se basa en una pared de hormigón rodillado de 155 metros de altura con una longitud de 370 metros, que modifica el curso del río Bío-Bío. La turbina tiene una potencia de 570 Mw.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ralco inicialmente fue rechazado por unanimidad por CONAMA. Tras esto la Secretaría General de la Presidencia, Ministerio del que depende la CONAMA, permite a ENDESA presentar un Addendum a su EIA, constatándose declaraciones de presiones políticas para la aprobación del proyecto de altos cargos de este ministerio. CONAMA aprueba el EIA en 1997, supeditado a una serie de medidas ambientales y al cumplimiento de la legislación indígena.

CONADI rechazo el Proyecto Ralco en base a la Ley Nº 19.253 catalogando como "etnocidio" los impactos que generaría, por ejemplo la aceleración de la pérdida o transformación de su cultura tradicional y probablemente del idioma. El informe presentado por CONADI en el proceso de estudios de impacto, señalaban: "La construcción de la presa Ralco significa la ruptura del frágil ecosistema que sustenta la existencia ancestral del pueblo pehuenche que vive del tránsito estacional de la invernada y veranada; los daños son inmitigables cuando está en juego parte del patrimonio de la humanidad". En esto fueron destituidos los dos Directores Nacionales, Mauricio Huenchulaf Cayuqueo y Domingo Numuncura, y sustituidos por un funcionario de la Secretaría General de la Presidencia.

Junto a lo anterior, los informes de la CONADI y de la "Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos" se relatan las técnicas seguidas por ENDESA y por las administraciones chilenas para "persuadir" a las dos Comunidades pehuenches a dejar sus tierras, la táctica consistía en negociar familia por familia, rompiendo la unidad de las Comunidades. La administración pública se inhabilito para participar como garante, motivo por el cual la negociación tuvo lugar en un piso desigual: técnicos y abogados de ENDESA frente a familias pehuenches, en muchos casos analfabetas.

Los mayores impacto del proyecto Ralco lo constituye primero la relocalización de la población pewenche, el propio estudio EIA desarrollado por ENDESA catalogaba este impacto como un "impacto negativo, de alta significancia, cierto, de acción directa, permanente e irreversible pero compensable". El segundo impacto considerable lo constituye la división generada en la comunidad pewenche por los supuestos beneficios que presentaría la construcción del megaproyecto, que muy por el contrario profundizó la desintegración cultural, esta situación resultaría posteriormente en la muerte de los hermanos Agustina y Mauricio Huenupe en un confuso incidente de conflicto interno, el cual hasta el momento no ha sido resuelto por los tribunales de justicia (10).

Junto a los anteriores un tercer impacto cultural y espiritual negativo de enorme gravedad lo constituye la inundación de su cementerio ancestral en Quepuca Ralco ocurrido en mayo del 2004. El cementerio guarda los restos de 56 personas, identificadas con nombres y apellidos por sus familiares. Estas personas fueron sepultadas a mediados del siglo pasado, de acuerdo a documentos y resoluciones de la CONADI, Monumentos Nacionales y las familias pewenche.

Si bien, a raíz de la denuncia que se hizo contra el Estado de Chile por la Central Hidroeléctrica Ralco de la transnacional ENDESA ante el sistema interamericano de justicia, donde se llegó a convenir entre las denunciantes y el Estado de Chile un Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa entre las partes, los efectos e implicancias son irreversibles. En la actualidad las familias continúan en gestiones para recuperar los restos de deudos, en esto son legalmente representados por Maria Curriao Presidenta de la Comunidad Indígena Aukin Wall Mapu de Quepuca Ralco.

IV. Principales derechos vulnerados o amenazados por los megaproyectos hidroeléctricos.

Como es posible observar son múltiples las megaproyectos hidroeléctricos que de alguna manera afectan los intereses del pueblo originario mapuche, ya sea en relación a las prioridades de desarrollo o en cuanto al uso y administración de los territorios que ancestralmente habitan. Este análisis que realizaremos será en relación del Az Mapu, Derecho Propio Mapuche (11) , considerando la situación de conservación parcial de sus propias instituciones y el proceso de reconstrucción por el que atraviesan, luego este análisis será realizado de forma técnica en base los instrumentos de derechos disponibles para el pueblo mapuche en este tema la Ley indígena 19.253, el Convenio Nº 169, el "Acuerdo de Solución Amistosa" y la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas.

Para comenzar el análisis desde el Az Mapu, mensionaremos que el artículo 61 de la Ley Indígena que reconoce a la forma organizativa propia mapuche con el siguiente texto "se reconoce en esta etnia el sistema tradicional de cacicados y su ámbito territorial". Sin embargo, este reconocimiento de la ley es restrictivo para los Mapuche Williche, por tratarse de "disposiciones particulares". Las mismas Autoridades Mapuche del Consejo de Longko del Pikun Willimapu, reconocidos así por esta ley, señalan que consideran se trata de un reconocimiento que discrimina a las demás identidades territoriales mapuche wentenche, Lafkenche, nagche, pewenche, entre otras, y que debería ser ampliado en este sentido.

Lo mencionado en el párrafo anterior es significativo cuando vemos que a la hora de implementar los derechos (criterios, disposiciones y mecanismos) del Convenio 169 se establece apropiadamente la consideración de las propias instituciones representativas de estos pueblos, lo que solo son reconocidas en Chile en el caso de los Mapuche Williche, en desmedro del resto. El mismo artículo 61 de la ley señala además que "las autoridades del Estado establecerán relaciones adecuadas con los caciques y sus representantes para todos aquellos asuntos que se establecen en el Párrafo 2º del Título III y en el Párrafo 1º del Título V".

Lo que venimos señalando se refleja bien en el artículo 34 (12) que señala "Los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley". Así, si bien las organizaciones Comunidad Indígena, creadas por la Ley, y la organización ancestral Williche, están reconocidas en cuanto a su derecho de consulta, no lo están las demás autoridades y organizaciones ancestrales mapuche. Esto no solo compromete en cuanto a la tramitación de megaproyectos hidroeléctricos, sino que también en cualquier otro caso, por tanto en relación a la administración de los recursos naturales en los territorios colonizados.

Por tanto el derecho a consulta establecido en el artículo 6.a. del Convenio 169, no se encuentra garantizado por la ley indígena. Además al tratarse esta de una vulneración por omisión no se puede constatar por medio de pruebas tangibles, no obstante es posible observar que no existe un procedimiento de consulta especial para instituciones mapuche representativas en el marco legislativo de Chile, tan solo en el marco de la "Participación Ciudadana" de la Ley de Bases de Medio Ambiente (19.300), la que no es vinculante y como hemos señalado no se adecua al Convenio 169.

Ya habiéndose señalado la falta de garantías sobre el derecho de consulta a los pueblos indígenas en relación a estos casos, no requiere mayor análisis para establecer la no garantía de los artículos 14, sobre protección efectiva del territorio, y 15, sobre administración de los recursos, del Convenio 169; no existiendo un adecuado reconocimiento a los sujetos de derecho es poco factible el ejercicio de los derechos.

Junto a lo anterior, en el caso de los megaproyecto hidroeléctricos en territorio mapuche, es importante mencionar el instrumento "Acuerdo definitivo de Solución Amistosa entre el Estado de Chile y las Familias Peticionarias Pewenche del Alto Bío Bío", que en su numeral 3 letra d) señala el compromiso del Estado de: "Acordar mecanismos para todos los órganos del Estado que aseguren la no instalación de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Bío Bío", estableciendo así una restricción a la instalación de megaproyectos hidroeléctricos en el territorio ancestral pewenche, sobre la base de este acuerdo adoptado ante la CIDH.

Similar a la reflexión anterior respecto del reconocimiento de las propias instituciones representativas cabe en este caso. Considerar que este punto Numeral 3 letra del "Acuerdo de Solución Amistosa", se refiere solo a los territorios de Alto Bío Bío significaría una discriminación para los otros Futa Eln Mapu (territorios) y Lof Mapu, donde se pretende instalar estos megaproyectos que afectarían sus intereses en cuanto a la administración y uso del territorio y de sus prioridades de desarrollo.

Al revisar el desarrollo de esta disposición en el "acuerdo amistoso" se observar en su texto que su finalidad es la efectiva aplicación del artículo 34 de la Ley Indígena, y con esto "contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible", no es entonces posible aducir que esta protección solo sea una "disposición particular" para la comunidad pewenche en Alto Bío Bío, sino que lo es para el Pueblo Mapuche en su conjunto.

Consideramos que de este modo la situación de amenaza de megaproyecto hidroeléctricos, vulnera el espíritu de la "Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas" en que se expresa una voluntad explicita de, ahora en adelante, cambiar las relaciones de colonización que han afectado a estos pueblos, como es el caso del Pueblo Originario Mapuche que con la intervención de las empresas y de decisiones del Estado y sus organismo se ve empujado a un proceso de desintegración cultural. Así, lo que observamos es una vulneración del Derecho a la Autodeterminación del Pueblo Mapuche, que particularmente pone en riesgo su Integridad Cultural.

V. Consideraciones finales, apuntes para una política futura.

La construcción de las centrales Pangue y Ralco profundizo la división social en la comunidad mapuche pewenche, al pasar a llevar la autoridad política del Consejo de Autoridades Tradicionales (CAT) de Alto Bío Bío, institución mapunche liderado por el Longko Antolín Curriao que se opuso a estos megaproyectos, y que se disolvió tras el empoderamiento en las estructuras del Estado de dirigentes sociales como Félix Vita, actual Alcalde re-electo de la Comuna de Alto Bío Bío quien promovió la instalación del Municipio, y además al instalarse los organismos del Estado y las políticas destinadas a los indígenas, que exigen la creación de nuevas organizaciones, la Comunidad Indígena, sobre las existentes, instalando nuevos modos de acción y liderazgos, alejados de los conocimientos y practicas culturales que dominan las propias instituciones representativas del Pueblo Originario Mapuche.

El Pueblo Mapunche ha visto con tristeza las nefastas consecuencias de las represas Pangue y Ralco en Alto Bío Bío, y en los distintos territorios se ha preparado para hacer frente a estos y otros megaproyectos. Durante los últimos años ha generado además alianzas con el pueblo chileno a través de sus organizaciones no gubernamentales y ciudadanas, preocupadas y en acción frente a los conflictos socioambientales, es el caso por ejemplo de la Provincia del Bío Bío donde las organizaciones Aguas Libres de Quilaco y Huequecura Libre de Santa Bárbara junto a los Representantes Mapuche Pewenche de los Altos del río Bío Bío han conformado el "Frente de los Pueblos Ante el Proyecto Angostura de Colbún", generando múltiples gestiones en conjunto.

En el caso de la Región de Los Ríos se encuentra activa la institución ancestral Consejo de Longko de Pikun Willi Mapu, que agrupa a veinte Lofmapu, comunidades ancestrales mapuche, a través de sus representantes Longko/Cabeza y Werken/Emisario. Entre ellos se cuentan por ejemplo el Longko Francisco Wichaman del Lofmapu Koz Koz (Panguipulli) y el Longko José Panguilef de Lofmapu Maiwe-Rupumeika (Futrono). También existe en la región el Consejo de Longko de Río Bueno, en la comuna del mismo nombre. A la fecha estos representantes Mapuche Williche, no han sido convocados a participar del diseño de políticas de uso de las aguas y tampoco han sido consultados o considerada de forma adecuada su opinión o determinaciones en relación a estos proyectos.

En el caso del Territorio Liquiñe la Werken María Eugenia Kalfuñanko, ha precisado que la organización de carácter ancestral a la cual ella pertenece y por la cual ha sido investida en su rol, se compone por 4 Lofmapu Carirriñe, Trafún, Reyehueico y Llanquen, todos estos con sus respectivos Autoridades Mapuche Longko, Werken y los demás roles de la estructura política ancestral mapuche, a través de la cual han organizado la defensa espiritual del territorio.

En el caso del Proyecto Angostura en el territorio de confluencia de los ríos Bío Bío y Huequecura, las Autoridades Mapuche del Lofche Newen Mapu, el Longko Martiriano Suárez y Werken Pedro Suárez, han hecho presente esta situación vulneración de derechos a los organismos públicos y a los ejecutivos de la empresa Colbún durante una visita técnica al territorio de afectación el 3 de octubre de 2008, exigiendo a la empresa y a Conama la generación de un mecanismo especial que les consulte su parecer como autoridades representativas mapuche (13).

Con posterioridad, y al no recibir su solicitud un trato adecuado, los representantes mapuche pewenche a fines del mes de noviembre sostienen una audiencia con la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte quien señala no conocer las disposiciones del "Acuerdo de Solución Amistosa" del Conflicto Ralco. En La audiencia los representantes Mapuche Pewenche manifiestan su oposición al proyecto Angostura y le informa que ha presentado una nueva petición ante la CIDH en relación a este caso (14).

A vistas de los antecedentes, se evidencia la falta de disposición del Gobierno de Chile a considerar la opinión y determinaciones de las propias instituciones representativas del pueblo mapuche (Longko, Werken, Lof Mapu) en cuanto a planificar el desarrollo de acuerdo a sus propias prioridades y necesidades colectivas. Esto es solo una parte de las consecuencias del equivoco enfoque de políticas indigenístas del Estado, las que continúan siendo asimilacionistas no obstante los esfuerzos del Pueblo Mapuche por revertir o cambiar el rumbo, es de esperar que para una política futura las disposiciones del Convenio 169 sean adecuadamente interpretadas en base al Derecho Propio del Pueblo Mapuche por el Gobierno para conseguir avances efectivos en esta materia. www.ecoportal.net

Meli Newen es la Coordinadora de estudiantes secundarios mapuche. Ronny Alejandro Leiva, Psicologo, Integra el Grupo de Trabajo sobre Derechos Colectivos (G-TDC). Este documento fue redactado para ser entregado al Relator de Derechos Indígenas, James Anaya el día martes 7 de abril de 2009, durante la reunión con Autoridades y Dirigentes sociales Mapuche. Para la elaboración de este documento se recurrió a fuentes escritas y páginas e informativos web. Es necesario destacar que el lunes 6 de abril este documento fue presentado a algunos mapunche del "frente único ante la invasión y conflicto de SN Power en Territorio Mapuche por Proyectos hidroeléctricos", quienes lo aprobaron y le agregaron algunos elementos sustanciales, y además el lunes 6 en la noche en conversación telefónica el Longko y Werken de Quilaco-Santa Bárbara, solicitaron expresamente la incorporación de dos puntos: la relocalización a que fueron sujetos por la construcción de Ralco y la situación que afecto a los hermanos Huenupe, que se señala en el documento. Así es este un documento que refleja el espíritu colectivo de ante esta grave situación que afecta y amenaza los territorios ancestrales. El trabajo fue publicado por Mapuexpress - Informativo Mapuche.

Notas:

(1) Ronny Alejandro Leiva, Psicologo, Integra el Grupo de Trabajo sobre Derechos Colectivos (G-TDC).

(2) En la web: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=2049, fuente de la Información periódico El Ciudadano, edición Noviembre del 2008.

(3) Carta de objeción CONADI: http://www.e-seia.cl/archivos/CONADI_621.PDF

(4) Artículo de prensa http://correosemanal.blogspot.com/(...)

(5) Fuente: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=2262, Informativo Mapuexpress, 05 de diciembre de 2007.

(6) Es necesario señalar que si bien estos datos son provisorios, sujetos a cambios durante los estudios, la fuente de información son los proyectos presentados a comienzos del 2008 por Trayenko S.A. Por ejemplo: el proyecto original contemplaba unir los proyectos Liquiñe y Reyeheuico en una sola central, esto ha sido modificado por la empresa a mediados del 2007.

(7) El proyecto se encuentra en una fase muy preliminar y por lo tanto los datos correspondientes son muy vagos. Para mayor información consulte Documento de Trabajo N°7 del ODPI (en edición).

(8) Ver publicación en Mapuexpress: Empresa Sn Power intervienen sin autorización territorios mapuche de Rupumeika y Maiwe, 29 de marzo 2008, en la web http://www.mapuexpress.net/(...)

(9) Fuente web: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=145, Informativo Mapuexpress 25 de Mayo de 2005.

(10) Ver entrevista a Werken Pedro Paine: http://argentina.indymedia.org/(...)

(11) Para una referencia y aproximación, ver en la web: http://www.mapuexpress.net/(...)

(12) PARRAFO 1º TITULO V, articulos 34 al 37 Sobre participación indígena en la Ley 19.253.

(13) Información publicada en el siguiente link: http://ecoterritorios.blogspot.com/(...)

(14) La petición presentada a CIDH cuenta con el apoyo del Consejo de Longko de Pikun Willi Mapu, quienes designan al Longko Martiriano Suárez y el Werken Pedro Suárez como "representantes del pueblo Mapuche Pewenche de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco" y como "interlocutores validos" ante la empresa Colbún y las instancias respectivas del gobierno en este caso.

http://www.ecoportal.net/content/view/full/86535/

Fuente:ECOPORTAL
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Rodrigo González Fernández
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domingo, 7 de junio de 2009

LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y EL LOBBY

ANTE PROYECTO DE CONDUCTA RESPONSABLE   INDIGENA HAY QUE MAXIMIZAR EL IMPACTO DE LOBBY EMPRESARIAL.

Posteado en El Mercurio: "Países firmantes de la OIT no someten a "certificación indígena" sus inversiones

 

 

El pre-proyecto  destinado a la discusión ya esta en plena discusión de diversos agentes a los que les puede llegar a afectar. Entonces, hay que estudiar en profundidad  la idea , ver si se encuadra en la Constitución Política de la República, ver su correlación con el resto del ordenamiento jurídico.

Entonces, todos los afectados deberán hacer sus aportes y críticas según corresponda.

Aquí es donde hace falta un LOBBY CORPORATIVO de las entidades gremiales respectivas para aportar antecedentes ya que  deben establecer canales  de comunicación y relaciones estrechas con los funcionarios públicos, y además deben utilizar estos canales para promover los intereses de sus miembros , influyendo con ello en la orientación y dirección  de determinadas leyes y políticas , sean  éstas actividades reactivas o proactivas intentando establecer un programa de acción, expresando sus demandas y proponiendo políticas concretas en la materia de interés.

Asiíla organización será reconocida por su lobby eficaz, y se fortalece su perfil público tanto con los responsables como también con toda la comunidad empresarial.

Las Organizaciones gremiales tienen que tener una capacidad de respuesta en este caso en particular y abordar cada una de las materias de este documento de estudio.

Por lo tanto , las organizaciones empresariales deberán ejecutar una estrategia de lobby eficaz dentro de la cual se enmarquen sus tácticas de ejercicio de influencias.

Un cabildeo o Lobby de esta naturaleza es plenamente aceptado por la OIT e incluso lo promueve con mucho éxito en diversas organizaciones empresariales en el mundo.

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http://blogs.elmercurio.com/economiaynegocios/2009/06/07/paises-firmantes-de-la-oit-no.asp#comments
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viernes, 5 de junio de 2009

CHILE: Difícil gestación de Código para inversionistas

Código de Conducta Responsable
 
 
RUCA MAPUCHE, SUR DE CHILE
 
INDÍGENAS-CHILE: Difícil gestación de Código para inversionistas

Por Daniela Estrada
 
 
 
 

SANTIAGO, jun (IPS) - Aunque aún se encuentra en elaboración, ya genera resistencias. Se trata del Código de Conducta Responsable impulsado por el gobierno chileno de Michelle Bachelet para regular las inversiones públicas y privadas en los territorios donde habitan indígenas.

"El Código es un mecanismo inadecuado, porque no resuelve el problema de fondo que es efectuar una gestión sustentable de los recursos naturales que hay en Chile, con pleno respeto a los derechos ambientales y a los derechos de la ciudadanía, particularmente de los pueblos indígenas", dijo a IPS Nancy Yánez, codirectora del no gubernamental Observatorio Ciudadano.

"Lo que hace el Código es validar la práctica que se viene desarrollando hasta ahora, en la cual el Estado se libera de la responsabilidad política de tener que decidir cómo y dónde se hacen las inversiones, desde la perspectiva de la planificación estratégica de los recursos naturales", acotó esta abogada experta en derechos de los pueblos indígenas.

La aprobación de grandes plantaciones forestales, plantas de fabricación de celulosa, yacimientos mineros, represas hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, entre otros megaproyectos a desarrollar en territorios ancestrales de indígenas, que suman más de un millón de personas, es hoy uno de los principales focos de conflicto con las autoridades.

El denominado "Código Indígena", impulsado por el gobierno centroizquierdista de Bachelet, busca dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que entrará en vigor el 15 de septiembre.

Hasta ahora, el debate, calificado como "muy positivo" por el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, se ha centrado en una propuesta preliminar de "Código de Conducta Responsable para Inversiones Públicas y Privadas en Tierras y Áreas de Desarrollo Indígena (ADIS)". Según ese documento de 154 páginas, en conjunto ambas superan las nueve millones de hectáreas.

Luego de que el gobierno recoja el máximo de observaciones y propuestas, un proyecto de Código mejorado se someterá a Consulta Nacional Indígena, cuyos resultados serán nuevamente procesados por el gobierno para la elaboración de un Instructivo y un proyecto de ley. La última palabra la tendrá la presidenta Bachelet, de la Concertación de Partidos por la Democracia.

En una primera instancia, el Instructivo será obligatorio para la inversión pública y voluntario para la inversión privada, diferenciación que es duramente criticada por Yánez. Sólo después de que se apruebe una ley sobre el tema, se establecerá un sistema obligatorio para todos.

El Código propone nueve "ámbitos de protección" para los pueblos indígenas, que tienen que ver con sus tierras, territorios y recursos naturales, su patrimonio cultural material e inmaterial, sus recursos genéticos, conocimientos y prácticas asociadas, además de su educación, salud, seguridad, trabajo y condiciones laborales.

Como "ámbitos de protección", también se postulan los procesos de participación de las comunidades en los proyectos que los afecten, la "transparencia y prevención de la corrupción" y la "participación de las comunidades en los beneficios".

"Siempre que el proyecto afecte sus tierras, territorios y recursos naturales, se deberá consultar a las comunidades involucradas. Los pueblos indígenas no serán desplazados de sus tierras o territorios. Cuando ello sea inevitable, el traslado se podrá llevar a efecto con el consentimiento libre, previo e informado", dice el texto.

Agrega que "los proponentes del proyecto, siempre que sea posible, buscarán mecanismos de participación justa y equitativa en los beneficios del proyecto que se localiza en tierras indígenas o áreas de desarrollo indígena. Dicha participación se definirá a través de condiciones mutuamente acordadas".

Las iniciativas que cumplan todos los estándares serán visadas por tres años renovables por el Consejo Nacional de Certificación, un órgano público que se crearía bajo dependencia del Ministerio de Planificación y Cooperación con siete integrantes: un presidente designado por la mandataria, tres representantes de los indígenas, uno del mundo académico, otro del empresariado y uno de la sociedad civil.

Entre los indígenas, el Código ha generado diferentes posturas.

El líder mapuche Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras, celebró la creación del Código, ya que a su juicio permitirá frenar los proyectos en territorios indígenas.

En cambio, la Alianza Territorial Wenteche-Pewenche, que agrupa a diversas comunidades de esta misma etnia, la más numerosa del país, se manifestó en contra, cuestionando la forma en que el gobierno ha llevado a cabo el proceso de participación de los indígenas en el marco del Convenio 169.

Las dos consultas nacionales indígenas ya realizadas --una sobre mecanismos de participación política y otra sobre la reforma que los reconoce constitucionalmente-- han versado sobre iniciativas decididas con anterioridad por las autoridades y no formuladas o consensuadas con los indígenas primero, al igual que está sucediendo con el Código de Conducta Responsable, dijo a IPS el comité político de esta Alianza.

En este sentido, el Comisionado Presidencial Egaña ha reconocido que las consultas impulsadas por el gobierno son "perfectibles".

El Código "lo vemos como un paso importante y necesario de dar en un país con un estándar tan pobre en materia de reconocimiento de derechos" de los pueblos indígenas, dijo por su parte a IPS Gustavo Quilaqueo, presidente del partido político mapuche Wallmapuwen (en proceso de legalización).

"Sin embargo, somos críticos de cómo el borrador del 'Código' está siendo enfocado por el gobierno y el propio PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)" que asesora al Ejecutivo, acotó el dirigente mapuche.

"En los hechos, pareciera que no se busca ni reconocer ni garantizar derechos colectivos, lo cual es el espíritu del Convenio 169, sino más bien allanar el camino para aquellas políticas de desarrollo que cuestionamos y que han gatillado gran parte de los conflictos existentes en el territorio mapuche", declaró Quilaqueo.

"No nos parece pertinente que se reduzca el derecho de nuestros pueblos a la consulta (previa, libre e informada, según el Convenio 169) a un asunto bilateral entre 'comunidades y empresas', inclusive entre 'personas y empresas', lo cual claramente beneficiará a quien tenga mayor poder de negociación, es decir, a los inversionistas y sus proyectos", añadió.

"El Convenio 169 establece tres grandes estándares: consulta previa, libre e informada, participación de los pueblos en los beneficios que generen los proyectos y compensación por daños", recordó Yánez.

"El Código de Conducta Responsable no 'operacionaliza' esos estándares, lo que hace es propiciar procesos de negociación sobre los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos de un determinado proyecto en territorio indígena", opinó.

"Lo que hace el Estado es actuar en calidad de árbitro, garantizando que estos procesos de negociación se lleven a cabo bajo condiciones de equidad mínima", enfatizó la codirectora del Observatorio Ciudadano.

Tampoco "nos queda clara la efectividad del Código, puesto que se señala que las comunidades que se opongan a determinada inversión privada deberán justificar su posición ante el denominado Consejo Nacional de Certificación, cuyo diseño actual está pensado para que la presencia indígena sea minoritaria a la hora de votar", apuntó Quilaqueo.

"En definitiva, este es un nuevo mecanismo 'legal' para avalar y mantener la invasión forestal, minera, etc. en los territorios indígenas y particularmente en territorio mapuche", planteó la Alianza Territorial Wenteche-Pewenche.

En el sector privado, las opiniones también son diversas. Mientras algunos saludan la fijación de parámetros claros para evitar conflictos con los pueblos nativos, otros cuestionan que se desarrolle un proceso paralelo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que también considera mitigaciones para las comunidades afectadas.

Otros analistas creen que los requisitos fijados por el Código encarecerán las inversiones y obligarán a los empresarios a desplazarse hacia zonas no indígenas, lo cual sumirá aún más en la pobreza a este sector de la población.

Ante las aprehensiones de los empresarios, el ministro secretario general de la presidencia, José Antonio Viera- Gallo, declaró al diario local El Mercurio que "la voluntad del gobierno está muy lejos de desalentar la inversión" sino que el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT "puede ser un camino para encontrar formas más eficaces para resolver probables conflictos".

Para Yánez, "el problema de fondo es el modelo económico de Chile, ya que el gobierno cuenta con antecedentes suficientes del reclamo de los pueblos indígenas en torno a mantener el control sobre los recursos naturales". "En ese escenario, el Código de Conducta Responsable es perverso porque apunta a la compra de voluntades indígenas", apuntó.

Según la abogada, el Código tampoco incorpora la evolución del derecho y la jurisprudencia internacional, los cuales indicarían que ante megaproyectos extractivos de recursos naturales que afecten la integridad de los pueblos indígenas los Estados deben reemplazar los procesos de "consulta" previa, libre e informada por procesos de "consentimiento", previo, libre e informado, concluyó. (FIN/2009)

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jueves, 4 de junio de 2009

codigo de conducta responsable hay que estudiarlo

LA DISCUSIÓN DEL CODIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE EN MATERIA INDIGENA EMANA DE LA RESUCIÓN 169 DE LA OIT Y RATIFICADA POR CHILE.

Entonces, ahora lo que procede es estudiar la propuesta gubernamental que ha liderado el comisionado Presidencial Rodrigo Egaña. Se trata de una propuesta gubernamental , pero no es una ley ni proyecto de ley.

Sin embargo  hay que partir revisando si esta  aquella idea acorde con la Constitución Política de la República y  en relación al Ordenamiento Jurídico nacional. Allí surgirán, seguramente,  una multiplicidad de reparos.

Como una norma de esa naturaleza trae consecuencia económicas, políticas, sociales , de inversión, en diversos rubros como son los Forestales, Mineros, Agrícola, Industrial ,  frutero, turístico, medio ambientales etc., hay que revisarlo con mucha  detención.

Es bueno que se discuta la idea gubernamental y se hagan los descargos, criticas y aportes que corresponda.

más información y comentarios, pincha aquí

http://blogs.elmercurio.com/economiaynegocios/2009/06/04/ricardo-ariztia-cree-que-futur.asp
Fuente:rg
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Ricardo Ariztía cree que futura norma indígena causaría daño patrimonial

Ricardo Ariztía cree que futura norma indígena causaría daño patrimonial


DANILO BUSTAMANTE ROCHA

La voz de Ricardo Ariztía sigue siendo escuchada en el empresariado. Aunque está concentrado en sus negocios agrícolas, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) no esquiva los temas que más debate generan en los gremios.

Por estos días, la discusión se centra en el Código de Conducta Responsable (CCR) para pueblos indígenas, que está elaborando el Gobierno y que materializará el convenio 169 de la OIT. "Si uno lee el código, que si bien el Gobierno ha dicho que es un borrador, uno se da cuenta de que va mucho más allá de eso, porque sólo presentarlo con el nivel de ambigüedad y de las distintas formas de poder apreciar cada uno de sus puntos, lo considero tremendamente complejo", afirma Ariztía.

Y es que el CCR -voluntario para las firmas privadas y obligatorio para las estatales-, que deberá estar concluido en septiembre, ha generado incertidumbre en los empresarios, en especial en aspectos como tener que revisar cada tres años los proyectos de inversión en zonas o tierras indígenas.

"Hoy día se ha dirigido la crítica sólo a que se van a disminuir las inversiones. Resulta que sólo con presentar este proyecto de código, se discuta el tiempo que se discuta, hay un efecto patrimonial sobre todos los propietarios de bienes raíces en la zona sur o en todas las zonas afectadas, de una magnitud sin precedentes", lanza el ex dirigente.

Cuestionando la forma

El ex líder del agro agrega los cuestionamientos que sostiene su tesis. "¿Cuánto vale el patrimonio que tiene un propietario de un fundo en el sur hoy día, después de leer el código? ¿Cómo va a vender ese fundo? ¿Qué tasaciones va a usar la banca a la espera del código?", dice.

Sus principales críticas están dirigidas a la forma en que el Gobierno ha conducido la discusión, considerando de "una irresponsabilidad de una envergadura importante" el hecho de haber "lanzado" el borrador a la discusión pública.

"Me alegro que la CPC tome un liderazgo en este tema, y confío en que se va a buscar una salida que devuelva un grado de confianza" en las zonas que se podrían ver afectadas, concluyó Ariztía.


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martes, 2 de junio de 2009

Ratificación del Convenio OIT 169: Propuesta de desarrollo

Ratificación del Convenio OIT 169: Propuesta de desarrollo

 

ALDO CERDA
Gerente Bosques, Industria, Construcción y Servicios Sustentables
Fundación Chile

La ratificación del Convenio 169 de la OIT determina un cambio significativo en las relaciones de los pueblos indígenas con el Estado de Chile y de cómo se relacionan con sus territorios de referencia. Para la Región de la Araucanía, marcada desde hace más de una década con el recrudecimiento del llamado "conflicto mapuche" y asolada no sólo por el flagelo del desempleo, sino que, más grave aún, por la falta sistemática de inversión productiva, la entrada en vigencia de este acuerdo internacional amenaza con ensanchar la brecha de oportunidades de sus habitantes con el resto del país si seguimos haciendo "más de lo mismo".

Al parecer el Ejecutivo ha decidido actuar. Sin embargo, las propuestas revelarían una peligrosa tendencia a profundizar los problemas existentes. Por ejemplo, el establecimiento de una suerte de royalty, adicional a la inversión realizada, que sería de beneficio de las comunidades del área de influencia del proyecto: si hasta aquí la situación se caracteriza por la falta de emprendimiento privado, ¿por qué un gravamen adicional habría de cambiar tal situación? Peor aún, ¿no movería a levantar toda clase de reivindicaciones nuevas para ser identificado y compensado como afectado?

Sin riqueza creada no hay posibilidad de redistribuir. Y para crearla es necesario atraer la inversión y, tal como en gobiernos pasados se desarrolló un plan especial para la reconversión de Arauco, un esquema similar podría aplicarse a las provincias donde el convenio tenga más impacto: exenciones tributarias, subsidios a la contratación de mano de obra indígena, apalancamiento de las inversiones, seguridad jurídica son, entre otros, mecanismos que deben emplearse agresivamente si no queremos construir un gueto étnico en la mitad de nuestro territorio, el cual más temprano que tarde nos repercutirá en la construcción de nuestra marca país.

¿Hay oportunidades de creación de valor significativas en la Araucanía? A lo menos se identifican rápidamente dos: la forestación y el desarrollo de proyectos de energía renovable (a partir de biomasa y geotermia). Se necesitarán posiblemente nuevos modelos de negocio y la creación de una institucionalidad diferente para constituir los encadenamientos productivos necesarios.

Mark Twain decía que el coraje no es la ausencia de temor, sino el acto de dominar ese temor: Apelemos al coraje de nuestros emprendedores para apostar a un escenario diferente al actual.

 


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Código de Conducta Responsable en Tierras Indígenas

codigo de conducta en materia indigena
borrador entrega "señales preocupantes", señaló luis mayol

borrador entrega "señales preocupantes", señaló luis mayol

Código indígena: SNA y Comercio critican propuesta del gobierno

Silvana Celedón

Una fuerte preocupación por los alcances del borrador del gobierno para definir el nuevo Código de Conducta Responsable en Tierras Indígenas expresaron ayer los presidentes de la Sociedad Nacional de la Agricultura (SNA), Luis Mayol, y de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Eugenio Jorquiera.

Esto, porque el timonel del agro fue categórico en señalar que la propuesta del Ejecutivo entrega "señales preocupantes, porque puede afectar las inversiones y elevar la conflictividad existente en importantes zonas agrícolas".

Asimismo, dijo que "son precisamente éstas las áreas del país que más requieren de inversión productiva y esfuerzo empresarial, a fin de entregar a nuestros compatriotas que residen allí oportunidades reales de superación de la pobreza y crecientes niveles de bienestar para sus familias".

Por su parte, el titular de la CNC sostuvo que la futura norma, tal como la ha planteado el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, va más allá del Convenio 169 de la OIT y advirtió que esto "podría generar fracturas entre el sector empresarial y los pueblos indígenas".

Entre sus argumentos, el dirigente gremial afirmó que "existe una brecha entre lo que es el texto del borrador del gobierno y lo que plantea el Convenio".

De ahí que -enfatizó- "se requerirá de un grado de armonización, pues de lo contrario se generarán problemas graves en materia de inversión, pero además en las esperanzas del mundo indígena frente al desarrollo nacional".



Visión del empresariado

Frente a este escenario, Mayol y Jorquiera hicieron hincapié en la necesidad de que el gobierno considere la visión del empresariado.

Al respecto, el presidente de la SNA dijo que el trabajo coordinado público-privado será clave.

En tanto, el timonel del comercio señaló que el "mundo empresarial tiene mucho que decir". Además, sostuvo que "el punto no es que se quiera pasar por encima de los derechos de los pueblos indígenas, sino lograr un texto armónico para la sociedad chilena para que las inversiones no se vean mermadas".

En este contexto, el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio de hoy será clave para los comentarios que formule el empresariado al respecto.

Silvana Celedón

Una fuerte preocupación por los alcances del borrador del gobierno para definir el nuevo Código de Conducta Responsable en Tierras Indígenas expresaron ayer los presidentes de la Sociedad Nacional de la Agricultura (SNA), Luis Mayol, y de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Carlos Eugenio Jorquiera.

Esto, porque el timonel del agro fue categórico en señalar que la propuesta del Ejecutivo entrega "señales preocupantes, porque puede afectar las inversiones y elevar la conflictividad existente en importantes zonas agrícolas".

Asimismo, dijo que "son precisamente éstas las áreas del país que más requieren de inversión productiva y esfuerzo empresarial, a fin de entregar a nuestros compatriotas que residen allí oportunidades reales de superación de la pobreza y crecientes niveles de bienestar para sus familias".

Por su parte, el titular de la CNC sostuvo que la futura norma, tal como la ha planteado el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, va más allá del Convenio 169 de la OIT y advirtió que esto "podría generar fracturas entre el sector empresarial y los pueblos indígenas".

Entre sus argumentos, el dirigente gremial afirmó que "existe una brecha entre lo que es el texto del borrador del gobierno y lo que plantea el Convenio".

De ahí que -enfatizó- "se requerirá de un grado de armonización, pues de lo contrario se generarán problemas graves en materia de inversión, pero además en las esperanzas del mundo indígena frente al desarrollo nacional".



Visión del empresariado

Frente a este escenario, Mayol y Jorquiera hicieron hincapié en la necesidad de que el gobierno considere la visión del empresariado.

Al respecto, el presidente de la SNA dijo que el trabajo coordinado público-privado será clave.

En tanto, el timonel del comercio señaló que el "mundo empresarial tiene mucho que decir". Además, sostuvo que "el punto no es que se quiera pasar por encima de los derechos de los pueblos indígenas, sino lograr un texto armónico para la sociedad chilena para que las inversiones no se vean mermadas".

En este contexto, el comité ejecutivo de la Confederación de la Producción y del Comercio de hoy será clave para los comentarios que formule el empresariado al respecto.


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lunes, 1 de junio de 2009

Las claves para entender el nuevo código indígena

Las claves para entender el nuevo código indígena
El documento -al que tuvo aceso La Tercera- sostiene que las empresas deberán entregar beneficios para los indígenas a corto, mediano y largo plazo, "incluidos pagos por adelantado, pagos por etapas y regalías". Además, establece exigencias en educación, salud y capacitación.
01/06/09

(La Tercera) A fines de abril se encendió la alarma en las grandes empresas.

De inmediato los privados iniciaron el análisis de las 155 páginas que contiene la propuesta preliminar que elaboró el gobierno para la protección del pueblo indígena. El nuevo Código de Conducta Responsable para inversiones públicas y privadas en tierras indígenas comenzará a aplicarse en septiembre y fue elaborado por encargo del comisionado presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña.

El texto, al que tuvo acceso La Tercera, plantea seis grandes lineamientos que son clave para empresarios y las futuras inversiones.

Lo que busca el código
Busca que los proyectos de inversión localizados en tierras indígenas protejan y garanticen los derechos de esas comunidades, sobre todo frente a los potenciales impactos económicos, sociales y culturales que puedan tener. Se otorgan atribuciones importantes a las comunidades que se sientan afectadas para que puedan incidir en el desarrollo de los proyectos.

Cobertura
La aplicación del código abarca las tierras de propiedad del pueblo indígena y las denominadas Areas de Desarrollo Indígena. Comprende una superficie de 8,6 millones de hás. Los inversionistas deberán garantizar la protección y preservación de monumentos y lugares que sean considerados patrimonio cultural.

Además, deberán comprometerse a que el proyecto no afecte "el patrimonio inmaterial", como, por ejemplo, costumbres, tradiciones y expresiones orales, idioma, espectáculos, rituales, etc. Y si el proyecto afecta estas tierras se deberá consultar a las comunidades
involucradas. Asimismo, los pueblos indígenas no serán desplazados de sus tierras o
territorios.

Compensaciones
La norma considera que las comunidades indígenas tendrán derecho a exigir participar de los
beneficios que generen las iniciativas a desarrollarse. Los inversionistas que quieran materializar un proyecto localizado en tierras indígenas, deberán entregar beneficios a corto, mediano y largo plazo,
"incluidos los pagos por adelantado, pagos por etapas y regalías", dice el documento.

Participación
Los proyectos deberán realizarse en cooperación y con la participación directa de las comunidades. Las iniciativas tendrán que ser dadas a conocer a los representantes de los pueblos originarios
con suficiente antelación, a través de información que sea comprensible para ellos.

Los medios que se utilicen para hacer llegar esa información "deberán respetar las formas, tradiciones y lengua de los pueblos". Los privados no podrán ofrecer, prometer, dar ni solicitar, directa e indirectamente, pagos ilícitos u otros beneficios indebidos para obtener un contrato o la aprobación de un proyecto.

Certificación cada 3 años
Se creará un Consejo Nacional de Certificación, dependiente de Mideplan, que podrá aprobar o rechazar un proyecto. Estará integrado por un presidente designado por el Presidente de la República; tres representantes de los pueblos indígenas, designados por el Mandatario a propuesta de las comunidades; un académico nombrado por el Jefe de Estado y propuesto por el Consejo de Rectores; un representante del sector privado designado por el Senado, y un representante de organizaciones civiles dedicadas a temas indígenas, designado por el Senado. Si obtiene la aprobación, la empresa cada tres años deberá enviar al consejo un informe sobre el cumplimiento de los acuerdos convenidos, para renovar la certificación.

Exigencias sociales
El texto define aspectos específicos de deberán tener en cuenta los empresarios. El titular de un proyecto deberá respetar el derecho que tienen esos pueblos a usar sus medicinas tradicionales y mantener sus prácticas de salud. Adicionalmente, si un inversionista desarrolla programas educativos, éstos deberán realizarse en cooperación con los pueblos indígenas y sin afectar las características y naturaleza de los establecimientos de educación ya existentes en esas tierras. De forma complementaria, la norma establece la contratación, por parte de las empresas, de personas indígenas y su capacitación laboral.

Fuente / La Tercera


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PRIVADOS YA ESTUDIAN CODIGO INDIGENA

OIT ACUERDO 169 Y CODIGO INDIGENA

POSTEADO EN REVISTA DEL CAMPO DE EL MERCURIO

El acuerdo internacional- convenio 169 de la OIT ,  ha sido ratificado por nuestro Congreso nacional y por lo tanto regirá  como ley a su turno.

Se trata en virtud de ese acuerdo de la dictación de un Código de conductas responsables en materia de inversiones en tierras indígenas.

Conforme al pre- proyecto o ante-proyecto  que se ha sometido a consideración por el Comisionado Presidencial, Rodrigo Egaña , a fin de que se perfeccione , aporten ideas todos los agentes interesados, afecta a enormes extensiones de territorio, a sectores   empresariales como la Agricultura; Minería, lo Forestal, Industria, Construcción, las Energias, las energias renovables no convencionales, el calentamiento Global  etc.

Por lo tanto,  deberá ser materia de cuidadosos  estudios para que no se afecte , restrinja o condicione el emprendimiento. Pero al mismo tiempo habrá que cotejarlo con la Constitución Política de la República vigente y todo el Ordenamiento jurídico Nacional.

Por lo tanto hay mucho que estudiar aún en la maeteria. Incluso la CPC ha anunciado  recurrir a una consultoria Internacional a los efectos, la SOFOFA ya lo estudia, en fin habrán aportes.

Por nuestra parte hemos abierto un blog www.Indigena-chile.blogspot.com a fin  de contribuir a su estudio.

 
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Rodrigo González Fernández
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Ratificación del Convenio OIT 169: Propuesta de desarrollo

Ratificación del Convenio OIT 169: Propuesta de desarrollo

ALDO CERDA
Gerente Bosques, Industria, Construcción y Servicios Sustentables
Fundación Chile

La ratificación del Convenio 169 de la OIT determina un cambio significativo en las relaciones de los pueblos indígenas con el Estado de Chile y de cómo se relacionan con sus territorios de referencia. Para la Región de la Araucanía, marcada desde hace más de una década con el recrudecimiento del llamado "conflicto mapuche" y asolada no sólo por el flagelo del desempleo, sino que, más grave aún, por la falta sistemática de inversión productiva, la entrada en vigencia de este acuerdo internacional amenaza con ensanchar la brecha de oportunidades de sus habitantes con el resto del país si seguimos haciendo "más de lo mismo".

Al parecer el Ejecutivo ha decidido actuar. Sin embargo, las propuestas revelarían una peligrosa tendencia a profundizar los problemas existentes. Por ejemplo, el establecimiento de una suerte de royalty, adicional a la inversión realizada, que sería de beneficio de las comunidades del área de influencia del proyecto: si hasta aquí la situación se caracteriza por la falta de emprendimiento privado, ¿por qué un gravamen adicional habría de cambiar tal situación? Peor aún, ¿no movería a levantar toda clase de reivindicaciones nuevas para ser identificado y compensado como afectado?

Sin riqueza creada no hay posibilidad de redistribuir. Y para crearla es necesario atraer la inversión y, tal como en gobiernos pasados se desarrolló un plan especial para la reconversión de Arauco, un esquema similar podría aplicarse a las provincias donde el convenio tenga más impacto: exenciones tributarias, subsidios a la contratación de mano de obra indígena, apalancamiento de las inversiones, seguridad jurídica son, entre otros, mecanismos que deben emplearse agresivamente si no queremos construir un gueto étnico en la mitad de nuestro territorio, el cual más temprano que tarde nos repercutirá en la construcción de nuestra marca país.

¿Hay oportunidades de creación de valor significativas en la Araucanía? A lo menos se identifican rápidamente dos: la forestación y el desarrollo de proyectos de energía renovable (a partir de biomasa y geotermia). Se necesitarán posiblemente nuevos modelos de negocio y la creación de una institucionalidad diferente para constituir los encadenamientos productivos necesarios.

Mark Twain decía que el coraje no es la ausencia de temor, sino el acto de dominar ese temor: Apelemos al coraje de nuestros emprendedores para apostar a un escenario diferente al actual.

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Nuevo Código Indígena en la mirada del gobierno y la oposición

Como está planteado el código es una iniciativa negativa, puede afectar la inversión y lo que queremos es propiciar la inversión e incorporar en ese desarrollo a los pueblos indígenas. Ésa es la clave y el concepto que queremos instalar.

Rodrigo Yáñez advierte que norma como está planteada "es negativa"

- ¿Qué le parece el código de conducta responsable elaborado por el gobierno?

- Uno puede ver que el proyecto de código como está planteado hoy -sin perjuicio de su carácter preliminar- puede llevar a una paradoja, en el sentido que esté regulando inversiones que en definitiva puedan ahuyentarse en las áreas que regule.

- ¿Qué otros reparos tiene frente a cómo el Ejecutivo ha abordado la futura norma?

- No existe en el código ninguna relación con el Sistema de Impacto Ambiental (SEIA). Entonces, la doble regulación del proyecto es un factor que obviamente va a pesar a la hora de decidir inversiones. Ahora sí creo que la consulta que plantea a los pueblos originarios - el Convenio 169- es válida que se recoja y que exista una consulta que recoja la especificidad del bien protegido que en este caso son los pueblos indígenas. Pero podría abordarse de una manera más eficiente en un mecanismo que hoy ya exista y me refiero al SIA.

- ¿Qué otros puntos podrían afectar la inversión?

- Un tema importante, es donde se plantean los beneficios, me parece importante separar la consulta sobre los impactos de un proyecto versus los beneficios de los pueblos indígenas en ese proyecto. Porque como está planteado es una herramienta de presión que puede desvirtuar un proceso negociador de buena fe.  

- ¿Qué le parece que en septiembre el código esté operativo en el sector público?

- El código tiene un montón de disposiciones que no pueden ir por la vía de un instructivo presidencial como la designación del Consejo de Certificación, en que se involucra al Senado, las materias que regula el código deben ser materia de ley.

El instructivo obliga al sector público y no al privado, entonces me pregunto: ¿Qué pasa con las empresas públicas, como Codelco, Enap, Enami y sus proyectos de inversión?.

- Ustedes están por ampliar el SEIA, pero no a favor de crear un nuevo mecanismo de certificación como lo plantea el código. 

- A favor del SEIA y el código, pero tienen que coordinarse las dos instancias. No es posible que no aparezca en ninguna parte del código de qué manera esto se va a empalmar con lo otro.  Me parece que no por establecer un mecanismo de consulta podemos paralizar las inversiones. Lo que sí esas inversiones tienen que hacerse responsablemente incorporándolo en su desarrollo.

- Piñera en la reunión con los empresario en el CEP no se mostró muy dispuesto a acoger esta iniciativa y planteó sus reparos...

- Como está planteado el código es una iniciativa negativa, puede afectar la inversión y lo que queremos es propiciar la inversión e incorporar en ese desarrollo a los pueblos indígenas. Ésa es la clave y el concepto que queremos instalar.



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Rodrigo Egaña Comisionado Presidencial : "El código también garantiza inversiones"

Nuevo Código Indígena en la mirada del gobierno y la oposición

Rodrigo Egaña: "El código también garantiza inversiones"

- ¿Qué le parece el rechazo de los empresarios al código de conducta?

- Nos parece que la discusión es positiva y relevante porque nos permitirá construir un mejor y más sólido código de conducta responsable. Éste es un conjunto de normas que definen los estándares de una gestión responsable de proyectos de inversión en tierras  indígenas.

Todos los actores interesados, tanto empresarios, indígenas y otros deben expresar sus opiniones y hacer llegar sus aportes para perfeccionarlo.

- Pero el mayor reclamo es que la nueva normativa afectará las inversiones...

- Por el contrario. Creemos que el código dará mucha más certeza de la que se tiene ahora. Esta futura normativa protege los derechos indígenas, pero también garantiza las inversiones. Ese es el círculo virtuoso que queremos alcanzar.

El Código de Conducta Responsable se está elaborando para dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT. El Estado tiene la obligación de cumplir este convenio y, además, dar certidumbre, a través de instrumentos como éste: A los indígenas, garantizando que los derechos que tienen sean respetados; y a los empresarios, garantizando sus futuras inversiones.

- ¿Van a recoger las sugerencias del empresariado?

- Por supuesto, todas las sugerencias serán estudiadas para ver en qué medida pueden ser recogidas en la nueva versión del código. Desde un inicio hemos dicho que se trata de un borrador, y éste será enriquecido con el aporte de todos los sectores y centros de estudio que quieran hacerlo antes de una versión definitiva, la que presentaremos a la Presidenta.

- ¿Pero la CPC ha decidido contratar una asesoría externa para analizar el tema?

- Están en su pleno derecho. Ojalá que también haya muchos comentarios y aportes por parte de los empresarios que permitan construir un mejor código.

- ¿Qué le parece que en el CEP los empresarios más connotados del país plantearan su preocupación al candidato opositor Sebastián Piñera frente al borrador del gobierno?

- Nos parece positivo que se discuta y se lea en todos los ámbitos.

 - ¿Esta iniciativa corre riesgo de salir elegido presidente Piñera?

- Cualquiera sea la orientación del gobierno que suceda al de la Presidenta, deberá asumir las responsabilidades que le competen al Estado producto de la entrada en vigencia del Convenio 169.

La manera como el futuro gobierno responderá a esas obligaciones dependerá de sus orientaciones programáticas y doctrinarias. Lo importante es que en esta materia debemos generar las bases para la continuidad de las políticas públicas.


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codigo indigena: debe haber una aproximación con el gobierno y sus participantes, dijo

CODIGO INDIGENA DE CONDUCTA RESPONSABLE
debe haber una aproximación con el gobierno Y sus participantes, dijo

Consejo Minero: "Vemos con mucho detalle el Código Indígena"

Cristián Fernández / Corresponsal Zona Norte DF

La creación del Código Indígena, en virtud del convenio 169 de la OIT, no debiera frenar los proyectos mineros, ni ser una cortapisa para la generación de nuevos negocios en el rubro, dijo el presidente del Consejo Minero, Francisco Costabal.

La regulación, que entrará en vigencia en septiembre, plantea a las empresas evaluar sus proyectos cada tres años y compartir sus beneficios con las comunidades indígenas donde se desarrollan las inversiones.

"Es una guía que estamos analizando con mucho detalle y que hay que estudiar y creemos que se debe hacer una aproximación con el gobierno y las instituciones participantes, de modo de evitar posibles conflictos. En todo caso, no creo que esto pueda tener implicancias sobre la inversión minera, ya que las empresas involucradas en el negocio tienen bastante experiencia con este tema", explicó el dirigente, en el marco de la cena de la Asociación de Industriales de Antofagasta.

Stock disminuyendo

Sobre el precio del cobre, Costabal señaló que lo peor de la crisis ya pasó y una buena señal es la baja en los stocks del metal. "Estamos bastante más confiados que hace unos meses puesto que hay buen sustento económico para mantener los precios a estos niveles. Los stocks siguen bajando, lo que indica que estamos en presencia de un consumo y de reactivación. Creo que el precio promedio se ubicará por sobre los
US$ 1,75 la libra", indicó.

Sin embargo, el directivo advirtió que no hay que confiarse plenamente en los mejores precios, puesto que aún hay señales "contradictorias" que pudieran afectar el negocio de largo plazo.


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ENERGIAS RENOVABLES : geoglobal energy prevé invertir US$ 1.500 millones en la instalación de 500 mw en nuestro país

ENERGIAS RENOVABLES Y COMUNIDAD INDIGENA

Compañía estadounidense planea en Chile millonaria inversión en energía geotérmica

Marco Gutiérrez V.DF

Desarrollar una capacidad instalada de 500 MW en nuestro país en los próximos diez años, lo que involucra inversiones por US$ 1.500 millones, es la ambiciosa meta de la estadounidense Geoglobal Energy (GGE) en Chile.

Para ir en la búsqueda del objetivo, la geotérmica -cuyo mayor accionista con el 25% es la neocelandesa Mighty River Power, tercer actor eléctrico de Nueva Zelanda- será la primera firma en Chile que pedirá una concesión de explotación para esta energía. Ello, para el proyecto Tolhuaca en la IX Región, que tendrá una capacidad de 75 MW –para el consumo de Temuco y Valdivia- y requerirá una inversión de
US$ 250 millones.

En la zona, construirán una planta a partir de 2011, que demandará 400 puestos laborales. En 2010, en tanto,  terminarán los pozos de producción de 1.300 metros de profundidad, luego de que las perforaciones de exploración mostraran en abril pasado resultados positivos respecto de los recursos que estos contienen.  

Para impulsar su plan de negocios, la firma contrató como country manager de GGE Chile a Rüdiger Trenkle, quien hasta la semana pasada fue gerente general del Túnel San Cristóbal.

El ejecutivo -ingeniero civil de la Universidad de Munich y ex gerente de la germana Hochtief- también liderará los planes de GGE en Perú, donde por estos días están conformando la sociedad para sondear proyectos de geotermia.   



Pasos para llegar a la meta

Trenkle dijo que uno de los pasos que darán para llegar a los 500 MW será la solicitud de concesiones de exploración para buscar recursos. Indicó que ya realizaron las primeras solicitudes particulares al gobierno para investigar el norte grande y el sur del país, en zonas que prefirió mantener en reserva por motivos estratégicos. De todos modos, comentó que si otra empresa solicita una concesión en un sector donde ya existe una petición, las autoridades deben efectuar una subasta.

La compañía, además, competirá por las casi 20 concesiones de exploración geotérmica que lanzará el Ministerio de Minería. De hecho, ya están en carrera para la licitación de Puchuldiza en la I Región y espera que durante este año se adjudique la cartera anunciada por el gobierno para que las empresas comiencen a trabajar en 2010.

El ejecutivo afirmó que cuentan con el apoyo financiero de Mighty River Power y la experiencia de más de 30 años de trabajo de los otros fundadores de GGE. "Para entrar en geotermia se necesitan capitales fuertes y pacientes", indicó.

La neocelandesa Mighty River Power tiene participación en estaciones de energía que poseen una potencia instalada de 1.475 MW. De ellos, la mayoría corresponde a energía hidroeléctrica y cerca de 380 MW a plantas geotérmicas.

Mercado y el Código Indígena

El country manager de GGE en Chile afirmó que nuestro país tiene una capacidad potencial de 2.000 MW en energía geotérmica y señaló que existe un retraso en su utilización, al igual que en el resto de Sudamérica.

Comentó que "Indonesia, un país que no está a la par de Chile en materia de desarrollo, tiene 3.500 MW en energía geotérmica instalada funcionando actualmente".

Consultado sobre posibles problemas derivados de las iniciativas del Código Indígena, Trenkle sostuvo que "espero que no genere problemas burocráticos, pero en nuestro trabajo no nos preocupa, aunque podría haber recursos que estén en zonas indígenas". Lo anterior, explicó, porque se trata de generación de energía limpia, "incluso el agua que sacamos la volvemos inyectar en pozos para ese objetivo", dijo. 

Destacó que en Nueva Zelanda, donde existen normas estrictas de relación con los pueblos originarios, han logrado incluir a la comunidad maorí en los proyectos e, incluso, estos desarrollaron negocios junto a las plantas, como por ejemplo un mega invernadero que da empleo a 300 mujeres.

Con relación a posibles temores de la empresa ante la eventual demora en la tramitación ambiental de las iniciativas que emprenderán, Trenkle indicó que "no debería haber problemas, cuidaremos extremadamente el medioambiente". Recordó que el único proyecto que ha enfrentado rechazo es el que impulsa ENAP y Enel, a través de la Empresa Nacional de Geotermia (ENG), en la zona del Tatio, donde la comunidad indígena teme por el impacto en los geiser del sector y las secuelas en el negocio turístico.


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