jueves, 27 de enero de 2011

La desertificación

Un tercio de la población del planeta vive en tierras secas, explotadas tradicionalmente para la caza, la recolección, el cultivo y el pastoreo en una combinación flexible y compatible con la preservación del suelo. La extensión de los cultivos a tierras inapropiadas, la presión para aumentar la producción agrícola con vistas a la exportación y la aplicación de tecnologías inadecuadas, como los sistemas de regadío a gran escala, amenazan con desertificar el 20% de esas tierras secas, según un análisis de Naciones Unidas, que predice que 135 millones de personas se verán obligadas a abandonar su hogar y que otros 1.000 millones verán peligrar su salud y su medio de vida.

Caulquier acción contra la desertificación requiere la identificación previa de sus causas. La ONU destaca las siguientes:

1. Las políticas que favorecen la sustitución del pastoreo por la agricultura, ya que el 65% de los suelos secos (no desérticos) son apropiados para pastos, pero no pueden soportar los cultivos.

2. Si los agricultores no tienen el control de las tierras (en régimen de propiedad o de cooperativa), carecen de incentivos para limitarse a prácticas sostenibles. La consecuencia es una explotación excesiva del suelo, que a su vez provoca escasez de agua, vaciado de los acuíferos, erosión y salinización, un conjunto de factores que estimula la desertificación.

3. La globalización. La supresión de las barreras comerciales, con el consiguiente aumento de la producción agrícola con vistas a la exportación, agrava la desertificación.

4. Las prácticas dañinas de gestión de las tierras: conflictos entre agricultores y pastoralistas, sistemas de riego a gran escala (con ríos desviados de su cauce y abuso de los acuíferos) y utilización excesiva de los incendios para despejar las tierras.

5. La contribución del calentamiento global a la desertificación es confusa, pero sí parece claro que la desertificación agrava el calentamiento: cuanto menos CO2 está incorporado en forma de masa vegetal, más hay en la atmósfera aumentando el efecto invernader

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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
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martes, 18 de enero de 2011

Asesor Especial para Asuntos Indígenas: “El Gobierno acoge y valora el Convenio 169 de la OIT"

Asesor Especial para Asuntos Indígenas: "El Gobierno acoge y valora el Convenio 169 de la OIT"

categorias: Mapuche - Nacional

18-01-2011

"El Gobierno acoge y valora el Convenio 169 de la OIT como un instrumento que debe servir de base para promover el diálogo y cooperación entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad chilena", señaló Sebastián Donoso.

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Escrito por Luis Fuentes

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El Asesor Especial para Asuntos Indígenas del Gobierno, Sebastián Donoso, participó hoy en el seminario "Convenio 169 de la OIT: El Papel de los Actores Estatales en la Implementación de los Derechos Indígenas", convocado por la Presidencia de la Cámara de Diputados, conjuntamente con la Oficina Subregional de la OIT para el Cono Sur de América Latina, realizado en el Hotel Frontera de Temuco.

En el panel central junto a Sebastián Donoso expusieron Alejandra Sepúlveda, Presidenta de la Cámara de Diputados; Haroldo Brito, Ministro de la Corte Suprema de Justicia, y el diputado Gonzalo Arenas quienes explicaron desde la visión de los diferentes poderes del Estado, cómo se aplica el Convenio 169 y los desafíos que representa.

El Asesor Especial de Asuntos Indígenas del Gobierno, centró su exposición en la Consulta y Participación de los pueblos indígenas, lo que se ha definido como "la piedra angular" del Convenio 169 de la OIT, donde detalló los procesos de Consulta que se han realizado en Chile hasta la fecha y sus positivos resultados. A modo de ejemplo, citó la reciente consulta sobre "el programa de estudio de lengua indígena para segundo año básico", impulsada por el Ministerio de Educación.

"El Gobierno acoge y valora el Convenio 169 de la OIT como un instrumento que debe servir de base para promover el diálogo y cooperación entre los pueblos indígenas y el resto de la sociedad chilena", señaló Sebastián Donoso.

Y agregó que: "Estamos implementando de manera exitosa el Convenio en todos sus ámbitos, pero es indudable que siempre hay espacios importantes donde avanzar para mejorar las políticas a favor de los pueblos originarios".

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Masiva asistencia a Seminario sobre Convenio 169 de la OIT en Temuko

El encuentro reunió a representantes de los distintos poderes del Estados, comunidades mapuche y la sociedad civil. Presidenta de la Cámara de Diputados y asesor presidencial para asuntos indígenas, manifestaron que lo estipulado en el Convenio 169 de la OIT será aplicado con la participación de los pueblos originarios y con un proceso adecuado de consulta.

Fuente: http://www.azkintuwe.org/ene_1801.htm

Por José Luis Vargas, 18 de enero de 2010

Con la participación de más de 200 personas se desarrolló el Seminario "El papel de los actores estatales en la implementación de los derechos de los Pueblos Indígenas", encuentro convocado por la Cámara de Diputados y la Oficina Subregional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina, cuyo objetivo era profundizar en los derechos reconocidos por el Convenio 169 y las obligaciones que deben asumir los distintos poderes del Estado para su implementación; así como estructurar y consensuar una agenda temática para un debate amplio sobre este tratado internacional y sus implicancias en el ámbito de políticas públicas, reformas legales y de justicia.

La jornada comenzó con la exposición de la experta en Normas Internacionales de la OIT Kirsten-Maria Schapira, para luego dar paso primer panel compuesto el Ministro integrante de la tercera sala de la Corte Suprema, Haroldo Brito; la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda; el Asesor presidencial para asuntos indígenas Presidenta Cámara de Diputados, Sebastián Donoso; y el presidente de la Comisión de Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, Gonzalo Arenas.

Donoso señaló que el gobierno ve en el Convenio 169 de la OIT un instrumento para propiciar el diálogo con los pueblos originarios, y aseguró "que el Estado de Chile está cumpliendo en su esencia el Convenio en todos sus ámbitos". De acuerdo al asesor, "gran parte de las políticas públicas implementadas en los últimos años están inspiradas en el Convenio", agregando que "estamos convencidos que hay muchas materias en que también se debe avanzar y se deben mejorar las políticas públicas hacia los pueblos originarios". Pues, aseveró, "los procesos de consulta establecidos en el Convenio son (...) la piedra angular de esta normativa", declaró.

Por su parte el diputado Gonzalo Arenas, aseguró que este proceso de consulta establecido en el Convenio 169 implica que "el Congreso elabore leyes y normas con una amplia participación de todas las organizaciones y autoridades representativas de pueblos indígenas", añadiendo que "en la comisión de derechos humanos queremos dar la mayor amplitud a la participación de pueblos originarios", indicó. Finalmente Alejandra Sepúlveda, presidenta Cámara de Diputados, señaló que "la voluntad política del Parlamento está, tenemos que seguir discutiendo para que las cosas salgan mejor. Estamos construyendo con ustedes un método para llevar a cabo la consulta y no para aprobar ni legislar lo que nosotros queramos, sino para discutir en conjunto", concluyó.

Difícil camino

No ha sido fácil el camino transitado en Chile por el Convenio 169. Cabe recordar que en marzo de 2008, el Senado chileno aprobó el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el 27 de junio de 1989. De esta manera, el convenio, que permanecía desde enero de 1991 en el Congreso Nacional, fue ratificado por el Poder Legislativo y se encontraba en condiciones de ser integrado al marco jurídico de Chile. El instrumento internacional había sido aprobado por la Cámara de Diputados en abril de 2000.

Posteriormente, la Comisión de Relaciones Exteriores aprobó en forma unánime el proyecto de acuerdo que ratificaba este instrumento, "pero con una aclaración interpretativa en el sentido que solo es aplicable a los tratados vigentes ratificados por Chile y no es vinculante con otras declaraciones internacionales". La OIT rechazó la pretensión chilena de ratificar con una "declaración interpretativa" que buscaba excluir a la Declaración de Naciones Unidas Sobre Derechos de los Pueblos Indígenas del marco interpretativo del Convenio 169, ya que dicha Declaración Interpretativa impediría que la Norma de Derechos Humanos Internacional se pueda interpretar a otros tratados Internacionales, como la Declaración de N.U. que fue aprobada por Chile el 13 de septiembre de 2007 en la Asamblea General de la ONU.

Finalmente, la ex Presidenta Michelle Bachelet decidió ratificar en forma íntegra y sin ninguna interpretación el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una reivindicación histórica de los pueblos indígenas de Chile, cumpliendo además con uno de los compromisos pendientes de los gobiernos de la Concertación. La ex Presidenta ratificó el Convenio Nº 169 con fecha 15 de septiembre 2008, entrando en vigencia el 15 de septiembre de 2009, doce meses después de la fecha del registro de su ratificación.

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sábado, 15 de enero de 2011

Predios mapuches se harán productivos en alianza con privados

Ivan Fredes emol

Al menos 10 mil hectáreas de tierras mapuches, en su mayoría abandonadas, serán incorporadas al circuito productivo regional en un plazo de cuatro años (2011-2014). Esto, a través de una estrategia de alianzas entre propietarios indígenas y empresarios que invertirán en sus terrenos, con apoyo de la Corporación de Fomento (Corfo).

Las primeras mil hectáreas, en poder de seis comunidades mapuches del sector costero Imperial-Carahue, serán cultivadas con lupino dulce y amargo, ambos productos de exportación, en el marco de una alianza estratégica suscrita con la empresa Socomal, que produce oleoginosas y cereales.

Se calcula que la mayoría de las 71 mil hectáreas compradas por la Conadi, y traspasadas a comunidades mapuches en los últimos 17 años, están hoy en condiciones de abandono.

Este primer acuerdo comercial entre empresarios y mapuches será formalizado hoy en la comunidad indígena Manuel Lorenzo, en el marco del "Plan Araucanía 7" que, mediante un conjunto de programas de desarrollo, persigue mejorar la competitividad de la región y elevar todos los índices socioeconómicos.

El director regional de Corfo, Jorge Retamal, manifestó que este plan contempla incorporar 10 mil ha improductivas en alianzas estratégicas con al menos 60 empresas durante los próximos cuatro años. Las firmas inversionistas podrán contar hasta 70% de la garantía de Corfo para solicitar créditos en el sistema financiero.

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viernes, 14 de enero de 2011

indigena chile: mapuches que se integran para salir de la pobreza

Chile: los mapuches que se integran para salir de la pobreza

Valeria Perasso

BBC Mundo, Cono Sur

La cuestión mapuche esta teñida de matices y diferencias.

Son la cara más transigente -y menos visible- del conflicto que divide a la sociedad chilena: las comunidades mapuches que han cejado en el enfrentamiento abierto con el Estado y los particulares por sus reclamos de tierras y han optado por modelos de integración con el "mundo blanco".

La cuestión mapuche está teñida de matices y diferencias incluso en el seno de esta etnia originaria, la más numerosa de Chile. Los más combativos practican una militancia, que en ocasiones es sospechada de incurrir en la violencia, por conseguir que les restituyan 10 millones de hectáreas que, según los registros, ocupaban sus ancestros a la llegada de los españoles.

Otros, en cambio, han decidido buscar vías de convivencia pacífica y, sobre todo, velar por su propio bienestar económico. Las estadísticas muestran que los mapuches y las regiones en las que mayoritariamente habitan tienen los índices de pobreza más elevados de todo Chile.

¿La palabra clave? Desarrollo productivo. Sobre eso se basan las alianzas que muchas comunidades establecen con empresas privadas, con miras a hacer negocios conjuntos.

Los "grandes socios" son las forestales, poseedoras de alrededor de 1,5 millón de hectáreas y siempre deseosas de expandirse a nuevos terrenos.

Y los mapuches los tienen: de las tierras que poseen -muchas menos que en el pasado y algunas restituidas mediante programas estatales-, se estima que 60% queda sin explotar. Sólo en la sureña región de la Araucanía se calcula que hay unas 180.000 hectáreas de tierras forestales improductivas en manos de los indígenas.

clic Lea más sobre los mapuches y su lucha por la tierra

Réditos por partida doble

Las empresas hallaron una receta que tuvo buena acogida en algunos sectores: las comunidades ceden el uso de sus tierras para que éstas foresten y provean tecnología, sin resignar la propiedad y obteniendo el derecho sobre los árboles en el largo plazo.

En el Programa de Forestación Mapuche participan las comunidades y empresas privadas.

"Al cabo de 12 años se dividen los árboles, mitad para ellos y mitad para la empresa, todo certificado ante notario. Cada uno es dueño de su parte y ellos los podrán vender a la mejor opción que tengan. Esto es mutua conveniencia", le explica a BBC Mundo Pedro Jaramillo, gerente de la forestal Bosques Cautín.

Desde 2007, esta empresa ha puesto en marcha su Programa de Forestación Mapuche, por el que trabaja con pequeños y medianos propietarios plantando eucaliptus en la zona de Chol Chol, cerca de la ciudad de Temuco.

Llevan 1.300 nuevas hectáreas forestadas en terrenos de 180 dueños mapuches, con una producción destinada mayormente a aserraderos y plantas de celulosa.

Agustín Cheuquelaf, de la comunidad Mateo Yaupi, fue el primero en aceptar la sociedad con Bosques Cautín.

"Primero estábamos dudosos, pero entendimos que es un negocio que nos conviene. De esos campos no se sacaba ninguna producción, terrenos malos y llenos de pica-pica (maleza). Ellos vinieron con plata, maquinaria, semillas, técnicas... hartas cosas", dice el representante mapuche.

Así, los predios comunitarios quedaron divididos en dos partes, una para forestación y otra para la tradicional agricultura de subsistencia que practican como pueblo: "trigo, arvejitas, avena, todas esas cositas", resume Cheuquelaf.

Nativas y frambuesas

En algunos casos, los proyectos integradores son más ambiciosos y se proponen como un rescate de tradiciones mapuches desdibujadas por el paso del tiempo y el conflicto.

"Las forestales no pueden seguir plantando eucaliptus y pinos y ningún huinca (blanco) nos va a decir qué plantar. Nosotros lo propusimos y nos empoderamos de esto", reclama Arnoldo Ñanculef, presidente de la Asociación Indígena Rewe.

El modelo que diseñó esta entidad -que reúne a 22 comunidades de Chol Chol- se basa en rescatar las especies nativas, en lugar de apostar por plantas exóticas como el eucaliptus, que tienen un negativo impacto ambiental en el largo plazo.

No estamos plantando berries para venderlas en la feria libre en canastos chiquititos, mendigando como lo hemos hecho a lo largo de la historia

Arnoldo Ñanculef, presidente de la Asociación Indígena Rewe.

Su oferta tuvo eco: lograron asociaciones con tres empresas forestales para expandir los cultivos de 3.000 especies originarias, como colihue, maqui o arrayán. Plantas que, además, están ligadas a prácticas espirituales y medicinales en el mundo mapuche.

Pero, además de rescatar la tradición, han comenzado a mirar a los mercados internacionales.

"Se trata de un proyecto productivo de huertos frutihortícolas de frambuesas. En 2007 se establecieron las primeras ocho hectáreas de un plan de 250 en cinco años, en el que nosotros aportamos sistemas de riego y capacitación", le indica a BBC Mundo Augusto Robert Schwerter, gerente de Forestal Mininco, una de las involucradas.

Luego, los contactos con dos empresas exportadoras le garantizan a estos grupos una salida para sus frutos.

"No estamos plantando berries para venderlas en la feria libre en canastos chiquititos, mendigando como lo hemos hecho a lo largo de la historia", afirma Ñanculef, en su rol de werken (mensajero) comunitario.

¿Negociación o traición?

Lo cierto es que estas empresas que trabajan integradamente en Chol Chol son las mismas que los mapuches más radicalizados tienen en la mira.

Ñanculef afirma que no hay que mirar el pasado y la violencia no es la vía para solucionar los problemas.

Mininco, por ejemplo, ha sido blanco de ataques en la zona de Temucuicui hasta que, en 2003, el gobierno chileno le compró el fundo Alaska para restituírselo a los reclamantes. Bosques Cautín, por su parte, se ha visto obligada a vender tres campos al Estado por situaciones de conflicto, según el gerente Jaramillo.

Los activistas, que asumen la causa de las tierras y la identidad como una cuestión de vida o muerte, critican a sus pares más dialoguistas, por considerar que las llamadas alianzas productivas son una concesión demasiado grande. Una suerte de derrota comunitaria.

Pero quienes se insertan en el modelo de trabajo con los privados defienden su elección.

"Estamos volviendo a levantarnos, a planear el futuro desde el punto de vista productivo. En cuestión de tierras es cierto que hemos perdido… pero más vale pájaro en mano que cien volando", expresa Heriberto Huaiqui Huentelao, lonko (cabeza) de la comunidad Rayen-Lafquen de Chol Chol.

"Hay cosas que ya están consumadas y no podemos sentarnos a mirar el pasado. Siendo legítima las diferencias con otros peñis (hermanos), creemos que la alternativa del enfrentamiento y la violencia no es la vía para solucionar los problemas", coincide Ñanculef.

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viernes, 7 de enero de 2011

INDIGENA-CHILE: Amplio respaldo a proyecto que permite a comunidades agrícolas constituir derecho de aprovechamiento de aguas

CHILECRECE

Amplio respaldo a proyecto que permite a comunidades agrícolas constituir derecho de aprovechamiento de aguas

Con 19 votos a favor y 1 abstención del senador Baldo Prokurica, la Sala del Senado aprobó el proyecto que modifica la ley en materia de constitución de derechos de aprovechamiento de aguas a objeto de slavar una omisión que excluyó a las comunidades agrícolas.

Ahora, corresponde que la iniciativa sea analizada por la Cámara de Diputados en su tercer trámite, antes de ser remitida al Presidente de la República para su firma y promulgación como ley.

Durante el debate intervinieron los senadores Alberto Espina, Evelyn Matthei, Jorge Pizarro, Hosaín Sabag, Jaime Quintana, Alejandro Navarro, Mariano Ruiz-Esquide y Ximena Rincón.

El senador Espina, en su calidad de presidente de la Comisión de Agricultura, explicó que el proyecto busca incorporar a las comunidades agrícolas dentro de aquellas personas y organizaciones que están exceptuadas de la prohibición de constituir derechos de aprovechamiento de aguas en determinadas zonas del país. Asimismo, reconoce validez a los derechos de aprovechamiento de agua constituidos a favor de comunidades agrícolas entre el 29 de diciembre del 2009 y la entrada en vigencia de esta ley.

El legislador manifestó que con esta iniciativa se salva una omisión cometida en la ley vigente, lo que permitirá solucionar los graves problemas de aguas que afectan a diferentes zonas del país, particularmente en la Tercera y Cuarta Regiones.

La senadora Matthei, en tanto, señaló que en la Cuarta región se vive un gran drama, porque se han otorgado más derechos de agua que el agua que realmente existe, como en el caso de Punitaqui donde el sobre otorgamiento excede del 15 mil por ciento. Agregó que hay mucha gente de escasos recursos que obtenía su agua para bebida de pequeños pozos que nunca inscribieron por falta de información, asunto que podrán remediar con esta iniciativa.

A su turno, el senador Pizarro explicó que este proyecto busca tratar de reconocer el derecho que le permita a las comunidades agrícolas de exigir y disponer de algunos derechos de agua para la bebida o explotación de sus terrenos. Agregó que se busca que esas comunidades tengan el derecho de inscribir los pozos, las vertientes o los caudales mínimos que tienen en su zona para que se les reconozca que tengan la posibilidad de acceder a sus derechos de agua.

El senador Sabag dijo que el proyecto necesario para apoyar a las pequeñas comunidades agrícolas que fueron excluidas por omisión, por lo que respaldará esta iniciativa a favor de los pequeños agricultores.

El senador Quintana manifestó que espera que con este proyecto se solucione el problema a las comunidades que se vieron excluidas de la ley por un acto de omisión.

Por su parte, el senador Navarro manifestó su preocupación por la situación que enfrenta el recurso hídrico, argumentando que al entregarse más derechos de agua se puede agravar la sobre explotación del recurso. Dijo que si bien respaldará esta iniciativa para solucionar un problema, hay que hacerse cargo del tema de la falta de recursos hídricos.

El senador Ruiz-Esquide manifestó que hay un tema coyuntural que debe ser resuelto, pero que debe ser entendido en el contexto de lo que pasa en todo el país en materia de escasez de agua. Señaló que se deben generar las condiciones que garanticen que el agua pueda ser manejada por las autoridades en momentos cruciales.

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INDIGENA-CHILE Comisión investigadora apunta a rol de Viera-Gallo por violencia en La Araucanía

Comisión investigadora apunta a rol de Viera-Gallo por violencia en La Araucanía

DAVID MUÑOZ EMOL

Con el respaldo de cinco diputados de la Alianza y el solitario voto en contra del PPD Joaquín Tuma, la comisión investigadora de la Cámara que investigó irregularidades en el programa Orígenes de la Conadi, aprobó la tarde del miércoles las conclusiones de su informe final, en el que apunta sus principales dardos en contra el ex ministro de la Segpres, José Antonio Viera-Gallo.

El documento, que ahora deberá ser votado en la sala, establece que se cometieron una serie de irregularidades en la aplicación de los programas de la entidad vinculados a la compra y entrega de tierras a comunidades indígenas, tales como Orígenes y el Fondo de Tierras y Aguas.

Junto con enjuiciar el manejo de las ex autoridades de la entidad, en su mayoría por "anomalías en la administración de los recursos públicos", la comisión investigadora aprovechó de formular "cuestionamientos políticos" a quien, durante la última etapa de la administración Bachelet, fue el principal responsable de la política indígena: el ex ministro de la Segpres.

El principal reproche de los diputados es que, según la investigación, el ex secretario de Estado actuó con "irresponsabilidad", generando falsas expectativas a comunidades mapuches respecto de la compra de tierras. A renglón seguido, señalan que esta situación "es una de las causales que ha aumentado la violencia en la Araucanía durante el año 2010".

En este sentido se cuestiona a Viera-Gallo por firmar, entre noviembre de 2009 y enero de 2010, convenios para entrega de tierras con 82 comunidades, sin consultar a los propietarios, y además, con comunidades que contaban entre sus filas a varios comuneros imputados por hechos de violencia en la Araucanía, en contra de quienes el propio Gobierno había invocado la Ley Antiterrorista.

"La comisión concluyó que se crearon expectativas en ciertas comunidades conflictivas, las que con el compromiso de un ministro de Estado, se tomaron terrenos y fundos, sin la consulta a los propietarios. Y hablo de la comunidad Temucuicui y el fundo La Romana, uno de los puntos de mayor conflicto", dijo ayer el presidente de la instancia, José Manuel Edwards (RN).

Ayer "El Mercurio" contactó al ex ministro Viera-Gallo, quien rechazó las acusaciones, atribuyéndolas a "motivaciones políticas y sin sustento".

"El conflicto en la Araucanía tiene raíces tan profundas e históricas, que si dependiera de la actuación de una sola persona, sería simplifcar demasiado las cosas", dijo el actual integrante del Tribunal Constitucional.

El ex secretario de Estado explicó que los beneficios se concretaron de acuerdo al compromiso de la ex Mandataria de entregar tierras a 120 familias mapuches de la región de la Araucanía, lo que motivó incluso a acelerar este proceso durante los últimos meses de su mandato.

En este contexto, señaló que no se beneficiaba a personas involucradas en hechos de violencia, ni formalizadas por la Ley Antiterrorista, sino que a sus comunidades.

El informe de la comisión fue aprobado con los votos de los diputados Edwards, René Manuel García (RN), Gonzalo Arenas (UDI), Iván Norambuena (UDI), y Gastón von Muhlembrock (UDI).

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http://blogs.elmercurio.com/cronica/2011/01/07/comision-investigadora-apunta.asp#comments

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EL ENGAÑO DEL GOBIERNO DE BACHELET A LOS INDIGENAS

GOBIERNO DE BACHELET ENGAÑÓ A LOS PUEBLOS INDIGENAS DE CHILE

Los problemas indígenas en el sur se inician a partir de un engaño a las comunidades por parte del gobierno de Bachelet en que el ex Ministro Viera Gallo y Pérez les asistió gran responsabilidad.

En efecto, se evacuó por parte del comisionado Presidencial Don Rodrigo Egaña un trabajo denominado "Documento de discusión, Propuesta preliminar sobre principios normativos, distinciones conceptuales y metodológicas, y lineamientos generales para el diseño y la implementación del Código de conducta responsable para inversiones en tierras y áreas de desarrollo indígena( Abril de 2009) .No discuto el contenido del mismo, puede ser bueno o malo, pero había que discutirlo toda vez que se presentó a todos.

Pues bien, este documento se distribuyó a las comunidades y sociedad en general para su discusión, aportes, análisis. Se trataba de un documento de consulta, de insumo al proceso que se había anunciado a las comunidades indígenas.

Pero el gobierno al poco andar , intempestivamente, IRRESPONSABLEMENTE ,retira toda discusión del documento, se termina el dialogo y discusión y de esto nunca más se supo.

Obviamente, las comunidades se sintieron engañadas e iniciaron protestas.

En consecuencia, es responsabilidad del Ministro , de los Ministros que tomaron la determinación de retirar el trabajo del comisionado.

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Fuente:RG
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Rodrigo González Fernández
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