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martes, 1 de junio de 2010

Nuevo enfoque para pueblos originarios

Nuevo enfoque para pueblos originarios


El Presidente Piñera ha anunciado la reformulación del Plan Araucanía, con un costo estimado de 350 millones de dólares. Entre otros, se prevé una nueva institucionalidad en esta área, con la creación de un Consejo Ministerial para Asuntos Indígenas, que definirá las políticas que ejecutará una Agencia de Desarrollo Indígena (se reformulará la Conadi), y la asignación de urgencia a la reforma constitucional que reconoce a los pueblos originarios. Esta nueva política indígena debe orientarse a preservar su cultura y resaltar su dignidad e historia, pero, además, poner a su alcance las herramientas tecnológicas y de desarrollo para integrarse a las modalidades de vida del siglo XXI sin grandes diferencias con el resto de la población. Se busca combinar desarrollo -entre otros, 300 kilómetros de caminos para comunidades mapuches, fomento especial a programas de agricultura, forestales, de turismo y de biocombustibles- e integración, que coexistan con la dignidad de la cultura e identidad de los pueblos originarios. Eso requiere diálogo, paciencia y creatividad, pero también autoridad de allí la referencia presidencial a la restitución del Estado de Derecho.

Es encomiable este cambio de enfoque, que denota una preocupación real del nuevo gobierno por el tema mapuche. Sin embargo, no está conjurado aún el peligro de la violencia. Tras un período de relativa calma, nuevamente grupos mapuches se tomaron caminos y fundos en La Araucanía, para exigir al Gobierno que satisfaga sus demandas por tierras y para atraer la atención hacia los planteamientos reivindicativos de algunas comunidades. Aunque la autoridad restableció el orden con cierta rapidez, el que se siga atropellando el ordenamiento legal es inquietante. Hasta ahora, no se ha logrado conducir ese conflicto por el camino institucional y de derecho.

La entrega de tierras a las comunidades mapuches no fue una política exitosa, pues con el paso de los años ellas deben ser compartidas por un número cada vez mayor de personas, por el crecimiento de las familias que componen la comunidad; más temprano que tarde, eso transforma a la solución en un problema. Además, las tierras entregadas casi nunca son muy productivas, por lo que no constituyen una fuente de ingresos relevante para los grupos que las reciben, perpetuando su pobreza y exacerbando su radicalización. La ausencia de un activo mercado de tierras estimula una inflación de precios que el Estado paga por los pocos predios ofrecidos, e incentiva la creación artificial de conflictos por algunos dueños de predios para venderlos caros al fisco, desvirtuando así todo el sistema.

Mantener a esas comunidades en tierras pobres, con tecnologías anacrónicas y una pobreza creciente que las aísla del desarrollo del resto del país y les impide el avance que logra la ciudadanía es injusto y denigrante, y las amarra a un nivel de vida crecientemente inaceptable

FUENTE: mol
Saludos,
 
RODRIGO  GONZALEZ  FERNANDEZ
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DIPLOMADO EN GESTION DEL CONOCIMIMIENTO DE ONU
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1 comentario:

Nicolás dijo...

Don Rodrigo:

En presencia de sus comentarios mi humilde opinión es la siguiente.

A la vista de la incorporación al sistema normativo chileno del Convenio 169 de la OIT y de las modernas teorías de desarrollo como la del capital humano, de desarrollo local y desarrollo endógeno entre otras considero lo siguiente.

Creo que para poder superar los evidentes y preocupantes problemas de pobreza, baja calidad de educación e ingresos diferenciados por el mismo trabajo que viven los indígenas; o en otras palabras discriminación, se hace necesario tomar medidas respecto al tema. De cualquier manera considero que en cualquier escrito, declaración, discurso y su consecuente implementación, necesaria y obligatoriamente se debe hablar del empoderamiento, el cual debe ser uno de los nortes para trabajar con los PI. Esto para poder dejar que los PI tomen el sartén por el mango. Es decir que puedan decidir por ellos mismos como resolver los problemas que les aquejan, definir sus propias prioridades de desarrollo (Art. 7, Nº1 C169) y olvidarse de esa añeja visión de “llevar a los PI de la mano hacia el desarrollo” puesto que tiene consecuencias muy negativas para estos como la asimilación; la que a veces incluso se esconde bajo la figura de la integración.

Respecto a la temática de tierras y, en breves palabras. Esta ha sido una preocupación histórica por parte de los PI (véase PAVEZ; Jorge (2008) “Cartas mapuche siglo XIX” EDITORIAL Ocho Libros Editores). Además no es incorrecto señalar que esta es una deuda histórica chilena que radica en el compromiso asumido por el Estado Chileno en 1825 en Trapilhue (véase http://www.azkintuwe.org/reportaje_43.htm) en el cual se entregaba la ciudadanía Chilena a los Mapuche e imponía la autonomía del territorio ocupado por estos, la que fue asumida por Chile y evidenciada en el 1er código civil de Andrés Bello de 1855 el cual, como manifiesta de manera explícita, no tenía jurisprudencia alguna en el territorio mapuche. Así en 1866 el congreso Chileno de manera unilateral rompió este tratado y realizó a partir de la década de los ochenta del siglo XIX una usurpación armada y violenta de territorios indígenas.
Por cuanto existe fundamento para realizar las demandas de tierras las cuales deben ser apoyadas por el Estado, sumado a iniciativas como las señaladas en el primer párrafo.

Sin otro particular y con el único ánimo de promover la discusión se despide
Nicolás Lientur Alcamán Curivil
Sociólogo