Ninguna instancia de análisis de los asuntos nacionales puede eludir hoy este problema, que, de hecho, fue el motivo de la interpelación al ministro del Interior que se realizó ayer. La lamentable muerte de un joven en un enfrentamiento con carabineros —hecho largamente previsible y cuya ocurrencia era ostensiblemente temida por la autoridad— ha inflamado la zona y el conflicto mapuche, pero nadie ignora que la violencia ha sido constante en algunas zonas de la Araucanía ya desde principios de la década de 1990. Sí es nuevo el hecho de que en el último tiempo las actividades violentas se han desarrollado más allá de los predios agrícolas afectados, tales como la Ruta 5, e incluso han llegado a la destrucción parcial de una escuela rural por un incendio intencional, perjudicando directamente a parte de la población autóctona que los violentistas dicen querer ayudar.
Así, el paso del tiempo no ha resuelto el problema, sino que lo ha hecho recrudecer. Una parte de la violencia en este último año es atribuible a una migración desde la ciudad al campo de personas, sobre todo jóvenes, que por la crisis económica han perdido su empleo o no logran encontrar uno después de haber recibido educación superior. Pero faltan muchos aspectos por explicar, y el primer paso debe ser llegar a un diagnóstico razonable de por qué han fracasado las políticas aplicadas hasta ahora.
Más allá de atender al efectivo imperio de la ley y garantizar la seguridad y el orden públicos en la zona más afectada, cabe notar que el énfasis de la política oficial ha sido puesto en asignar tenencia colectiva de tierra a las comunidades indígenas: la mitad del presupuesto respectivo se ha destinado al Fondo de Tierras y Aguas. Sin embargo, el 65 por ciento de los indígenas vive en zonas urbanas, y la Encuesta Mapuche del Centro de Estudios Públicos muestra que la mayoría de los mapuches no liga su cultura a la tierra: más de la mitad la relaciona con la lengua, y casi la mitad a los apellidos. La "recuperación" de tierras tiene respaldo entre los encuestados, pero la pobreza y la educación obtienen menciones de casi igual frecuencia al preguntárseles por las tres prioridades que esperan del Estado respecto de los grupos indígenas. Siendo así, la prioridad de la Ley Indígena no se condice con los factores que los propios mapuches indican como esenciales de su cultura, ni con el diagnóstico que ellos mismos hacen respecto de las causas de su actual situación. Por tanto, además de lo discutible que resulta no otorgarles derechos de plena propiedad sobre las tierras, la política indígena no ha considerado bien la diversidad de fuentes de identidad cultural y, en consecuencia, sus esfuerzos por preservarla han sido inconducentes.
Por otra parte, y aun si los objetivos hubieren sido correctos, su implementación ha sido defectuosa. Los gobiernos de la Concertación han entregado más de 650 mil hectáreas a comunidades indígenas, y precisamente aquella a que pertenecía el joven muerto recibió de la Conadi 910 hectáreas en 2001. Esto evidencia que los mecanismos ideados para dotar de tierras a las comunidades crean incentivos perversos y han generado una demanda de ellas imposible de cumplir. Además, la discrecionalidad en su entrega ha dado pie a la violencia como medio de presión.
Así las cosas, la política indígena seguida por dos décadas ha conducido, en los hechos, a que un porcentaje muy pequeño de las 600 mil personas que se declaran mapuches esté influyendo negativamente tanto en las posibilidades de desarrollo de su pueblo como en la percepción de esta etnia por el resto de la sociedad chilena. Es evidente que esa política debe ser sustancialmente modificada, y que los candidatos presidenciales deben precisar fundadamente qué se proponen hacer al respecto. Conjugar el acceso mapuche al desarrollo contemporáneo con la conservación de su cultura no es imposible.
Saludos
RODRIGO GONZALEZ FERNANDEZ
DIPLOMADO EN RSE DE LA ONU
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