GOBIERNO MODIFICARÁ BORRADOR DEL CÓDIGO, PERO TEMA SIGUE SIENDO COMPLEJO

GOBIERNO MODIFICARÁ BORRADOR DEL CÓDIGO, PERO TEMA SIGUE SIENDO COMPLEJO

Judicialización, la amenaza que surge tras la implementación del Convenio 169 de la OIT

A pesar de que el gobierno decidió dar un giro radical en la polémica generada por el borrador del código de conducta responsable para pueblos indígenas, al  acotar los alcances de la señalada normativa, el tema sigue siendo complejo para el sector empresarial.

Desde el momento en que el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas anunció la creación de un código, se generaron fuertes expectativas en los pueblos originarios, lo que explicaría que frente a este escenario el gobierno se vea en la obligación de realizar algún tipo de pronunciamiento.

Tanto en el gobierno como en el empresariado están claros que la iniciativa inicial pasó a mejor vida, pero los segundos esperan con preocupación la "pauta" que anticipó el ministro José Antonio Viera-Gallo en el último comité ejecutivo de la CPC, realizado el martes pasado. 

Y es que temen que una vez que el Convenio 169 de la OIT se implemente en el país el 15 de septiembre, se produzca una judicialización de los casos.

Algunos expertos que han manifestado sus reparos al inicial borrador del gobierno aseguran que esta etapa será "inevitable", dado que los temas relacionados con áreas de influencia territorial, marcos de aplicación en cada sector (público y privado) y entrega de los beneficios, siguen siendo polémicos.

Esto último, en parte, porque la OIT sólo plantea la entrega de beneficios, pero acto seguido señala que esto se realizará en la medida de lo posible, dejando márgenes de interpretación que pueden abrir focos de conflicto entre las empresas y los pueblos indígenas.

Pero otros, en cambio, afirman que el señalado convenio en sí no es judicializable y que incluso todo dependerá del camino que tome el gobierno para abordar la puesta en marcha del Convenio 169.

En este contexto, el pronunciamento que realizó en su momento el Tribunal Constitucional en el sentido que Chile ya cumple con los planteamientos de la OIT y que incluso hay establecidas instancias de consulta con participación de los pueblos indígenas, resulta interesante.

De hecho, Chile cuenta con un órgano abocado a estos temas, la Conadi. Por otra parte, la participación de los pueblos originarios está definida en la Ley Indígena, y existen una serie de programas en materia educacional, de salud y riego, entre otros, diseñados para ellos.

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Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

 

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