Egresada de Agronomía brinda mirada intercultural a la transferencia tecnológica

Egresada de Agronomía brinda mirada intercultural a la transferencia tecnológica  En su tesis de grado, María Luisa Igaimán Ladino caracterizó la transferencia tecnológica utilizada en el cultivo y manejo técnico del avellano europeo en comunidad mapuche.   Con la idea de aportar conocimiento al desarrollo productivo de su sector de origen, María Luisa Igaimán realizó un estudio para caracterizar la transferencia tecnológica empleada en el cultivo y manejo técnico del avellano europeo (Corylus avellana L.) cultivar Barcelona, establecido en la comunidad mapuche Quiñetrur Morales, ubicada en la cordillerana comuna de Cunco. El estudio realizado por María Luisa se enmarcó en su tesis de grado de Agronomía. En el proceso fue guiada por el profesor Adrián Catrileo y el académico Jaime Guerrero como profesor consejero. En su trabajo, la joven abordó la incorporación del avellano europeo en la comunidad para su desarrollo productivo, explicando cómo fue ese proceso para los productores, quienes conforman un grupo con determinadas características culturales, con identificación mapuche y conocimientos ancestrales. A juicio de la egresada, la entrega de información sobre el cultivo y manejo del avellano europeo no contempló las características culturales de los productores de la comunidad. "Los técnicos no dieron información clara, no hubo seguimiento ni se indicó como mejorar; entonces, la gente perdió la motivación", comentó. Por ello, considera fundamental impulsar acciones que faciliten el conocimiento con pertinencia cultural, a través de la capacitación. La presentación de María Luisa fue destacada por la comisión evaluadora, que finalmente otorgó la nota máxima (7.0) al examen de grado.

Fuente: http://ufronoticias.ufro.cl/index.php?option=com_content&view=article&id=1448%3Aegresada-de-agronomia-brinda-mirada-intercultural-a-la-transferencia-tecnologica-&catid=1%3Alatest-news&Itemid=1

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Rodrigo González Fernández
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indigena Experto analiza percepción de las comunidades hacia la industria

Experto analiza percepción de las comunidades hacia la industria Falta de conocimiento técnico, representa el mayor obstáculo para comprender las características de los proyectos 11/10/12 Imprimir Enviar Editor SEND Noticias (MINERIA CHILENA) Para dar una mirada desde un contexto social, que aborde la contraparte de las industrias, el sociólogo Manuel Tironi, analizó la percepción que tienes las comunidades, en torno al desarrollo de un proyecto industrial, a través del módulo "Lo que la ciudadanía quiere y lo que necesita el país para su desarrollo", en el marco del X Foro Eléctrico del SING. En la ocasión, el especialista se refirió a los fenómenos de conflictos ciudadanos por la instalación de nuevos complejos mineros y energéticos, asegurando que estos no disminuirán si la industria no reconoce que su manera de de evaluar y entender el mundo es contingente y no-universal. Sin embargo, explicó que existe un doble discurso en algunas ocasiones. "La gente no quiere que pongan una termoeléctrica pero no piensan en la necesidad energética del país. A la gente no le gustan las represas, pero tampoco le gusta dejar de usar su computador. Hay que mejorar la participación ciudadana para capturar mejor las percepciones de la ciudadanía", señaló Tironi. Otro punto abordado por el investigador, guarda relación con el conocimiento técnico de las personas, al momento de opinar o referirse respecto de algún tema o proyecto particular. "Ciudadanos sólo pueden hablar de energía desde percepciones, ya que no tienen experticia en el tema", aseguró. "El problema no es saber qué quiere la ciudadanía, ni aumentar su participación, sino comprender cómo se entiende la racionalidad de los ciudadanos, ya que estos pueden manejar distintas definiciones de bien común como concepto, pueden ser técnicos y no se requiere ser "congruente" para ser racional. Si la industria o el gobierno no realizan un cambio en su cosmología, los conflictos ciudadanos seguirán proliferando con riesgos de terminar en peleas de sordos", concluyó. Fuente / MINERIA CHILENA Falta de conocimiento técnico, representa el mayor obstáculo para comprender las características de los proyectos

11/10/12 Imprimir Enviar Editor SEND Noticias

(MINERIA CHILENA) Para dar una mirada desde un contexto social, que aborde la contraparte de las industrias, el sociólogo Manuel Tironi, analizó la percepción que tienes las comunidades, en torno al desarrollo de un proyecto industrial, a través del módulo "Lo que la ciudadanía quiere y lo que necesita el país para su desarrollo", en el marco del X Foro Eléctrico del SING. En la ocasión, el especialista se refirió a los fenómenos de conflictos ciudadanos por la instalación de nuevos complejos mineros y energéticos, asegurando que estos no disminuirán si la industria no reconoce que su manera de de evaluar y entender el mundo es contingente y no-universal. Sin embargo, explicó que existe un doble discurso en algunas ocasiones. "La gente no quiere que pongan una termoeléctrica pero no piensan en la necesidad energética del país. A la gente no le gustan las represas, pero tampoco le gusta dejar de usar su computador. Hay que mejorar la participación ciudadana para capturar mejor las percepciones de la ciudadanía", señaló Tironi. Otro punto abordado por el investigador, guarda relación con el conocimiento técnico de las personas, al momento de opinar o referirse respecto de algún tema o proyecto particular. "Ciudadanos sólo pueden hablar de energía desde percepciones, ya que no tienen experticia en el tema", aseguró. "El problema no es saber qué quiere la ciudadanía, ni aumentar su participación, sino comprender cómo se entiende la racionalidad de los ciudadanos, ya que estos pueden manejar distintas definiciones de bien común como concepto, pueden ser técnicos y no se requiere ser "congruente" para ser racional. Si la industria o el gobierno no realizan un cambio en su cosmología, los conflictos ciudadanos seguirán proliferando con riesgos de terminar en peleas de sordos", concluyó. Fuente / MINERIA CHILENA

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Firman decreto que establece Área de Desarrollo Indígena

37 de las 42 comunidades apoyaron la medida, la que será encabezada por el lonko Juan Carlos Curinao.

POR  24HORAS .CL

08

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octubre
2012

Este lunes el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el decreto que establece el Área de Desarrollo Indígena (ADI) de la comuna de Ercilla, región de la Araucanía.

El Mandatario destacó que "37 de las 42 comunidades se hayan comprometido en plenitud, refleja que este camino interpreta fielmente lo que es la voluntad mayoritaria del pueblo mapuche".

Asimismo, aseguró que "la violencia no va a prevalecer en La Araucanía y por eso con la misma fuerza con que como Presidente de Chile me comprometo con esta causa de levantar, de darle oportunidades, de recoger las inquietudes, de escuchar la voz del pueblo mapuche, también reitero mi compromiso de luchar con todas las armas del Estado de derecho, contra los delincuentes y los violentistas que lejos de favorecer, solamente causan daño y dolor a la causa del pueblo mapuche y a la causa de nuestro país".

En su intervención, el Jefe de Estado recordó que en su Mensaje Presidencial del 21 de mayo "propusimos la creación de un Área de Desarrollo Indígena, propusimos un proyecto, recibimos de parte de las comunidades una serie de observaciones, la inmensa mayoría fue acogida y tomamos también el acuerdo de que por primera vez un Área de Desarrollo Indígena sea encabezada, liderada por un lonko, en este caso Juan Carlos Curinao".

El Presidente recordó que desde el primer día se propuso un nuevo trato con los pueblos originarios, el cual tenía cuatro pilares "primero, participación, escuchar a nuestros pueblos originarios, permitirles que su voz no solamente sea escuchada, sino que sea incorporada a las políticas públicas de desarrollo".

Destacó que en segundo lugar estaba "mejorar sustancialmente la calidad de la educación e incorporar en plenitud a ese proceso educacional lo que es la historia, la tradición, las costumbres, la cultura de nuestros pueblos originarios y por eso decidimos crear un liceo de excelencia, igual como lo hicimos en Purén, en la comuna de Ercilla".

Agregó que el tercer pilar "era un desarrollo integral, todo el componente de desarrollo económico y desarrollo social. Y el cuarto era reconocer, apreciar, agradecer, proteger, proyectar lo que es la cultura mapuche y la cultura de nuestros pueblos originarios".

Palabras Claves:   Área De Desarrollo Indígena Mapuche

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MINERIA Corte de Copiapó acoge recurso de diaguitas contra Pascua Lama

Cinco asociaciones con un total de 500 integrantes:  Corte de Copiapó acoge recurso de diaguitas contra Pascua Lama Comunidades son representadas por Lorenzo Soto, el mismo abogado que negoció compensaciones en el caso Castilla.

03/10/12 Imprimir Enviar Editor Newsletter Noticias

(El Mercurio) La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió a tramitación un recurso de protección presentado por cinco comunidades indígenas del Valle del Huasco contra el proyecto minero Pascua Lama, que desarrolla la multinacional Barrick Gold. Las cinco asociaciones que participan del recurso agrupan a unos 500 descendientes de la etnia diaguita y son representados por el abogado Lorenzo Soto, quien es asesor jurídico del senador del MAS Alejandro Navarro y fue uno de los abogados que representó a las comunidades de pescadores de bahía Chascos que negociaron compensaciones económicas con MPX (Central Castilla). El jurista explicó que el objeto del recurso es denunciar un conjunto de irregularidades cometidas en el marco de la construcción del proyecto, básicamente "la destrucción de los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza, ubicados en las inmediaciones de la faena minera, y la contaminación de los recursos hídricos, fruto del depósito de estériles sin que esté operativa la planta de drenajes de ácidos de roca que lo impediría". El texto fue presentado en la corte regional el viernes que recién pasó y el lunes 1 de octubre fue declarado admisible. "Lo que la Corte de Copiapó ha dicho es que el recurso es plausible y el siguiente paso será que la empresa y la autoridad entreguen los antecedentes pertinentes a la justicia", señaló Soto. La dirigente de la Comunidad Diaguita de Placeta, Solange Bordones, explicó que en una primera instancia el objetivo de las comunidades es la paralización de las faenas y que, en el mediano plazo, las asambleas tendrán que discutir si negocian o no con la empresa algún mecanismo de compensación: "Yo quiero que se vayan porque el daño es irremediable, pero no puedo asegurar ahora que no vamos a negociar en el futuro, porque ese es un tema que resuelve la asamblea". Soto, en tanto, también explicó que la estrategia que llevará adelante apunta a detener los trabajos, sin perjuicio de que en el futuro se establezcan los mecanismos de reparación para las comunidades afectadas por el proyecto: "Eso se verá en su momento, pero esto va a llegar irremediablemente a la Tercera Sala de la Corte Suprema", la misma que echó a pique el proyecto termoeléctrico Central Castilla. Consultado sobre el recurso presentado en su contra, el vicepresidente de asuntos públicos de la firma, Rodrigo Jiménez, señaló en una respuesta enviada por escrito que "como compañía no hemos sido notificados del recurso de protección (...) Lo que sí puedo asegurar ahora es que estamos comprometidos con dar cumplimiento a los compromisos, obligaciones y medidas que derivan de las resoluciones de calificación ambiental que aprobaron el proyecto Pascua Lama". "Puedo asegurar -agrega- que no estamos en conocimiento de ningún evento de contaminación de los recursos hídricos derivados de drenaje ácido de roca y que la compañía no ha incurrido en ninguna acción ilícita que haya provocado remoción, traslado o destrucción a los glaciares Toro 1, Toro 2 y Esperanza. Creo, también, que vale la pena recordar que el proyecto Pascua Lama es objeto de una permanente y acuciosa fiscalización por parte de las autoridades". Abogado representante El abogado de las cinco comunidades diaguitas, Lorenzo Soto, ha estado en el ojo del huracán durante las últimas semanas, luego de que grupos de ambientalistas lo criticaran por la estrategia de negociación que llevó adelante en el caso Castilla. A diferencia de algunas ONG como OLCA -que se oponen abiertamente a la realización de los megaproyectos- la estrategia de Soto y de su socio Alex Quevedo (otrora abogado de las hermanas Quintremán en el caso Ralco) es crear condiciones para que las comunidades aledañas a los proyectos negocien compensaciones con las empresas. Soto ha estado presente en los casos Licancén, HidroAysén, El Morro y Bocamina. Asesora a comunidades y empresarios indistintamente. De hecho, en el caso de las celulosas en Valdivia, asumió la defensa de los empresarios turísticos del río Cruces, obteniendo una indemnización por $700 millones. 850 mil onzas de oro en los primeros cinco años de operación será la producción anual promedio del mineral, según proyecciones de la compañía. Las tareas de extracción deberían comenzar a mediados del próximo año. El próximo año deberían comenzar las faenas La minera canadiense Barrick proyecta iniciar, a mediados de 2013, las tareas de extracción del proyecto Pascua-Lama, ubicado en la frontera de Chile y Argentina. La producción anual promedio del mineral será de entre 800 mil y 850 mil onzas de oro en los primeros cinco años de operación. En su reporte de resultados de 2011, Barrick proyectó que este año su producción en Sudamérica alcanzará entre los 1,55 millones a 1,7 millones de onzas de oro. A nivel mundial, en tanto, prevé que en 2012 producirá 7,3 millones a 7,8 millones de onzas Barrick partió hace dos años la construcción de este proyecto, tanto en el lado chileno como en el argentino. Hasta julio de 2012, la compañía había comprometido más del 50% de la inversión que contempla la iniciativa, es decir, unos USS$ 2.800 millones. El recurso presentado por las cinco comunidades no es la primera dificultad que ha debido sortear el proyecto. En 2011, de hecho, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró admisible una denuncia presentada contra el Estado chileno por parte de la comunidad diaguita Huascoaltinos por la calificación favorable de esta iniciativa. Barrick: "La compañía no ha incurrido en ninguna acción ilícita que haya provocado destrucción de glaciares". Fuente/El Mercurio

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empresarios y convenio 169

Convenio 169

 

Una materia que se trató en las mesas fue el reglamento para aplicar el Convenio 169 de la OIT; el que a juicio de representantes de la minería, "cuando se ratificó no tenía la institucionalidad para aplicarlo". Por su parte, en su exposición, el presidente de la Sofofa, Andrés Concha, explicó que es clave aclarar los términos en este reglamento no sólo porque hay poca experiencia en manejarlo, sino porque si se comete algún error en su aplicación podría dejar a los proyectos en una situación complicada, lo que a su juicio hay que resolver con cautela para que en los próximos años no se vuelva una traba a la inversión.

Otro tema relacionado, es el espacio marino de los pueblos originarios donde también la industria advierte que pueden producirse situaciones complejas.

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Conadi se reunirá con representantes indígenas por reivindicación de tierras en San Juan de la Costa

Conadi se reunirá con representantes indígenas por reivindicación de tierras en San Juan de la Costa

 

Publicado por Gabriela Ulloa | La Información es de Carolina Gatica · 26 visitas

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El Consejo Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) accedió a reunirse con los representantes de cuatro comunidades indígenas que exigen la reivindicación de más de 11 mil hectáreas en la comuna de San Juan de la Costa.

Ante los constantes reclamos por la poca atención de las autoridades ante sus demandas, las familias anunciaron movilizaciones frente a la Gobernación Provincial de Osorno, hecho que ya fue descartado.

Por ello, lamentaron que las autoridades cedieran a reunirse con ellos ante la amenaza de una acción extrema y esperan una solución con prontitud a sus exigencias.

Así lo declaró Marianela Atero, Presidenta de la comunidad indígena Tripay Antu.

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En total, serían 66 familias las que presentan una demanda territorial que abarca 11.475 hectáreas; exigencia que se sustenta en un título de comisario que data desde 1831 y que fue revalidado en 1915.

Actualmente los terrenos que buscan ser saneados, y que son habitados por las comunidades, pertenecen a Conaf, la Universidad de Los Lagos, la Sociedad conformada por Dávalos y Pollier y un particular.

Los integrantes de las comunidades indígenas pretenden poner freno a un problema teritorial que se arrastra desde el gobierno del ex presidente Ricardo Lagos. Ante esto, esperan mayor voluntad de las autoridades para ser escuchados y atender a sus exigencias.

CLAVES:

Conadi, Osorno, Región de los Lagos, Reivindicación, San Juan de la Costa, Tierras

Url Corta: http://rbb.cl/3nax

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La Araucanía y Estado de Derecho

La Araucanía y Estado de Derecho

Con muy escasa difusión, el actual Gobierno está impulsando un vasto conjunto de iniciativas que constituyen un programa de atención especial a las necesidades de la IX Región en general y a la cuota de su población de ancestros prehispánicos en especial. Sus componentes incluyen lo socioeconómico, lo educacional y cultural, salud, infraestructura pública y vivienda, entre otros. Ha sido bien acogido por sus habitantes, que son fruto de variados mestizajes por más de cuatro siglos, así como por las comunidades indígenas, que en su inmensa mayoría aspiran a un justo progreso sustancial en un marco de paz y seguridad. A ese respecto, el Estado se esfuerza por sacar a La Araucanía del abandono y retraso que no pudieron superar sucesivas políticas públicas erradas.

El Estado sí está en deuda, en cambio, y grave, en cuanto a otorgar a todos los habitantes de La Araucanía un nivel aceptable de seguridad y de garantía de la vigencia plena del Estado de Derecho. No cabe admitir que minorías violentistas y terroristas, ilegalmente organizadas y armadas, mantengan impunemente en jaque constante a las autoridades gubernamentales, la judicatura, las fiscalías y policías. Es inaceptable que el sistema de orden público no pueda hoy funcionar con normalidad en diversas zonas de esa región. Y no lo es, tampoco, que muchos ciudadanos -indígenas y no indígenas por igual- vean atropellados una y otra vez los derechos básicos que la Constitución les garantiza en cuanto a vida, integridad física y psíquica, propiedad, emprendimiento, trabajo y otros. Para demasiados de ellos, esas garantías son hoy letra muerta.

Los fiscales se esfuerzan por hacer valer la ley, pero, en palabras del fiscal jefe de Collipulli, "ha escalado la intensidad, gravedad y poder de fuego de los atacantes. Éstos son cada vez más violentos y recurrentes", e intimidan a los testigos de cargo en los juicios con represalias contra sus personas, familias y bienes, logrando de hecho paralizar la acción cabal de la justicia.

En ese cuadro, no puede sorprender que un grupo multigremial de habitantes de La Araucanía -gente de trabajo y duro esfuerzo, en permanente trance de perder la obra de sus vidas, o sus vidas mismas- haya comenzado a organizarse para hacer valer sus derechos. No se trata de autodefensa para responder a la fuerza con la fuerza, ni de autoerigirse en instancia paralela o complementaria al Estado, sino de poner en flagrante evidencia ante el país, y en especial ante las autoridades, la creciente gravedad del curso que siguen los acontecimientos en esa zona, y mover a dar los pasos que requiera el imperio del derecho. En esa línea, fue elocuente, por ejemplo, un primer catastro de los hechos de violencia registrados (incendios de predios, instalaciones, viviendas, vehículos; ataques con armas de fuego y otras contra policías y fiscales; decenas de heridos y hasta un muerto). Se consignaron 171 durante 2011, y otra cifra similar hasta julio de este año. Es de imaginar la reacción que provocaría algo parecido (e incluso mucho menor, si ocurriera en la Región Metropolitana). Los blancos no son sólo ya grandes empresas forestales u otras, sino cualquier actividad, emprendimiento o persona que no acate lo que ordenan los extremistas.

Es valioso lo que tal organización multigremial u otras similares puedan hacer, pero, evidentemente, ellas no pueden reemplazar la acción del Estado. Son los agentes de éste quienes, en el amplio marco que prevén la Constitución y la ley, deben actuar impostergablemente, con energía condigna a la magnitud del atentado contra la institucionalidad que están cometiendo los extremistas. No cabe permitir que éstos transformen a La Araucanía en un territorio en que el derecho chileno no rija.

Fuente:emol

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ENTREGAN CERTIFICACIÓN A BENEFICIARIOS DE LAS BECAS

CONADI, JUNAEB y Municipios 

hhhhhh

ENTREGAN CERTIFICACIÓN A BENEFICIARIOS DE LAS BECAS

INDÍGENAS 2012

Publicado el 25-09-2012, Por CONADI (*)

Sección: Comunicados / Ambito: CONADI / Lecturas: 112 / Comentarios: 0

El Director Regional de CONADI, la Gobernadora de la Provincia, la Directora Provincial de JUNAEB y el

alcalde de Cañete, participaron en la certificación a los niños, niñas y jóvenes que obtuvieron el beneficio de

la beca indígena 2012.Con una ceremonia realizada en el Gimnasio Municipal de Cañete, autoridades y apoderados,

comenzaron la entrega de certificados que acreditan a los beneficiarios de este instrumento en la comuna de Cañete.

  

  Las becas indígenas durante el año 2012 tuvieron una cobertura de 5.458 becarios en la región, con una inversión

regional de $1.286237.500,  lo que ha significado un beneficio  muy importante para aquellas familias  que hoy tienen 

hijos en la educación básica, media y superior.

  Durante este año en  la provincia de Arauco, mas de 3.034  niños y niñas han recibido el beneficio de la beca

indígena, lo que  se enmarcan dentro  de las políticas de gobierno con la finalidad de fortalecer a los niños y niñas de

las familias indígenas más vulnerables de la región, cuyo desafío es generar un reconocimiento a los logros y

rendimiento de los estudiantes destacados como así también reconocer el valor de las escuelas públicas de la

comuna.

  

  La beca indígena consiste en un aporte monetario de libre disposición que se entrega a los estudiantes de

ascendencia indígena. Para la educación básica es de $93.500 y para la educación media es de $193.000, ambos

pagos en dos cuotas. Para la educación superior el pago es de $607.000 y se realiza en 10 cuotas. Se otorga a

estudiantes de ascendencia indígena de educación básica, media y superior que presentan buen rendimiento

académico y una situación socioeconómica vulnerable.

  

  Al respecto el Director Regional de la  Conadi, Región del Biobío, Julio Anativia,  señaló que la beca es un

instrumento en que intervienen CONADI, JUNAEB y las municipalidades para facilitar el acceso al sistema educativo a

estudiantes mapuches. 

  Así mismo, hizo un llamado a los apoderados a fomentar en sus hijos e hijas, el respeto y la valoración por su cultura

ancestral y no conformarse con lo que se entrega en la educación formal, para alcanzar un desarrollo integral se

debe valorar,  junto con la excelencia académica, la sabiduría y el conocimiento ancestral de nuestros pueblos

originarios, que viene desde la familia y desde el hogar .

  

  En el acto participaron la gran mayoría de los beneficiarios de la comuna de Cañete, fue acompañado de una

demostración artística mapuche y finalizó entre los aplausos de los asistentes por los beneficios otorgados. 

 1 / 2LANALHUE NOTICIAS

www.lanalhuenoticias.cl

   

(*) Espacio responsabilidad de CONADI, Región del Bío Bío

  Oficina Concepción: Colo Colo 571, Oficina Cañete: Uribe 337, interior, fono 2

Fuente:

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GOBIERNO PREPARA NUEVA NORMATIVA GENERAL PARA CUMPLIR CON LA EXIGENCIA

Las interrogantes que persisten respecto de las consultas indígenas y el Convenio 169

Dudas sobre criterio que aplicará la Corte Suprema y el nuevo reglamento del SEA siembran incertidumbres.

   

 

Por Miguel Bermeo T.




Ha sido uno de los dolores de cabeza de algunas empresas el último tiempo: la implementación de consulta a pueblos indígenas contenido en el artículo 6 del convenio 169 con la OIT. Fallos adversos y otros a favor de las compañías, con cambios de reglamentos y nuevas normativas, tienen a las firmas con varias dudas. 

Para entender las interrogantes primero se debe conocer el panorama actual. La normativa señala que los proyectos de inversión que sean sometidos a Evaluación Ambiental, pueden ingresar vía Estudio de Impacto Ambiental (EIA) o Declaración de impacto Ambiental (DIA). Sólo en el primero de éstos se realiza participación ciudadana. Además, reconoce la participación ciudadana como un método donde los pueblos indígenas afectados pueden participar y exponer sus argumentos. 




Las dudas


Según abogados de la plaza, las interrogantes pueden dividirse en dos grupos. El primero de ellos, los temas judiciales:
Son dos las preguntas que existen en la industria en esta área. La primera de ellas si la Corte Suprema seguirá considerando que la participación ciudadana es válida como una forma de cumplir con la consulta indígena del Convenio 169. Esto es especialmente sensible para aquellos que habían ingresado mediante un DIA, pero que fueron rechazados exigiéndoseles un EIA, como el parque eólico de Chiloé, el plan regulador de San Pedro de Atacama y otro puñado de proyectos.

La segunda interrogante es si la Suprema mantendrá la doctrina que fijó en un caso reciente, de la línea Freire-Melipeuco. En éste, el proyecto había ingresado mediante una DIA. La Corte estableció que el proyecto había sido correctamente ingresado y que no generaba impactos que obligaran una prestación de una EIA y, en relación a la consulta indígena, la Corte analogó el argumento anterior y resolvió que tampoco existía aquella afectación directa que obliga una consulta. 

Si este es el caso, para los juristas la batalla entonces se trasladará a un paso previo: si los proyectos deben ingresar mediante una DIA o un EIA. 




Preguntas regulatorias


El segundo grupo de dudas se da en torno a las nuevas regulaciones que prepara el gobierno para poder zanjar el tema de la consulta. Una de ellas, la denominada normativa de consulta a pueblos indígenas –o reglamento general de consulta- regiría para medidas administrativas distintas de la RCA que emite el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Las interrogantes al respecto vienen más por las definiciones que hará la normativa, principalmente de cuáles medidas administrativas requerirán obligatoriamente de consultas y cómo se definirá una afectación. 

El segundo cuerpo de regulación en discusión, es el nuevo reglamento del SEIA. Este incluye una consulta específica para pueblos originarios. Hasta la última versión conocida, ésta se realizaba durante el periodo de participación ciudadana, aunque es específica respecto de cómo realizarla, con reuniones exclusivas para pueblos indígenas, con la necesidad de traductores o material traducido, si fuese necesario.

Este reglamento estaría siendo afinado y debería ser firmado por el Presidente Piñera en las próximas semanas, para luego pasar a toma de razón a la Contraloría.

La gran pregunta en los temas regulatorios es cómo saldrá finalmente el reglamento del SEIA, pues la última versión conocida es del 28 de mayo y desde esa fecha, se habrían hecho algunos ajustes.


Consultas paraguas


Otra de las dudas es qué ocurrirá con uno de los artículos de la propuesta de normativa general que se relaciona con el reglamento del SEIA. El artículo 5 señala que para los proyectos de inversión sometidos al SEIA, las consultas se rigen por el reglamento de esta entidad. Pero agrega que, después de recibir una RCA, si el proyecto necesita permisos adicionales -del Sernageomín, del ministerio de Salud, de la DGA, Conaf, etc.-, la consulta dentro del proceso que otorgó la RCA actúa como una "consulta paraguas", amparando todos los permisos adicionales que se necesiten posteriormente, sin necesidad de nuevas consultas.

Esto, dicen abogados de la plaza, es de vital importancia que se mantenga, pues si se exigieran nuevas consultas por cada una de las medidas administrativas, la tramitación sería muy engorrosa, rayando en lo imposible, prácticamente.

Una duda adicional, en este mismo punto, es si la "consulta paraguas" se pueda aplicar a medidas administrativas o permisos otorgados antes de obtener la RCA o si a éstos se les requerirán hacer consultas adicionales.

Fuente:

Saludos
Rodrigo González Fernández
Diplomado en "Responsabilidad Social Empresarial" de la ONU
Diplomado en "Gestión del Conocimiento" de la ONU

Diplomado en Gerencia en Administracion Publica ONU

Diplomado en Coaching Ejecutivo ONU( 

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