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domingo, 5 de junio de 2011

INDIGENAS CONDENADOS POR DELITOS ESPECIFICOS Y EN HUELGA DE HAMBRE

TODOS TIENEN DERECHO A PROTESTAR
Todos los internos, procesados, imputados  o no, tiene el derecho a protestar e incluso lo pueden hacer ante la propia justicia. La pregunta es : ¿qué pasaría si todos los presos , por cualquier razón de su condición de tal, protestaran en contra del poder ejecutivo, el judicial, contra la sociedad en su conjunto,  con  huelgas de hambre? ¡Obviamente que sería el caos!. Pero, con todo , es la justicia la llamada a  resolver jurídicamente estos "negocios jurídicos" que han sido sometidos a su jurisdicción.

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Rodrigo González Fernández
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Juicio a mapuches: condenas, rebajas y huelga de hambre

Juicio a mapuches: condenas, rebajas y huelga de hambre

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Apenas el ministro de la Corte Suprema Nibaldo Segura terminó de leer la resolución, Natividad Llanquileo se levantó de su asiento. En medio de los cánticos de una decena de mapuches llamó por teléfono a Pamela Pessoa, esposa de Héctor Llaitul. A ella le explicó que los ministros de la Segunda Sala no anularon el juicio y habían confirmado los delitos por los que se había condenado a cuatro mapuches miembros de la Coordinadora Arauco Malleco. Eso sí, se habían rebajado las penas por el ataque al fiscal y su comitiva policial.

En un fallo unánime, la Corte confirmó que los cuatro indígenas condenados por el tribunal oral de Cañete cometieron el delito de robo con intimidación contra el agricultor José Santos Jorquera en octubre de 2008 en Tirúa, VIII Región. Además, se ratificó que los mapuches atacaron una comitiva policial horas más tarde, delito por el cual también habían sido condenados.

El fallo que acogió el recurso de nulidad interpuesto por la defensa de los cuatro anuló parcialmente una de las sentencias: la relativa al homicidio frustrado del fiscal Mario Elgueta y las lesiones graves de tres funcionarios de la PDI. El texto de 80 páginas afirma que "no hay atisbo" sobre que "los agresores conocieran efectivamente la presencia del fiscal y de los policías de Investigaciones en la caravana y que disparasen contra la fila con el ánimo de matar al primero y de lesionar a los detectives". Eso sí, reconoce el ataque que se habría realizado contra Carabineros.

Por ello, los magistrados dictaron una nueva sentencia en que se cambió el delito de "homicidio frustrado" por el de "lesiones menos graves". A su vez, reemplazaron "en contra del representante del ente persecutor" por "en contra de Carabineros".

A raíz de esta nueva resolución las penas para los mapuches por el atentado fueron rebajadas: Héctor Llaitul pasó de tener una pena de 15 años y un día de prisión por el intento de homicidio y lesiones graves, a 4 años de cárcel. En tanto, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical deberán cumplir una pena de 3 años y un día de cárcel por los mismos delitos y no la de 15 años que fue la que se anuló.

Como a esto se suman las penas por el robo con intimidación, de 10 años para Llaitul y 5 para el resto, en total los condenados deberán cumplir 14 y 8 años de prisión, respectivamente.

El argumento

El fallo de la Suprema argumenta que "no parece lógico" establecer que los mapuches hayan actuado diferenciando a sus víctimas, pues el atentado se produjo de noche y contra una hilera de varios vehículos. Por ello agrega que, aunque los hechos son efectivos, se objeta que los condenados "pudieran discernir a cuál de los ocupantes matar y sólo herir a los restantes".

El abogado y profesor de derecho penal de la Universidad Diego Portales Héctor Hernández explicó que con el fallo la Suprema está señalando que el juicio no tuvo vicios, como había criticado la defensa de los condenados. Esto, pues sólo se anuló una sentencia y no el procedimiento en su conjunto.

Mapuches mantienen ayuno y se negarán a ser alimentados a la fuerza

"¡Estamos mal!, ¡estamos mal!, ¡estamos mal!", repetía una y otra vez al teléfono, desde el hospital de Victoria, la esposa de Héctor Llaitul, Pamela Pessoa, a la vocera de los mapuches en huelga de hambre, Natividad Llanquileo, quien desde Santiago la llamó apenas el ministro Nibaldo Segura terminó de leer el fallo de la Corte Suprema.

Reunidos en una de las dos habitaciones en donde están internados, los cuatro mapuches en huelga de hambre y algunos familiares escucharon la lectura del veredicto pegados a una radio gris, que tenían sobre una cama. Los ocho gendarmes que los custodian también siguieron atentos la trasmisión, interrumpida de tanto en tanto por la cuenta de los propios mapuches, que en voz alta calculaban cuántos años deberán pasar en prisión.

Al conocer el fallo conversaron con sus familiares y luego dieron también su propia "resolución": seguirán en ayuno "hasta las últimas consecuencias", recalcaron a sus cercanos.

Tras una hora de conversaciones y de apuntar en una hoja los planteamientos de Héctor Llaitul, Ramón Llanquileo, José Huenuche y Jonathan Huillical, fue la misma Pamela Pessoa, quien leyó la declaración de los huelguistas ante la prensa.

"Aquí, la Corte Suprema realizó una especie de negociado que no se ajusta a derecho", dijo. Y enfatizó: "Rechazamos el fallo, puesto que el máximo tribunal del país ha validado la ley Antiterrorista y la utilización de testigos secretos".

Y antes de terminar de leer el papel y marcharse sin aceptar preguntas, agregó que recurrirán a tribunales internacionales.

Después de que se conoció la decisión de los mapuches, el director del hospital, Joaquín Sanzana, interpuso un recurso de protección para forzarlos mapuches a alimentarse. Esto, pues explicó que si bajan del 16% de índice de masa corporal que hoy tienen, entrarán en riesgo vital. Pero Millaray Garrido, pareja de José Huenuche, afirmó que los ayunantes no aceptarán la medida.

A la desazón de los huelguistas se sumaron los arzobispos de Santiago, Ricardo Ezzati, y de Concepción, Fernando Chomali. Esto, pues esperaban que se anulara el juicio y así se destrabara la huelga, pues ambos han afirmado que el tema es humanitario y no sólo judicial.

"Habría preferido en lo personal que se hubiese anulado el juicio", comentó Chomali, mientras Ezzati se reunió anoche con las madres de Llaitul y Huenuche, además de Natividad Llanquileo, para evaluar los distintos escenarios tras el fallo.

"Es una señal el hecho de que la Corte Suprema haya querido disminuir de esta manera significativa la condena. Es un gesto que vale la pena destacar", dijo Ezzati.

Gobierno, atento

En La Moneda también había inquietud. De inmediato se comenzó a monitorear las reacciones en las familias de los mapuches en huelga y se empezó a estudiar el significado de la resolución a través de los abogados del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

El ministro Cristián Larroulet y su subsecretario, Claudio Alvarado, se han divido el trabajo de mantener contacto con los involucrados. Alvarado confirmó que mantienen "conversaciones con monseñor Ezzati en el entendido que el Gobierno siempre ha estado abierto al diálogo".

Texto: El Mercurio / Foto: Héctor Flores.

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sábado, 4 de junio de 2011

Ezzati tras reunirse con familias de comuneros: "Buscamos un camino de salida a la huelga de hambre"

Ezzati tras reunirse con familias de comuneros: "Buscamos un camino de salida a la huelga de hambre"

El arzobispo de Santiago explicó que el hecho de intervenir en el caso de los mapuches no representa una crítica al Poder Judicial, porque "eso es algo que no me corresponde".

por Jorge Maltrain Macho -
© AgenciaUno

El arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, se reunió este viernes con los familiares de los comuneros mapuches José Huenuche Reimán, Jonathan Huillical, Ramón Llanquileo Pilquimán y Héctor Llaitul, quienes se mantienen en huelga de hambre luego que la Corte Suprema rebajara sus penas por el ataque al fiscal Mario Elgueta.

El sacerdote explicó a La Tercera que "fue una reunión en que acogí el dolor, la situación anímica de los familiares, la decepción que sienten frente a lo que ha sido la determinación de la Corte Suprema, porque ellos esperaban otra cosa".

Indicó que "yo los acogí, los escuché, traté de entrar en sus pensamientos y sentimientos, los apoyé en su dolor como familiares y en su preocupación por los presos que están en huelga de hambre".

Y, al respecto, el arzobispo Ezzati afirmó que "lo más importante que hemos dialogado es buscar un camino de salida a la huelga de hambre, el cual esperamos vaya madurando cuanto antes".

-¿Y este camino por dónde iría?

-Eso deberán determinarlo los familiares junto con los detenidos, pero naturalmente vamos a apoyarlos en lo que podamos desde la Iglesia católica, en la persona del arzobispo de Concepción Fernando Chomalí y yo personalmente también voy a hacerlo.

-¿Evaluó la posibilidad de reunirse personalmente con los comuneros?
-Eso también lo conversamos, pero estando el arzobispo Chomalí y monseñor Pedro Ossandón, ellos tienen la responsabilidad directa de la pastoral de esa porción de la Iglesia, así que a ellos les corresponde en primer lugar realizar esa tarea. Para mí es mucho más difícil poderla ejercer, porque ya no soy arzobispo de Concepción y porque las distancias son las que son.

El arzobispo explicó, eso sí, que "les envié un saludo muy cariñoso a través de sus familiares y naturalmente comprendieron muy bien cuál es la organización de la Iglesia y también la disponibilidad mía de poder estar cerca de ellos".

-¿Cómo puede conjugarse una intervención de la Iglesia en este caso sin que, de por medio, haya una crítica al Poder Judicial?
-Nosotros no le hacemos ninguna crítica al Poder Judicial. Uno puede decir que esperaba una cosa u otra, pero sin hacer ninguna crítica, porque no me corresponde criticar a un poder del Estado. En la mañana había declarado que me parecía muy importante que pudiera hacer un discernimiento que, por supuesto, fuera expresión de la legalidad, pero también de una interpretación de la legalidad que tuviera muy en cuenta el tema de la persona humana y de la vida humana. Estoy convencido de que las personas que han juzgado el hecho, lo han hecho con esa conciencia.


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viernes, 3 de junio de 2011

CORTE SUPREMA ACOGE PARCIALMENTE RECURSOS DE NULIDAD DE COMUNEROS MAPUCHES

CORTE SUPREMA ACOGE PARCIALMENTE RECURSOS DE NULIDAD DE COMUNEROS MAPUCHES

 Ver video de la lectura de sentencia

Leer fallo (PDF)

La Corte Suprema dictó sentencia en el recurso de nulidad en el juicio en contra de Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquimán, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez, acusados de los delitos robo con intimidación, homicidio frustrado (en contra fiscal del Ministerio Público Mario Elgueta), y lesiones graves contra funcionarios de la PDI.

En fallo unánime (en causa rol 2921-2011), los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Benito Mauriz, acogieron parcialmente los recursos de nulidad planteados por las defensas y los querellantes de la causa en contra del  fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete del 22 de marzo pasado.

 

Respecto del denominado "Hecho A 1" -delito de robo con intimidación cometido, el 15 de octubre de 2008, en Tirúa- se rechazaron los recursos y se mantuvieron las condenas que se detallan:
-Héctor Javier LLaitul Carrillanca: 10 años y un día de presidio;
-Ramón Esteban Llanquileo Pilquimán: 5 años y un día;
-José Santiago Huenuche Reiman: 5 años y un día, y
-Jonathan Sady Huillical Méndez: 5 años y un día.

 

En tanto, en el denominado "Hecho A.2" -el delito de homicidio frustrado del fiscal adjunto del Ministerio Público Mario Elgueta, y de lesiones graves a personal de la PDI, ocurrido el 16 de octubre de 2008- se determinó acoger los recursos de nulidad y dictar sentencia de reemplazo en los siguientes términos:
-Héctor Javier LLaitul Carrillanca: 4 años y un día;
-Ramón Esteban Llanquileo Pilquimán: 3 años y un día;
-José Santiago Huenuche Reiman: 3 años y un día, y
-Jonathan Sady Huillical Méndez: 3 años y un día.

 
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CORTE SUPREMA ACOGE PARCIALMENTE RECURSOS DE NULIDAD DE COMUNEROS MAPUCHES

 Ver video de la lectura de sentencia

Leer fallo (PDF)

La Corte Suprema dictó sentencia en el recurso de nulidad en el juicio en contra de Héctor Llaitul Carrillanca, Ramón Llanquileo Pilquimán, José Huenuche Reiman y Jonathan Huillical Méndez, acusados de los delitos robo con intimidación, homicidio frustrado (en contra fiscal del Ministerio Público Mario Elgueta), y lesiones graves contra funcionarios de la PDI.

En fallo unánime (en causa rol 2921-2011), los ministros de la Segunda Sala Nibaldo Segura, Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmestch y el abogado integrante Benito Mauriz, acogieron parcialmente los recursos de nulidad planteados por las defensas y los querellantes de la causa en contra del  fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete del 22 de marzo pasado.

 

Respecto del denominado "Hecho A 1" -delito de robo con intimidación cometido, el 15 de octubre de 2008, en Tirúa- se rechazaron los recursos y se mantuvieron las condenas que se detallan:
-Héctor Javier LLaitul Carrillanca: 10 años y un día de presidio;
-Ramón Esteban Llanquileo Pilquimán: 5 años y un día;
-José Santiago Huenuche Reiman: 5 años y un día, y
-Jonathan Sady Huillical Méndez: 5 años y un día.

 

En tanto, en el denominado "Hecho A.2" -el delito de homicidio frustrado del fiscal adjunto del Ministerio Público Mario Elgueta, y de lesiones graves a personal de la PDI, ocurrido el 16 de octubre de 2008- se determinó acoger los recursos de nulidad y dictar sentencia de reemplazo en los siguientes términos:
-Héctor Javier LLaitul Carrillanca: 4 años y un día;
-Ramón Esteban Llanquileo Pilquimán: 3 años y un día;
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miércoles, 1 de junio de 2011

VUELVEN LOS ENCAPUCHADOS EN EL SUR

Encapuchados queman camión forestal en zona de conflicto mapuche

por Héctor Andrade

Un camión que prestaba servicios a la forestal Mininco resultó completamente quemado anoche luego de ser objeto de un atentado incendiariopor parte de encapuchados.

El hecho ocurrió en el kilómetro 7 de la ruta que une las ciudades de Temuco y Labranza, en la IX Región. Se registraron disparos, pero no personas heridas producto del atentado.

Al lugar llegó personal de Labocar de Carabineros, que encontró panfletos alusivos a la liberación de cuatro miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, que están en huelga de hambre.

El último hecho de este tipo ocurrió en agosto, cuando sujetos detuvieron un camión en la ruta que une Angol con Collipulli. En el lugar, los desconocidos dispararon contra la cabina del vehículo y una vez al aire, tras lo cual procedieron a quemar la máquina.

Este fue el tercer atentado incendiario en contra de vehículos forestales el año pasado. El primero destruyó un camión de una brigada forestal en el sector Bololhue, en Ercilla, a principios de año. El segundo, en tanto, se registró al interior de Pidima, en Ercilla, cuando desconocidos quemaron un bus que terminaba de dejar trabajadores en su domicilio.


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viernes, 27 de mayo de 2011

Diputado Edwards afirma que Gobierno ha cumplido compromisos asumidos por huelga mapuche

Diputado Edwards afirma que Gobierno ha cumplido compromisos asumidos por huelga mapuche

Publicado el 26 de mayo del 2011

Junto con hacer un enérgico llamado a deponer la huelga de hambre, el diputado Edwards explicó que la preocupación del Gobierno se centra en el estado de salud de los ayunantes y que los juicios se ajusten a derecho sin discriminación.

    El diputado Renovación Nacional y presidente de la Comisión de Pueblos Originarios de la Cámara, José Manuel Edwards, participó junto a parlamentarios de la Región de la Araucanía en una reunión citada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, en la ciudad de Temuco, para analizar los avances obtenido en esta materia por el Gobierno.

    "Tratamos temas relativos a los asuntos pendientes que tenemos como Estado respecto de derechos humanos y respecto del cumplimiento del Convenio 169 de la OIT", afirmó Edwards.

    El parlamentario explicó que además trataron los primeros resultados de las mesas de diálogo impulsadas por el intendente Andrés Molina y el proceso de consulta impulsada por el gobierno del Presidente Sebastián Piñera.

    Respecto de este último punto, Edwards destacó la necesidad de generar un mecanismo que permita realizar consultas a los pueblos indígenas acorde a lo asumido cuando se ratifica el Convenio 169.

    "Este es un tema muy importante para el Gobierno y el Estado chileno, por lo que se necesita colaboración de todos los sectores para poder avanzar", dijo.

    El presidente de la comisión de Pueblos Originarios afirmó que los antecedentes que se obtuvieron de esta reunión permitirán complementar el trabajo de la instancia legislativa.

    El diputado Edwards explicó que existe preocupación por los cuatro mapuches que se encuentran en huelga de hambre y confirmó que esto fue analizado en la reunión. "El Gobierno el año pasado cumplió su promesa y trabajó arduamente por modificar la Ley Antiterrorista y el Código de Justicia Militar, por lo que ha cumplido con los compromisos asumidos, sin embargo existen temas en que se debe avanzar. La salud de los comuneros atraviesa una etapa crucial, ya que han bajado 19 kilos en promedio", sostuvo.

    El congresista explicó que la preocupación actual del Gobierno es el estado de salud de los huelguistas y que los juicios que sea hagan sean justos y cumplan con las leyes. "Nosotros estamos velando por un juicio justo, que se apliquen las normas que corresponden y por la salud de los comuneros y eso nos trae una problemática", dijo.


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    jueves, 26 de mayo de 2011

    INDIGENA CHILE<:

     

    Ministro de mideplan, felipe kast, ante problemática indígena

    "Con el pueblo mapuche hay que ser ciudadosos con los compromisos asumidos"

     
    - ¿La huelga de hambre de los comuneros mapuches, significa que las medidas implementadas por el gobierno(modificación Ley Antiterrorista y Justicia Militar) no han dado resultado?
- Es un tema complejo. Es un problema muy desafortunado donde el gobierno el año pasado, desde el inicio, ha tenido un diálogo muy profundo con ellos y asumió ciertos compromisos.

    - ¿Se cumplieron esos compromisos?
- El gobierno cumplió con cada uno de ellos que llevaron a una solución muy trascendental, que logró deponer la huelga el año pasado. Es un tema que nos preocupa y que nos encantaría que se solucionara a la brevedad posible.

    - La ONU cuestiona que sean sometidos a jucios dobles, justicia militar y civil.

    - El gobierno se ha preocupado con mucho cuidado de cumplir al pie de la letra cada uno de los compromisos que se adoptaron y seguimos monitoreando este tema.

    - Los comuneros en cambio, argumentan que el gobierno tiene un dobe estándar...

    - El gobierno siempre no sólo está dialogando con los involucrados, sino que también ha cumplido a cabalidad con cada uno de los compromisos. Con el pueblo mapuche hay que ser muy cuidadosos con los compromisos que uno asume. En el minuto que uno falta a la palabra se quiebran las confianzas y esa fue la peor herencia que recibimos de los gobiernos anteriores, donde había comunidades que dicen que se faltó a la palabra.

    - ¿No teme un desenlace desfavorable de la huelga que ya cumple 73 días?
- Aunque estoy en comunicación constante con el subsecretario Claudio Alvarado, y con los ministros Hinzpeter y Larroulet el tema de la huelga de hambre y los compromisos que se suscribieron en esa conversación, están radicados hoy en la Subsecretaría General de la Presidencia. Nosotros estamos abocados a la tarea de la agenda propia del asunto indígena que es distinto a las circunstancias de los juicios que se encuentran involucrados en la huelga de hambre. Roles distintos dentro del gobierno pero complementarios, eso es lo positivo
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    viernes, 20 de mayo de 2011

    demanda contra empresas que patentan variedades vegetales

     

    demanda contra empresas que patentan variedades vegetales

    Letelier y abogados de EEUU en picada contra plaguicidas de Monsanto

    Se busca identificar responsabilidades por intoxicaciones y malformaciones.

     
    Por Sebastián Vega Morales


    A la justicia de EEUU recurrirá el vicepresidente del Senado, Juan Pablo Letelier (PS), para demandar a las empresas productoras y exportadoras de plaguicidas utilizadas en Chile, en colaboración directa con abogados norteamericanos de los estudios Jay Halpern & Associates P.A. y Víctor Careaga & Associate P.A.

    Las acciones legales buscan demostrar la responsabilidad de los fabricantes en los daños a personas que se ven expuestas a estos agrotóxicos, causando intoxicaciones y malformaciones congénitas masivas.

    "Estas grandes transnacionales que traen paquetes tecnológicos lo hacen a sabiendas que muchos de estos productos han sido prohibidos por la OMS (Organización Mundial de la Salud), en sus países de origen y la Unión Europea, precisamente por el daño que causan a la salud humana y a los ecosistemas", señaló enfático el parlamentario de la Concertación.

    El senador por la región de O`Higgins ratificó que las demandas serán interpuestas en diferentes jurisdicciones de EEUU, con el fin de dar visibilidad internacional a un problema que está afectando a miles de personas en Chile.

    "Son más de 4 mil intoxicaciones agudas por año, concentrándose fundamentalmente, en las VI, VII y VIII región, sin perjuicio de fenómenos muy puntuales y dramáticos en comunas como Quillota o Melipilla", indicó el legislador, apuntando, al mismo tiempo, que 57% de los casos involucra a mujeres.

    Con el apoyo de las organizaciones Chile sin Transgénicos y RAP - AL Chile, Letelier anunció que las acciones legales no sólo irán contra la transnacional Monsanto, sino que "a todos los proveedores de plaguicidas y agrotóxicos que se usan en nuestro país", porque "cuando salen de sus fronteras nos tratan como países del tercer mundo".



    Convenio 169


    Otra arista que cruza la discusión es la aprobación del tratado Upov 91 y la vulneración del convenio 169. "No se debe haber votado, por cuanto no se hizo la consulta a los pueblos originarios de acuerdo al convenio 169 de la OIT, y por eso vamos a llevar este tema al Tribunal Constitucional, que se presenta esta semana", sentenció Letelier.


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    miércoles, 18 de mayo de 2011

    QUE SE ENTIENDE POR UPOV

    ¿Qué es Upov?

     
    El sistema de la Upov de protección de variedades vegetales surgió con la adopción del Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales por una Conferencia Diplomática, el 2 de diciembre de 1961, en París.

    A partir de ese momento, comenzaron a reconocerse en todo el mundo los derechos de propiedad intelectual de los obtentores sobre sus variedades.

    Este convenio se ha modificado en tres oportunidades: 1972, 1978 y 1991. El sistema también contempla la aprobación de un proyecto de ley que busca actualizar el régimen jurídico que regula los derechos sobre esta materia, de manera de poder cumplir con lo establecido en el compromiso de adherir al acta de 1991.

    Este es un compromiso adquirido por Chile en el contexto del TLC con EEUU, el que en su artículo 17, establece que las partes deberán suscribir al Upov 91 a partir del 1 de enero de 2009. Este proyecto fue enviado a principios de ese año y actualmente, descansa en la Comisión de Agricultura del Senado.


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    pedirían revisión del tribunal constitucional

    SEMILLAS A TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

    Concertación reabre polémica por convenio sobre patentes de semillas

    Senadores de oposición rechazaron la semana pasada, la ratificación del acuerdo para la protección de obtención de vegetales.

     
    Por Gonzalo Cerda


    
Tras la aprobación del convenio Upov 91, la semana pasada en la sala del Senado, parlamentarios de la Concertación advirtieron sobre los riesgos que acarrearía para la agricultura.

    El convenio protege las obtenciones vegetales,que actuan como una suerte de patente, estableciendo que cualquier persona pueda inscribir y obtener derechos sobre una variedad vegetal, lo que le permite cobrar el uso de estas semillas. El convenio suscrito endurece aún más las sanciones a quienes utilicen estas semillas y no hayan pagado los derechos correspondientes. Este acuerdo debió ser ratificado por Chile, dado un requerimiento establecido en el marco del Tratado de Libre Comercio con EEUU.

    Los parlamentarios que participaron en el debate advirtieron que antes de haber votado esta ratificación se debió haber debatido la ley sobre derechos de obtentores vegetales, que deroga la Ley Nº 19.342 y que creó en Chile el registro de especies vegetales. Para la senadora Ximena Rincón (DC), "existe miedo sobre los costos que podría accarear este acuerdo sobre la agricultura", lo que es refrendado por el senador Jaime Quintana (PPD) quien advierte que "para que esto tenga valor, Chile debe contar con la ley de obtentores vegetales que todavía no votamos".

    El senador Alejandro Navarro (MAS) señaló que el citado convenio "impedirá a los campesinos guardar sus semillas y extenderá el tiempo de vigencia de los derechos y garantías de las transnacionales que vendan semillas híbridas en el país". Durante la jornada de ayer, dichos parlamentarios anunciaron la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional para revertir esta situación.

    En tanto, el senador Hernán Larraín (UDI), advirtió que en esta discusión "hay demasiada desinformación". Agregó además, que con esta aprobación "se está cumpliendo con un compromiso adquirido en 2003, y que busca proteger a los creadores de distintos tipos de semillas".

    
La visión de los gremios


    Para el presidente de Fedefruta, Antonio Walker, este es un tema "muy delicado" y plantea que es necesario hacer "una discusión científica, no politizarlo, porque este es un país agrícola, estas son medidas que nos ayudan a bajar costos".

    A juicio de Luis Mayol, presidente de la SNA, abrir el debate significa desmitificar esta situación. "Me llama mucho la atención que gente preparada critiquen esta situación. Yo tengo que proteger a alguien que hace la inversión para investigar y para obtener mejores semillas y que claramente, no es transgenia, es mejoramiento genético".

    "Si nosotros a estas patentes no las protegemos no vamos a tener a nadie interesado en hacer una inversión de esa naturaleza y la forma es prohibiendo que se multipliquen las semillas sin autorización", explicó.

    Por parte del gobierno, el director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), Horacio Bórquez, señaló que el convenio "lo que hace, es proteger a los pequeños agricultores, a medianos, a instituciones y universidades que generan variedades de semillas y quedan protegidas".

    Completamente distinta es la postura de la directora ejecutiva de la Fundación Terram, Flavia Liberona, quien advierte que el tema puede ser "más complejo y más amplio" que lo que se está presentando. "Se puede tener derecho sobre cualquier variedad vegetal, y este sistema es muy poco riguroso porque es muy complejo identificar quién es el productor". Liberona advierte que Chile no tiene una legislación adecuada de protección de sus cultivos. "Eventualmente, la multinacional Monsanto o la nacional Semillas Von Baer, podría beneficiarse aún más con esta situación", acusa.


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    lunes, 16 de mayo de 2011

    INDIGENA CHILE: La importancia de la consulta sobre institucionalidad indígena 2011

    La importancia de la consulta sobre institucionalidad indígena 2011

    avatar
    Gonzalo Arenas
    Diputado UDI

    Uno de los principales problemas para establecer una política pública de largo plazo, hacia los pueblos originarios de nuestro país, es la ausencia de un diálogo institucionalizado y eficaz, que permitan generar consensos con fuerte legitimidad social y permitir canalizar la disconformidad y los debates propios que siempre surgirán entre el Estado y los pueblos originarios.

    Es por eso tan importante, la consulta sobre institucionalidad indígena que se realizará durante el 2011, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

    Este proceso de consulta aborda tres temas de enorme relevancia para los pueblos indígenas, toda vez que dicen relación con el marco institucional a través del cual se formalizara el diálogo entre el Estado y nuestros pueblos originarios.

    La consulta sobre institucionalidad indígena 2011 es un hecho de la mayor importancia y marcará un hito fundamental en las relaciones entre el Estado de Chile y sus pueblos originarios

    Es así, como la Consulta que se va a realizar, tratará de los siguientes temas:

    1. El proyecto de reforma constitucional que otorga reconocimiento a los pueblos indígenas, actualmente en discusión en el Senado.
    2. El contenido de los proyectos de ley que crearán la Agencia de Desarrollo Indígena (en reemplazo de la CONADI) y el Consejo de Pueblos Indígenas, (como nueva instancia de representación indígena), y
    3. El procedimiento de consulta, es decir, la forma que adoptará dicha consulta y participación respecto de las medidas administrativas y legislativas que puedan afectar directamente a los pueblos indígenas, en cumplimiento del mandato del Convenio 169 de la OIT.

    Un punto de la mayor importancia sobre el proceso de consulta, es preguntarnos si este cumple o no con los estándares internacionales sobre consultas indígenas.

    Ante esta duda, podemos afirmar que la consulta 2011 incorpora punto por punto los principios del Convenio 169 y recomendaciones de la OIT, que entrará en vigencia en nuestro país con fecha 15 de septiembre de 2009.

    También, y por primera vez en Chile, establece instancias que a través del diálogo buscan llegar a un consenso sobre las medidas consultadas antes de generar el informe final.

    Asimismo, fomenta la más amplia participación de las instituciones representativas de los pueblos indígenas, sin exclusiones de ningún tipo y, también como un hecho único en nuestro país, pone a disposición de los pueblos indígenas recursos destinados a la contratación de asesoría independiente y a la generación de instancias de libre discusión y opinión por su parte.

    También se han considerado para el diseño del proceso consulta, las recomendaciones recibidas de las personas y organizaciones indígenas en las mesas de participación y diálogo realizadas entre el año 2009 y 2011 en las diferentes regiones del país, y la experiencia recogida en todos los procesos de consulta y participación realizados en Chile desde 2009 a la fecha.

    Por último, el actual proceso de consulta considera las recomendaciones del Relator de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas.

    Por otro lado debemos destacar que esta consulta tendrá etapas muy concretas; es así como durante los meses de abril y mayo se hará un trabajo de discusión y sociabilización de la consulta, que entre otras medidas contempla la creación de una pácccccccgina web y una línea 800 para las inscripciones al proceso.

    Entre los meses de mayo y junio se realizará la consulta propiamente tal, que se materializará en el envío de la información por correo sobre los temas a analizar a todos los inscritos en el proceso de consulta y mediante la realización de talleres de entrega de información.

    Dichos talleres constituyen un elemento esencial de la consulta y se realizarán 120 jornadas comunales de un día de duración, a lo largo de todo el país.

    Una vez recibida la información, se entregará un plazo -entre junio y julio- para que las comunidades y organizaciones indígenas discutan internamente sus respuestas, para lo cual el Gobierno entregará fondos para las entidades que lo soliciten, con el fin de que puedan contratar asesores o consultores propios, para poder asesorarse en mejor forma sobre las materias consultadas

    Posteriormente, durante agosto de 2011, se volverán a realizar 120 jornadas comunales a lo largo de todo el país, en donde se entregarán las respuestas y posiciones acordadas por las comunidades.

    Durante septiembre y octubre, se dejará un plazo para seguir recibiendo observaciones o respuestas y se trabajará en los resultados, con el fin de generar un preinforme, el cual se discutirá con las comunidades y organizaciones indígenas representativas.

    En noviembre se espera tener el informe final y la discusión de sus resultados.

    Como se puede apreciar, la consulta sobre institucionalidad indígena 2011 es un hecho de la mayor importancia y marcará un hito fundamental en las relaciones entre el Estado de Chile y sus pueblos originarios.


     

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    domingo, 15 de mayo de 2011

    Políticas de tierras indígenas

    Políticas de tierras indígenas


    Durante el año 2010, la ejecución presupuestaria en la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) fue baja y significó que quedaran sin gastar 33 mil millones de pesos. En los primeros meses de este año, la proporción gastada era aún menor, y no alcanzaba al uno por ciento del total asignado para este ejercicio presupuestario. Parecía que la explicación más razonable de este hecho inusual era que la política de compras de tierra para las comunidades mapuches estaba cambiando. Así lo habían indicado diversas autoridades, pero nunca quedó claro en qué consistirían las innovaciones en la política del nuevo gobierno.

    Ahora, el ministro Kast ha informado que se están comprando más de mil hectáreas para una comunidad mapuche de Malleco y que se espera proceder a comprar tierras a un ritmo acelerado en lo que resta del año, para gastar los 41 mil millones de pesos asignados en el presupuesto 2011. La nueva política, aparentemente, sólo consistiría en negociar mejores precios, pero se insistirá en la adquisición de tierras para ser traspasadas a las comunidades.

    La experiencia, sin embargo, no avala la forma de abordar el problema que siguió la Concertación durante 20 años y que se inició sólo como una respuesta un tanto improvisada a una situación coyuntural. Sin ideas nuevas para enfrentar las crecientes protestas mapuches, los sucesivos gobiernos concertacionistas traspasaron más de 70 mil hectáreas, que no han cambiado en nada la situación de pobreza de las comunidades beneficiadas. Por el contrario, las tierras se han deteriorado seriamente, como lo reveló un estudio que mostró que más del 80 por ciento de esos terrenos ya no son aptos para producir y carecen de agua para riego y consumo humano. El simple expediente de comprar tierras y cederlas bajo un régimen legal discriminatorio, que les impide a los mapuches la plena propiedad de ellas, sólo prolonga y agrava la situación de vulnerabilidad de los grupos indígenas.

    Después de las evaluaciones negativas que se han hecho de la política de cesión de tierras, cabía esperar soluciones innovadoras que asegurasen el desarrollo económico y cultural de las comunidades. Los indígenas necesitan incorporarse en mayor número al mundo moderno del siglo XXI, como lo han hecho muchos de ellos, que han dignificado sus tradiciones culturales, han impulsado el uso del mapudungún en los programas computacionales o han procurado crear una versión de Wikipedia. Esos logros no se fortalecerán al insistir en un sistema de vida de cultivo comunitario de tierras poco productivas, como se hacía hace 500 años, y es tarea de las autoridades actuales proponer una renovación de las políticas indígenas que aseguren un rápido desarrollo de sus comunidades.


    Fuente:EMOL

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    martes, 10 de mayo de 2011

    Cámara solicita que se consulte a pueblos indígenas sobre reforma constitucional que les da reconocimiento

    Cámara solicita que se consulte a pueblos indígenas sobre reforma constitucional que les da reconocimiento

    Publicado el 10 de mayo del 2011

    Con 45 votos a favor y 2 abstenciones, la sala de la Cámara de Diputados dio su aprobación al Proyecto de Acuerdo 269, que solicita al Presidente de la República llevar a la práctica el proceso de consulta establecido en el Convenio 169 de la OIT respecto al proyecto de reforma constitucional sobre reconocimiento de los pueblos indígenas, en actual tramitación en el Congreso Nacional.

      La iniciativa fue impulsada por el diputado Guillermo Teillier (PC), quien recordó que desde el año 2008 rige en Chile el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, tratado internacional que establece el deber de consultar a los pueblos indígenas y sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente.

      Hizo presente, en el mismo sentido, que está en actual tramitación en el Senado un proyecto de reforma sobre reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, que hasta ahora no ha sido sometido a consulta como establece el Convenio de la OIT, lo que a juicio del parlamentario transgrede de forma tácita dicho tratado.

      Recordó además que el Tribunal Constitucional, en sentencia del 20 de agosto del año 2000, determinó que la obligación de consultar a los pueblos indígenas establecida en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT es una norma autoejecutable o de aplicación directa.

      El diputado Teillier también resaltó que el Informe de Recomendaciones a Chile presentado en septiembre de 2009 por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas, James Anaya, señala expresamente que el Congreso Nacional tiene el deber de consultar con los pueblos indígenas del país el proyecto de reforma constitucional antes descrito.


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      indigena chile: LyD: “La compra de tierras no está paralizada, sino que la política cambió”

      LyD: "La compra de tierras no está paralizada, sino que la política cambió"

       
      "Si bien este proceso ha tardado un tiempo, el reciente anuncio del director de la Comisión Nacional Indígena (Conadi), Jorge Retamal, de la compra de cuatro mil hectáreas, demuestra que se está avanzando en la compra de tierras". Así explicó la investigadora del Programa Sociedad y Política de Libertad y Desarrollo (LyD), Claudia Hernández, el hecho que a mayo de este año, la Conadi haya ejecutado sólo un 0, 62% de los recursos destinados a la compra de tierras.

      A juicio de la experta, "existía una necesidad de transparentar los procesos de compra, dejando de lado la discrecionalidad y las irregularidades que abundaron. Sin duda que se está en la senda correcta cuando se beneficia a aquellas comunidades que no utilizan medios violentos. Esto es un primer paso para empezar a integrar a las poblaciones indígenas y demostrarles que de ellos depende mejorar su calidad de vida". Menciona que el fin de semana se registró una nueva toma de un fundo de propiedad de Forestal Mininco en la Región de la Araucanía. "Esto se suma a las movilizaciones iniciadas la semana pasada" que según plantea, "no responden a un hecho coyuntural, sino que llaman la atención de las autoridades respecto a la entrega de tierras".

      La especialista añade que "las comunidades indígenas violentas, que se habían mantenido expectantes ante los anuncios del gobierno, han retomado sus procesos reivindicatorios". A su juicio, "durante años hubo una política errada en esta materia (...) los gobiernos anteriores entregaban tierras a grupos violentos a cambio de paz social". Según Hernández reforzar los cambios en materia indígena es fundamental. "La nueva política establecida por el gobierno ha revisado los procesos administrativos y ha sido claro en destacar que la compra de tierras no está paralizada sino que la política de tierras cambió", concluye.


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