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jueves, 25 de junio de 2009

codigo indigena: presidenciables participaron en actividades por el día de los pueblos originarios

presidenciables participaron en actividades por el día de los pueblos originarios

Frei y Piñera fijan líneas de acción para implementar el futuro Código Indígena

Concientes de que será el próximo gobierno el encargado de implementar el denominado Código de Conducta Responsable en Tierras Indígenas, los candidatos presidenciales de la Concertación y la Coalición por el Cambio esbozaron ayer las primeras líneas de acercamiento al tema.

Tanto Eduardo Frei como Sebastián Piñera decidieron conmemorar el Día de los Pueblos Originarios con ceremonias en que estuvieron rodeados de representantes del mundo indígena. Y en la oportunidad, ambos encararon uno de los temas de preocupación del empresariado: el borrador que existe para enfrentar una de las exigencias del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Al respecto, Piñera dijo que "Chile suscribió el Convenio 169 y, por lo tanto, lo vamos a cumplir". Y en ese contexto, el presidenciable aliancista comentó que dicha reglamentación "tiene algunas materias que son autoejecutables y otras en que se requieren políticas del gobierno y del Estado para cumplirlo".

Con ello, el ex senador RN hizo referencia a la exigencia de consulta a los pueblos indígenas respecto de las medidas administrativas para implementar el Convenio. Así, Piñera sostuvo que el gobierno debiera asegurar que "cada vez que tengamos políticas, ya sea legislativas o administrativas, que afecten a nuestros pueblos originarios, tenemos que tener la participación y escuchar la voz de los pueblos originarios. Y cada vez que se desarrollen proyectos y programas, tenemos que permitir la participación" de las diferentes etnias.

Ahora bien, miembros del equipo piñerista coincidieron con los reparos realizados por el mundo empresarial, en cuanto a que un perfeccionamiento de ciertos aspectos de la legislación nacional permitiría ajustar las inversiones a los requerimientos de la OIT, sin necesidad de establecer un reglamento particular, que es el que el Ejecutivo buscaría con el Código Indígena.

Esto, eso sí, no obsta -dicen en el entorno de Piñera- del necesario establecimiento de una "agenda" que permita abordar las futuras inversiones y proyectos de desarrollo en zonas indígenas, en cuya elaboración deben participar representantes de diferentes etnias.


Grupo de trabajo

En tanto, Eduardo Frei recordó  que, a la fecha, el Código Indígena es un borrador, de modo que -enfatizó- "cuando esté terminado ahí lo vamos a conversar".

Sin embargo, el abanderado de la Concertación esbozó las "ideas fuerza" que sustentarán la discusión al interior de su comando: "Equilibrio, estabilidad, inversión, respeto a toda la gente. Eso es lo que pedimos", sentenció.

Tales palabras están asociadas a que -según reveló el vicepresidente del PPD Domingo Namuncura- "no hay todavía una postura oficial en el comando respecto del tema indígena".

Esto, porque sólo ayer Frei asumió el compromiso de elaborar una propuesta presidencial en torno a las necesidades de los pueblos originarios. Y para ello, el senador DC anunció la formación de un grupo de trabajo en el que participen unos 50 representantes de los nueve pueblos que existen en el país.

Al respecto, Namuncura comentó que el equipo se formaría en los próximos diez días y contaría con cerca de tres meses para elaborar una propuesta, que debe ser, además, debatida con el equipo programático del candidato, Océanos Azules.



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Rodrigo González Fernández
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lunes, 22 de junio de 2009

GOBIERNO MODIFICARÁ BORRADOR DEL CÓDIGO, PERO TEMA SIGUE SIENDO COMPLEJO

GOBIERNO MODIFICARÁ BORRADOR DEL CÓDIGO, PERO TEMA SIGUE SIENDO COMPLEJO

Judicialización, la amenaza que surge tras la implementación del Convenio 169 de la OIT

A pesar de que el gobierno decidió dar un giro radical en la polémica generada por el borrador del código de conducta responsable para pueblos indígenas, al  acotar los alcances de la señalada normativa, el tema sigue siendo complejo para el sector empresarial.

Desde el momento en que el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas anunció la creación de un código, se generaron fuertes expectativas en los pueblos originarios, lo que explicaría que frente a este escenario el gobierno se vea en la obligación de realizar algún tipo de pronunciamiento.

Tanto en el gobierno como en el empresariado están claros que la iniciativa inicial pasó a mejor vida, pero los segundos esperan con preocupación la "pauta" que anticipó el ministro José Antonio Viera-Gallo en el último comité ejecutivo de la CPC, realizado el martes pasado. 

Y es que temen que una vez que el Convenio 169 de la OIT se implemente en el país el 15 de septiembre, se produzca una judicialización de los casos.

Algunos expertos que han manifestado sus reparos al inicial borrador del gobierno aseguran que esta etapa será "inevitable", dado que los temas relacionados con áreas de influencia territorial, marcos de aplicación en cada sector (público y privado) y entrega de los beneficios, siguen siendo polémicos.

Esto último, en parte, porque la OIT sólo plantea la entrega de beneficios, pero acto seguido señala que esto se realizará en la medida de lo posible, dejando márgenes de interpretación que pueden abrir focos de conflicto entre las empresas y los pueblos indígenas.

Pero otros, en cambio, afirman que el señalado convenio en sí no es judicializable y que incluso todo dependerá del camino que tome el gobierno para abordar la puesta en marcha del Convenio 169.

En este contexto, el pronunciamento que realizó en su momento el Tribunal Constitucional en el sentido que Chile ya cumple con los planteamientos de la OIT y que incluso hay establecidas instancias de consulta con participación de los pueblos indígenas, resulta interesante.

De hecho, Chile cuenta con un órgano abocado a estos temas, la Conadi. Por otra parte, la participación de los pueblos originarios está definida en la Ley Indígena, y existen una serie de programas en materia educacional, de salud y riego, entre otros, diseñados para ellos.


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Jaime Campos, ex titular de agricultura, fue contactado por el gremio para enfrentar convenio 169 de la oit

LAS BUENAS IDEAS DE JAIME CAMPOS
Jaime Campos, ex titular de agricultura, fue contactado por el gremio para enfrentar convenio 169 de la oit

CPC recluta a ex ministro de Ricardo Lagos para asesoría sobre polémica norma indígena

Silvana Celedón Porzio

Elaborando un informe sobre el impacto de la implementación del Convenio 169 de la Organización Internacional  del Trabajo (OIT) y los reparos al inicial borrador sobre código indígena hecho por el Comisionado Presidencial, se encuentra por estos días el ex ministro de Agricultura de la administración de Ricardo Lagos, Jaime Campos.

El jurista y académico fue reclutado por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) para realizar el documento que el empresariado presentará durante las próximas semanas al Gobierno para expresar sus aprensiones frente a un tema que ha revuelto las aguas en el sector privado, debido a su impacto en las inversiones.

De hecho, a tan sólo días de que el comisionado Rodrigo Egaña expusiera los lineamientos del señalado borrador, los gremios manifestaron su preocupación por el enfoque de éste, lo que los llevó a solicitar una asesoría, que finalmente recayó en Campos. Este tiene una crítica visión respecto de la forma en que el gobierno ha abordado el tema y cuenta con una serie de argumentos que plantean que actualmente existe una legislación en materia indígena, por lo que no se requiere de nuevas normas.

De hecho, el ex secretario de Estado afirma que "Chile ha venido legislando para los pueblos indígenas desde hace muchos años. Por lo tanto, no es que a raíz de este Convenio 169 de la OIT el país recién se preocupe por este tipo de materias".

Es por ello, que Campos critica el enfoque del borrador del Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas. "Lo peor es presentar este tema prácticamente como una novedad, ya que además se generan muchas expectativas en los pueblos originarios, que al final no serán cumplidas".

Más en detalle, afirma que el señalado texto "fue mucho más allá del Convenio 169, ya que planteaba imperativos y regulaba aspectos que no son regulables". 

 En esta misma línea, sostiene que "se ha dado a entender que el país tiene que hacer algo antes del 15 de septiembre, día en que entra en vigencia el señalado convenio, pero la verdad es que Chile perfectamente podría decir que ya está cumpliendo. Ahora, si se quiere avanzar ¡perfecto! pero no es una obligación".



Impacto en el sector privado

Por otra parte, Campos asegura que si bien la OIT establece obligaciones, éstas rigen para el Estado, no para particulares.

Al respecto, el ex ministro  es categórico:  "El Convenio 169 no establece deberes imperativos que el Estado de Chile deba cumplir o hacer a partir del 15 de septiembre, puesto que la mayoría de sus disposiciones son declaraciones de principios que ya están acogidas en nuestra legislación y en el quehacer del ejecutivo".

Ahora bien, agrega que "si hubiese un deber, ése es del Poder Ejecutivo, los que normalmente se expresan por medio de iniciativas legales o actos propios de la Potestad Reglamentaria, pero en ningún caso por medio de meros instructivos presidenciales, que son simples actos de administración".

Es más, Campos puntualiza que "para afectar los derechos de los particulares se requiere de una ley y su proceso de generación está sometido a todos los controles de constitucionalidad que establece nuestro Código Político".



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jueves, 18 de junio de 2009

calentamiento global: Chile no ha desarrollado un política de Estado coherente en materia de Cambio Climático,

CAMBIO CLIMATICO, NO SE ESTUDIA EN CHILE

Chile no ha desarrollado un política de Estado coherente en materia de Cambio  Climático, solo algunos  acercamientos al tema por aquí y por allá. Un par de Seminarios con poca difusión y asistencia de cierta elite. Algunas palabras en las Giras presidenciales y una que otra visita  en este mismo orden de cosas.

Pasan los años y las universidades no se preocupan del tema, los alumnos de pregrado poco o nada saben del tema, menos aún en los colegios.

Los empresarios algunos captan lo que verdaderamente significa, especialmente si están en la filosofía de la Responsabilidad social empresarial, que son los menos. Las operaciones en materia de Bono Carbono son pocas.

En consecuencia, tenemos un tremendo problema en Chile. Se han venido ratificando convenios, se ha suscrito tratados de Libre comercio, en fin muchas firmas y de Calentamiento Global en la práctica en Chile, en el terreno , en nuestra vida diaria...nada. Cuidado entonces con las cosas que firman.

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jueves, 11 de junio de 2009

=?iso-8859-1?Q?[Posible SPAM]=20?= "Código de Conducta Responsable"

"Código de Conducta Responsable"

El Convenio 169 de la OIT sobre pueblos originarios fue ratificado casi por unanimidad en el Congreso, probablemente como un gesto hacia los descendientes de aquéllos, que en muchos aspectos se encuentran en desventaja, por múltiples errores de enfoque de las políticas correspondientes. Dicho convenio no contiene normas vinculantes para los países que lo reconocen, sino que es un conjunto de principios y solicitudes a los gobiernos que lo ratifican; éstos son los responsables de proponer los cambios que puedan darle eficacia. Naturalmente, la manera como ello se materialice es ampliamente debatible, y a menudo requiere de cambios legales.

El Gobierno ha dado a conocer una propuesta de concreción del mismo por medio de un "Código de Conducta Responsable", que regularía las inversiones en zonas indígenas. Éstas incluyen tierras indígenas y las llamadas "áreas de desarrollo indígena", que también contienen tierras privadas, no pertenecientes a aquéllos. Según la clasificación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), la superficie total en estas zonas alcanzaría a casi nueve millones de hectáreas.

Dicho código sería obligatorio para el sector público e, inicialmente, voluntario para el sector privado. Después de un plazo, se buscaría aprobarlo por la vía legislativa, y extender a todos su obligatoriedad. Pero con esto se ejerce sobre el sector privado una presión indebida, sin concurso legislativo. Constitucionalmente, todo código es materia de ley. Por eso, incluso es discutible que este llamado "código" pueda ser obligatorio para el sector público, en particular para las empresas del Estado, que tienen precisas obligaciones legales que satisfacer.

Como es lógico, esta propuesta gubernamental ha despertado reacciones críticas mucho más numerosas que las positivas: se cuestiona el alcance que se le ha dado, que en muchos aspectos va más allá del espíritu y del texto del propio Convenio 169; se objeta la forma en que se materializaría la participación de las comunidades indígenas, que más parece una negociación, en terrenos que no les pertenecen; se critica la creación de un nuevo organismo -el Consejo Nacional de Certificación-, que aprobaría las inversiones, y su capacidad para hacerlo de manera no discrecional, dada la ausencia de criterios precisos para definir qué proyectos satisfacen tal "código".

En la práctica, todo lo anterior podría bloquear cualquier iniciativa que no fuere aprobada por grupos indígenas minoritarios, lo que puede someter los proyectos de inversión a una extorsión mayor, en favor de pequeños intereses y en contra de comunidades más amplias. La idea de que la participación indígena sea simétrica en estos procesos es hoy una utopía sin asidero.

El potencial desaliento que una situación como la descrita conllevaría para las inversiones es alarmante. Libertad y Desarrollo ha estimado que casi dos mil 700 millones de dólares ya están sujetos a evaluación de impacto ambiental en estas zonas, y los proyectos ahora no sólo tendrían que buscar una resolución de calificación ambiental, sino también una certificación del nuevo consejo antes mencionado, la que, además, sería revisada cada tres años, nuevamente con participación de comunidades indígenas. Todo esto amplía ilimitadamente las posibilidades de comportamiento oportunista, arbitrario y extorsivo. Es obvio que, ante semejante falta de garantías, difícilmente habrá proyectos serios y de envergadura que deseen aventurarse en tales zonas. Como consecuencia igualmente obvia, la situación de desmedro en que se encuentran muchas comunidades indígenas sólo empeoraría.

Dada la ola de críticas, algunas autoridades parecen tomar distancia de este proyecto y ahora sostienen que sólo se trata de una propuesta preliminar. Ojalá ésta se diluya sin más daños que la incertidumbre adicional ya causada, pero sorprende que en un tema tan relevante para el país -y tanto más aún con la inversión muy debilitada a resultas de la crisis-, este "código" no haya sido objeto de mejor reflexión previa en el seno del Gobierno.

MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS, PINCHA ACA:

http://blogs.elmercurio.com/editorial/2009/06/11/codigo-de-conducta-responsable.asp#comments
Fuente:EL MERCURIO
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martes, 9 de junio de 2009

Megaproyectos Hidroeléctricos en el Territorio Ancestral Mapuche

Megaproyectos Hidroeléctricos en el Territorio Ancestral Mapuche
08-06-09 Por Meli Newen

La Transnacional de origen estatal Noruego Sn Power, la Transnacional ENDESA y el Grupo chileno Matte a través de su empresa Colbún, son los principales grupos económicos que intentan instalar sus mega proyectos hidroeléctricos bajo el amparo del estado chileno en Territorio Mapuche. Miles de hectáreas inundadas e impactadas, graves impactos a las economías locales, daños culturales, sociales, son algunas de sus consecuencias. Algunas ya vienen ocasionándose. La resistencia sigue.

I. Presentación

El siguiente texto es una revisión general de diversos megaproyecto hidroeléctricos que están emplazados o en proyecto de ejecución, en territorios que constituyen propiedad ancestralmente mapuche. En este presentaremos fundamentalmente los casos emblemáticos que hay entre la región de Los Ríos y la región del Bío Bío en Chile. Realizamos un detalle de cómo estos megaproyectos afectarían o afectan a la población mapuche y de cómo esto se refleja en la vulneración o el riesgo de vulneración de derechos de los pueblos indígenas y disposiciones administrativas establecidas en la ley o la constitución.

Para la construcción de este documento se ha recurrido a diversas fuentes: prensa escrita y web, en algunos casos conocimiento directo, y el particular el documento "Preinforme Proyecto Aguas: Hidroeléctricas en el sur de Chile" elaborado por el Observatorio Ciudadano desde donde se recoge principalmente la información sobre centrales hidroeléctricas en territorio mapuche y antecedentes sobre las empresas y tipos de hidroeléctricas. Antes de pasar a presentar los casos emblemáticos, se hace necesario además presentar algunos antecedentes que den cuenta del contexto en el que se desarrolla la situación de los megaproyecto hidroeléctricos en particular en términos del contexto administrativo y legal que permite se den la tramitación de estos proyectos con características de uso o explotación de los recursos naturales.

II. Antecedentes de Contexto

a) Los "propietarios" del Agua. Primero que todo en relación a los derechos sobre el agua, se trata del "Código General de Aguas (1981)" promulgado en pleno Gobierno Militar, y redactado por un gabinete dispuesto para estos fines, el cuerpo legal que lo regula. Este permitió que el elemento vital pasara de ser un bien común con una función social, propiedad de los habitantes de los territorios, que utilizaban las aguas de ríos y esteros de forma tradicional por ejemplo para la ganadería y la agricultura, a ser una mercancía propiedad de quienes contando con recursos (técnicos, información, económicos, políticos) accedieron de este modo a su apropiación con la inscripción de los caudales de los ríos de todo el país.

La imagen a la izquierda (2) muestra a los principales usuarios de los recursos hídricos encabezan la lista corporaciones nacionales y transnacionales como ENDESA, Colbún, AEG Gener y CGE. Junto a esto en los últimos años medios de comunicación y operarios políticos influenciados por los grupos económicos (Matte, Luksic, Angelini) han promovido la idea de una suerte "Crisis Energética", precisamente estos grupos económicos son los que a través de su influencia durante la dictadura promovieron la creación de este "Código General de Aguas" de acuerdo con sus intereses en relación a este bien común, lo que se refleja en la creación de los derechos de agua "no consuntivos" especialmente pensados para la generación de hidroelectricidad y que constituyen un 78% del total.

b) Empresas y tipos de hidroeléctricas. A nivel nacional son 26 empresas que compiten por la generación eléctrica. En el ámbito de la hidroelectricidad son principalmente 3 grandes empresas: Endesa, Colbún, AES Gener. Además hay empresas de inversiones a menor escala que son Trayenko S.A. (SN Power), Pacific Hydro Chile S.A., Hidroeléctrica Pilmaiquén, Hydrosur, Hidroaustral, Energía Austral, Empresa Eléctrica Pullinque, y varias otras.

Se distinguen principalmente dos tipos de hidroeléctricas: las centrales de embalse y las centrales de pasada. Además las centrales pueden clasificarse en cuatro tipos según su capacidad: 1) Grandes centrales, con una potencia superior a los 5MW; 2) Pequeñas centrales, que poseen una potencia mayor a 1MW pero inferior a los 5MW; 3) Minicentrales con potencia superior a los 100 KW pero menor a 1MW; 4) Microcentrales son las que tienen una potencia mayor a 1,5 KW e inferior a los 100 KW. De estos los que se instalarían en territorio mapuche son Grandes Centrales con Embalse.

c) Ley 19.300 de Bases de Medio Ambiente. Particular relevancia reviste en relación al derecho de consulta la existencia de esta ley, en su texto contempla tras el ingreso de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), un periodo legal de 90 días para la participación ciudadana en donde organizaciones con personalidad jurídica y personas naturales pueden presentar sus observaciones a los proyectos ingresados al SEIA. En la práctica este mecanismo resulta engorroso, pues la ciudadanía debe estar en condiciones de analizar de forma crítica y constructiva el proyecto presentado, en muchos casos sin contar con las experticias técnicas y el tiempo necesario. Estas observaciones que no son vinculantes y que se diluyen en medio de la estructura de decisiones donde en definitiva son los organismos públicos relacionados los deciden sobre el proyecto en la instancia de Consejo Regional de Medio Ambiente (COREMA) presidido por el Intendente Regional.

d) Ausencia de mecanismos especiales de consulta para los pueblos indígenas. En relación al punto anterior si bien la Ley Indígena 19.253 establece el derecho de consulta a las organizaciones indígenas, la Ley 19.300 no contempla inicialmente un mecanismo especial de consulta para estas organizaciones. Junto a esto el caso para el pueblo mapuche que las organizaciones creadas en la Ley Indígena, la Comunidad Indígena no necesariamente constituyen instituciones propia representativas que den cuenta de la proyección y prioridades de su pueblo, como lo son las propias instituciones representativas del Lof Mapu o "comunidad ancestral", los Longko como autoridad política en el territorio y sus emisarios los Werken quienes cumplen la función de vocería y relaciones exteriores, las disposiciones presentes en la ley no contemplan la consulta a estas instituciones del pueblo mapuche por lo que todo megaproyecto que ingresa al SIEA en principio vulneraría el artículo 6 del Convenio 169.

III. Proyectos hidroeléctricos y casos emblemáticos en el Territorio Ancestral Mapuche

1) Proyecto Central Hidroeléctrica Osorno, Empresa Pilmaiquén; Territorio Cordillera en el limite regiones de Los Lagos y Los Ríos.

Considera la construcción de una mega central hidroeléctrica de 58,2 MW de potencia, del tipo pie de presa, en el río Pilmaiquén. Las aguas serán embalsadas mediante una presa de 39,8 m de altura, la cual creará un embalse de 235,48 hectáreas aproximadamente (sin considerar la caja del río). Este embalse sería aproximadamente 18 km de largo (por el eje del río), y se extendería aproximadamente entre el estero Mencahue y el Este del puente Trafún. El proyecto actualmente está en calificación en SEIA, ya pasó plazo de participación ciudadana el 22 de noviembre 2007, el plazo del fin de evaluación en la CONAMA será el 17 octubre 2008 y entre otros organismos CONADI objetó el proyecto (3). La energía generada alimentaría al Sistema Interconectado Central (SIC) y se estima que su vida útil es 50 años.

Tras la construcción se inundarían los territorios de Maihue, El Roble y Carimallin y tendría un impacto negativo sobre los sitios de significación natural y espiritual Mapuche Williche del área.(4) En un comunicado público la Werken María Santibáñez de la Comuna de Río Bueno manifiesta "este proyecto hidroeléctrico afectara directamente terrenos y la forma de vida ancestral de familias Mapuche Williche ribereñas al río pilmaiquen, amenazando el Gen Mapu (espíritu dueño) Kintuantu (Buscador del Sol); lo que consideramos un atentado a la espiritualidad del pueblo Williche; ya que desde tiempos inmemorables los habitantes de estas comunidades invocan el espíritu del Gen Kintuantu para realizar el Lepun (5)".

2) Proyecto Centrales Hidroeléctricas Neltume y Choshuenco, Empresa Endesa; Territorio Pikun Willi Mapu, Panguipulli, Región de Los Ríos.

El día 30 de agosto del año 2006 la empresa Endesa presentó la solicitud de la concesión eléctrica para realizar los estudios de ingeniería y medio ambiente, que le permitirá evaluar el desarrollo de un proyecto de dos centrales hidroeléctricas en las localidades de Neltume y Choshuenco, esto basado en los derechos de aprovechamiento de aguas con los que cuenta sobre los afluentes del lago Pirehueico y sobre las aguas del río Llanquihue.

Estas dos centrales estarían emplazadas en un tramo comprendido entre el lago Pirehueico y el lago Panguipulli. La central Neltume considera la intervención de las aguas del río Fui, el cual nace en el lago Pirehueico y además de poner en riesgo las aguas de Huilo-Huilo y río Fuy, la megacentral inundaría una porción de tierras en los alrededores del lago Neltume. La central Choshuenco estaría situada dentro de la misma cuenca hidrográfica, algunos kilómetros río abajo e intervendría las aguas del río Llanquihue, nombre que toma el río Fui al juntarse con las aguas del río Neltume, que nacen el lago del mismo nombre. La galería 200 mts 4 de alto 3 de ancho, descargaría en Pirihueico (lago Neltume) único Ngillatuwe de conexión con Neltume Comunidad Juan Kintuman forzando la relocalización de Sector Choshuenco.

El proyecto Neltume generaría 400 MW y Choshuenco generaría 134 MW ambos alimentarían al SIC. Estos proyectos forman parte del plan de obras de la Comisión Nacional de Energía (CNE) desde 2004, actualmente se encuentra en la fase de estudios de factibilidad, cuyo ejecutor es Ingendesa. Su ingreso al SEIA se planifica para julio del 2008.

Estos proyectos afectarían 7 Nguillatuwe/centros ceremoniales activos y 7 inactivos, 20 Eltuwe/ cementerios mapuche, y además el Kamarrikuwe/centro ceremonial del Lof Mapu Koz Koz del cual es Longko don Francisco Wichaman Tripayantu, quien forma parte del Consejo de Longko de Pikun Willi Mapu. Lo que se observa aquí es la poca o nula consideración que existe por parte de los privados Endesa y del mismo gobierno, entiéndase por la participación de la CNE, respecto de los sitios de significación cultural-ambiental y las autoridades propias de pueblo mapuche, en relación a proyectos de inversión que afectarán sus intereses, calidad de vida, cultura y medio ambiente.

3) Proyecto Centrales Hidroeléctricas Pellaifa, Liquiñe, Reyehueico y Maqueo, Filial Trayenko Empresa SN Power; Territorio Pikun Willi Mapu, Cordillera Región de Los Ríos.

Al extremo oriente en la región de Los Ríos la empresa SN Power proyecta la construcción de varias centrales hidroeléctricas, todos en territorios mapuche. La gestión es realizada a través de su filial Trayenko S.A., tiene tres proyectos planeados en la comuna de Panguipulli y en el límite entre las comunas Futrono y Lago Ranco.

Promovidos por la empresa como "centrales de pasada" o centrales de "bajo impacto", en realidad los tres proyectos contemplan la construcción de bocatomas y embalses de regulación para captar aguas, con áreas de inundación de hasta 42 hectáreas, con muros de hasta 37 metros de altura (proyecto Pellaifa) y generación eléctrica que supera los 20 MW, y por lo tanto no son categorizables como minicentreales o como Energía Renovable No Convencional, sino más bien vienen a ser centrales de gran impacto (6).

Proyecto Reyehueico: pretende capturar las aguas del río Reyehueico, dejando un área de inundación de 19 hectáreas en territorio de dos comunidades mapuche. Otras dos comunidades río abajo se verían afectadas por la fuerte reducción del caudal a un promedio 5 m3/s (de un promedio natural de 16 m3/s).

Proyecto Pellaifa: contempla un reservorio en el Río Llancahue y uno en el Río Quilaleufu en terrenos de particulares, desviando gran parte de los caudales por vía subterránea hacia el Lago Pellaifa. De un promedio natural de 16 m3/s quedarían según la estimación de la empresa, tan solo un caudal de 6 m3/s. Varias comunidades indígenas río abajo se verían afectadas por la sequía de los cauces.

Proyecto Liquiñe: según información publicada a comienzos del 2008, contempla captar aguas de los ríos Carranco, Rañintuleufu, Lizan y Changlil, devolviéndolas al río Liquiñe antes de entrar a la Aldea Liquiñe. El tranque del Río Lizán inundaría 42 has, en tierras de pequeños agricultores de Rañintuleufu. La inundación que resultaría de la captura de aguas en los restantes ríos aún no está definida (7).

La organización ancestral del Lofmapu Liquiñe a principios de 2007 expulso a la empresa contratista de SN Power a principio de 2007 en base a los procedimientos del Az Mapu. Por petición expresa de la Werken María Eugenia Kalfuñanko queremos denunciar aquí las practicas de división que ha utilizado SN Power generando la Mesa Territorial Reyehuico-Liquiñe en donde convocan personas ajenas a los Lofmapu del territorio y de otros lugares para conformar una opinión a favor de la empresa, ninguno de los Longko del territorio reconoce esta instancia.

Proyecto Maqueo, se ubicaría en las comunas de Futrono y Lago Ranco, Provincia de Valdivia. Contempla la captación de aguas de los ríos Pillanleufu, Curringue, Huenteleufu, Hueinahue, Rupumeica y Maihue desde las alturas, retornando luego las aguas al Lago Maihue. El proyecto Maqueo se emplazaría en un centro medicinal ancestral donde se encuentran diversos lawen/plantas medicinales, además afectaría sitios de significación cultural como el Tren Tren, Ngillatuwe y Eltuwe en Rupumeika.

La organización Jacinto Carillo, Comunidad Julia Santibañez Llanquel en Folilko, Comunidad Kiñewen Kurriñe Chabranko, ha manifestado su oposición por estar sus socios siendo directamente afectados por el proyecto y además en el territorio el Longko José Panguilef de los Lofmapu Maiwe y Rupumeika ha hecho presente su oposición como autoridad política mapuche denunciando trabajos no autorizados en el Territorio (8) . Frente a esto la empresa ha presentado desmentidos en donde desconocen las denuncias y el cargo de las autoridades mapuche, aun cuando existen títulos sobre los territorios intervenidos y la ley indígena reconoce a los Longko Williche.

4) Proyecto Central Hidroeléctrica Angostura, Empresa Colbún; Territorio Pewenmapu, Cordillera ríos Bío Bío y Huequecura, Región de Del Bio Bio.

Este proyecto sería instalado en el territorio de confluencia de los ríos Huequecura y Bío Bío, en el sector de Los Notros y Lo Nieve, en el limite entre las comunas de Santa Bárbara y Quilaco a la altura del puente Piulo. Su ubicación a 18 Km. de Santa Bárbara y afectaría en 18 Km. el cauces del río Bío Bío y 6 Km. el del Huequecura. Tendría una potencia de 309 MW, la altura neta de la represa sería de 50 metros y la energía generada alimentaria al Sistema Interconectado Central (SIC). La ejecución de este proyecto implicaría la relocalización de 43 familias y de una escuela de 40 niños; reconstrucción de infraestructura vial (caminos, puente, otros); cambio de los ríos a condición de lago; corta de 137 hectáreas de bosque nativo y la inundación de 197 hectáreas de suelos agrícolas; además sería destruido el principal espacio de veraneo y de biodiversidad única de peces y avifauna en el río Huequecura Sector Los Nieve Santa Bárbara.

Este proyecto amenaza nuevamente sitios de significación cultural mapuche pewenche, como el recién descubierto Ad Kuel (Lit: Que sostiene la Creación), "pirámide" reconocida como monumento por Conadi y el Consejo de Monumentos Nacionales. Además 5 familias pewenche anteriormente relocalizadas al Sector Los Notros, lo serían nuevamente por el proyecto Angostura. Estos impactos en la biodiversidad y en la cultura mapuche han sido denunciados por los representantes mapuche del Lofche Newen Mapu, apoyados por la Comunidad Indígenas Kudawfeche, las "Peticionarías Pewenche" y por agrupaciones ambientalistas.

5) El Caso emblemático del Alto Bío Bío Centrales Hidroeléctricas Ralco y Pangue, Empresa ENDESA España; Territorio Pewenmapu, Región de Del Bio Bio (9).

La central Ralco se localiza en la zona centro sur a unos 120 km de la ciudad de Los Ángeles y a 30 km aguas arriba de otra gran central hidroeléctrica la central Pangue. La Central Ralco consta de un embalse de 1.222 Hm3 e impacta a unas 3.460 hectáreas de los valles con bosques nativos de alta biodiversidad. La obra principal de la central se basa en una pared de hormigón rodillado de 155 metros de altura con una longitud de 370 metros, que modifica el curso del río Bío-Bío. La turbina tiene una potencia de 570 Mw.

El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de Ralco inicialmente fue rechazado por unanimidad por CONAMA. Tras esto la Secretaría General de la Presidencia, Ministerio del que depende la CONAMA, permite a ENDESA presentar un Addendum a su EIA, constatándose declaraciones de presiones políticas para la aprobación del proyecto de altos cargos de este ministerio. CONAMA aprueba el EIA en 1997, supeditado a una serie de medidas ambientales y al cumplimiento de la legislación indígena.

CONADI rechazo el Proyecto Ralco en base a la Ley Nº 19.253 catalogando como "etnocidio" los impactos que generaría, por ejemplo la aceleración de la pérdida o transformación de su cultura tradicional y probablemente del idioma. El informe presentado por CONADI en el proceso de estudios de impacto, señalaban: "La construcción de la presa Ralco significa la ruptura del frágil ecosistema que sustenta la existencia ancestral del pueblo pehuenche que vive del tránsito estacional de la invernada y veranada; los daños son inmitigables cuando está en juego parte del patrimonio de la humanidad". En esto fueron destituidos los dos Directores Nacionales, Mauricio Huenchulaf Cayuqueo y Domingo Numuncura, y sustituidos por un funcionario de la Secretaría General de la Presidencia.

Junto a lo anterior, los informes de la CONADI y de la "Federación Internacional de las Ligas de Derechos Humanos" se relatan las técnicas seguidas por ENDESA y por las administraciones chilenas para "persuadir" a las dos Comunidades pehuenches a dejar sus tierras, la táctica consistía en negociar familia por familia, rompiendo la unidad de las Comunidades. La administración pública se inhabilito para participar como garante, motivo por el cual la negociación tuvo lugar en un piso desigual: técnicos y abogados de ENDESA frente a familias pehuenches, en muchos casos analfabetas.

Los mayores impacto del proyecto Ralco lo constituye primero la relocalización de la población pewenche, el propio estudio EIA desarrollado por ENDESA catalogaba este impacto como un "impacto negativo, de alta significancia, cierto, de acción directa, permanente e irreversible pero compensable". El segundo impacto considerable lo constituye la división generada en la comunidad pewenche por los supuestos beneficios que presentaría la construcción del megaproyecto, que muy por el contrario profundizó la desintegración cultural, esta situación resultaría posteriormente en la muerte de los hermanos Agustina y Mauricio Huenupe en un confuso incidente de conflicto interno, el cual hasta el momento no ha sido resuelto por los tribunales de justicia (10).

Junto a los anteriores un tercer impacto cultural y espiritual negativo de enorme gravedad lo constituye la inundación de su cementerio ancestral en Quepuca Ralco ocurrido en mayo del 2004. El cementerio guarda los restos de 56 personas, identificadas con nombres y apellidos por sus familiares. Estas personas fueron sepultadas a mediados del siglo pasado, de acuerdo a documentos y resoluciones de la CONADI, Monumentos Nacionales y las familias pewenche.

Si bien, a raíz de la denuncia que se hizo contra el Estado de Chile por la Central Hidroeléctrica Ralco de la transnacional ENDESA ante el sistema interamericano de justicia, donde se llegó a convenir entre las denunciantes y el Estado de Chile un Acuerdo Definitivo de Solución Amistosa entre las partes, los efectos e implicancias son irreversibles. En la actualidad las familias continúan en gestiones para recuperar los restos de deudos, en esto son legalmente representados por Maria Curriao Presidenta de la Comunidad Indígena Aukin Wall Mapu de Quepuca Ralco.

IV. Principales derechos vulnerados o amenazados por los megaproyectos hidroeléctricos.

Como es posible observar son múltiples las megaproyectos hidroeléctricos que de alguna manera afectan los intereses del pueblo originario mapuche, ya sea en relación a las prioridades de desarrollo o en cuanto al uso y administración de los territorios que ancestralmente habitan. Este análisis que realizaremos será en relación del Az Mapu, Derecho Propio Mapuche (11) , considerando la situación de conservación parcial de sus propias instituciones y el proceso de reconstrucción por el que atraviesan, luego este análisis será realizado de forma técnica en base los instrumentos de derechos disponibles para el pueblo mapuche en este tema la Ley indígena 19.253, el Convenio Nº 169, el "Acuerdo de Solución Amistosa" y la Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas.

Para comenzar el análisis desde el Az Mapu, mensionaremos que el artículo 61 de la Ley Indígena que reconoce a la forma organizativa propia mapuche con el siguiente texto "se reconoce en esta etnia el sistema tradicional de cacicados y su ámbito territorial". Sin embargo, este reconocimiento de la ley es restrictivo para los Mapuche Williche, por tratarse de "disposiciones particulares". Las mismas Autoridades Mapuche del Consejo de Longko del Pikun Willimapu, reconocidos así por esta ley, señalan que consideran se trata de un reconocimiento que discrimina a las demás identidades territoriales mapuche wentenche, Lafkenche, nagche, pewenche, entre otras, y que debería ser ampliado en este sentido.

Lo mencionado en el párrafo anterior es significativo cuando vemos que a la hora de implementar los derechos (criterios, disposiciones y mecanismos) del Convenio 169 se establece apropiadamente la consideración de las propias instituciones representativas de estos pueblos, lo que solo son reconocidas en Chile en el caso de los Mapuche Williche, en desmedro del resto. El mismo artículo 61 de la ley señala además que "las autoridades del Estado establecerán relaciones adecuadas con los caciques y sus representantes para todos aquellos asuntos que se establecen en el Párrafo 2º del Título III y en el Párrafo 1º del Título V".

Lo que venimos señalando se refleja bien en el artículo 34 (12) que señala "Los servicios de la administración del Estado y las organizaciones de carácter territorial, cuando traten materias que tengan injerencia o relación con cuestiones indígenas, deberán escuchar y considerar la opinión de las organizaciones indígenas que reconoce esta ley". Así, si bien las organizaciones Comunidad Indígena, creadas por la Ley, y la organización ancestral Williche, están reconocidas en cuanto a su derecho de consulta, no lo están las demás autoridades y organizaciones ancestrales mapuche. Esto no solo compromete en cuanto a la tramitación de megaproyectos hidroeléctricos, sino que también en cualquier otro caso, por tanto en relación a la administración de los recursos naturales en los territorios colonizados.

Por tanto el derecho a consulta establecido en el artículo 6.a. del Convenio 169, no se encuentra garantizado por la ley indígena. Además al tratarse esta de una vulneración por omisión no se puede constatar por medio de pruebas tangibles, no obstante es posible observar que no existe un procedimiento de consulta especial para instituciones mapuche representativas en el marco legislativo de Chile, tan solo en el marco de la "Participación Ciudadana" de la Ley de Bases de Medio Ambiente (19.300), la que no es vinculante y como hemos señalado no se adecua al Convenio 169.

Ya habiéndose señalado la falta de garantías sobre el derecho de consulta a los pueblos indígenas en relación a estos casos, no requiere mayor análisis para establecer la no garantía de los artículos 14, sobre protección efectiva del territorio, y 15, sobre administración de los recursos, del Convenio 169; no existiendo un adecuado reconocimiento a los sujetos de derecho es poco factible el ejercicio de los derechos.

Junto a lo anterior, en el caso de los megaproyecto hidroeléctricos en territorio mapuche, es importante mencionar el instrumento "Acuerdo definitivo de Solución Amistosa entre el Estado de Chile y las Familias Peticionarias Pewenche del Alto Bío Bío", que en su numeral 3 letra d) señala el compromiso del Estado de: "Acordar mecanismos para todos los órganos del Estado que aseguren la no instalación de futuros megaproyectos, particularmente hidroeléctricos, en tierras indígenas del Alto Bío Bío", estableciendo así una restricción a la instalación de megaproyectos hidroeléctricos en el territorio ancestral pewenche, sobre la base de este acuerdo adoptado ante la CIDH.

Similar a la reflexión anterior respecto del reconocimiento de las propias instituciones representativas cabe en este caso. Considerar que este punto Numeral 3 letra del "Acuerdo de Solución Amistosa", se refiere solo a los territorios de Alto Bío Bío significaría una discriminación para los otros Futa Eln Mapu (territorios) y Lof Mapu, donde se pretende instalar estos megaproyectos que afectarían sus intereses en cuanto a la administración y uso del territorio y de sus prioridades de desarrollo.

Al revisar el desarrollo de esta disposición en el "acuerdo amistoso" se observar en su texto que su finalidad es la efectiva aplicación del artículo 34 de la Ley Indígena, y con esto "contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible", no es entonces posible aducir que esta protección solo sea una "disposición particular" para la comunidad pewenche en Alto Bío Bío, sino que lo es para el Pueblo Mapuche en su conjunto.

Consideramos que de este modo la situación de amenaza de megaproyecto hidroeléctricos, vulnera el espíritu de la "Declaración de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas" en que se expresa una voluntad explicita de, ahora en adelante, cambiar las relaciones de colonización que han afectado a estos pueblos, como es el caso del Pueblo Originario Mapuche que con la intervención de las empresas y de decisiones del Estado y sus organismo se ve empujado a un proceso de desintegración cultural. Así, lo que observamos es una vulneración del Derecho a la Autodeterminación del Pueblo Mapuche, que particularmente pone en riesgo su Integridad Cultural.

V. Consideraciones finales, apuntes para una política futura.

La construcción de las centrales Pangue y Ralco profundizo la división social en la comunidad mapuche pewenche, al pasar a llevar la autoridad política del Consejo de Autoridades Tradicionales (CAT) de Alto Bío Bío, institución mapunche liderado por el Longko Antolín Curriao que se opuso a estos megaproyectos, y que se disolvió tras el empoderamiento en las estructuras del Estado de dirigentes sociales como Félix Vita, actual Alcalde re-electo de la Comuna de Alto Bío Bío quien promovió la instalación del Municipio, y además al instalarse los organismos del Estado y las políticas destinadas a los indígenas, que exigen la creación de nuevas organizaciones, la Comunidad Indígena, sobre las existentes, instalando nuevos modos de acción y liderazgos, alejados de los conocimientos y practicas culturales que dominan las propias instituciones representativas del Pueblo Originario Mapuche.

El Pueblo Mapunche ha visto con tristeza las nefastas consecuencias de las represas Pangue y Ralco en Alto Bío Bío, y en los distintos territorios se ha preparado para hacer frente a estos y otros megaproyectos. Durante los últimos años ha generado además alianzas con el pueblo chileno a través de sus organizaciones no gubernamentales y ciudadanas, preocupadas y en acción frente a los conflictos socioambientales, es el caso por ejemplo de la Provincia del Bío Bío donde las organizaciones Aguas Libres de Quilaco y Huequecura Libre de Santa Bárbara junto a los Representantes Mapuche Pewenche de los Altos del río Bío Bío han conformado el "Frente de los Pueblos Ante el Proyecto Angostura de Colbún", generando múltiples gestiones en conjunto.

En el caso de la Región de Los Ríos se encuentra activa la institución ancestral Consejo de Longko de Pikun Willi Mapu, que agrupa a veinte Lofmapu, comunidades ancestrales mapuche, a través de sus representantes Longko/Cabeza y Werken/Emisario. Entre ellos se cuentan por ejemplo el Longko Francisco Wichaman del Lofmapu Koz Koz (Panguipulli) y el Longko José Panguilef de Lofmapu Maiwe-Rupumeika (Futrono). También existe en la región el Consejo de Longko de Río Bueno, en la comuna del mismo nombre. A la fecha estos representantes Mapuche Williche, no han sido convocados a participar del diseño de políticas de uso de las aguas y tampoco han sido consultados o considerada de forma adecuada su opinión o determinaciones en relación a estos proyectos.

En el caso del Territorio Liquiñe la Werken María Eugenia Kalfuñanko, ha precisado que la organización de carácter ancestral a la cual ella pertenece y por la cual ha sido investida en su rol, se compone por 4 Lofmapu Carirriñe, Trafún, Reyehueico y Llanquen, todos estos con sus respectivos Autoridades Mapuche Longko, Werken y los demás roles de la estructura política ancestral mapuche, a través de la cual han organizado la defensa espiritual del territorio.

En el caso del Proyecto Angostura en el territorio de confluencia de los ríos Bío Bío y Huequecura, las Autoridades Mapuche del Lofche Newen Mapu, el Longko Martiriano Suárez y Werken Pedro Suárez, han hecho presente esta situación vulneración de derechos a los organismos públicos y a los ejecutivos de la empresa Colbún durante una visita técnica al territorio de afectación el 3 de octubre de 2008, exigiendo a la empresa y a Conama la generación de un mecanismo especial que les consulte su parecer como autoridades representativas mapuche (13).

Con posterioridad, y al no recibir su solicitud un trato adecuado, los representantes mapuche pewenche a fines del mes de noviembre sostienen una audiencia con la Ministra de Medio Ambiente, Ana Lya Uriarte quien señala no conocer las disposiciones del "Acuerdo de Solución Amistosa" del Conflicto Ralco. En La audiencia los representantes Mapuche Pewenche manifiestan su oposición al proyecto Angostura y le informa que ha presentado una nueva petición ante la CIDH en relación a este caso (14).

A vistas de los antecedentes, se evidencia la falta de disposición del Gobierno de Chile a considerar la opinión y determinaciones de las propias instituciones representativas del pueblo mapuche (Longko, Werken, Lof Mapu) en cuanto a planificar el desarrollo de acuerdo a sus propias prioridades y necesidades colectivas. Esto es solo una parte de las consecuencias del equivoco enfoque de políticas indigenístas del Estado, las que continúan siendo asimilacionistas no obstante los esfuerzos del Pueblo Mapuche por revertir o cambiar el rumbo, es de esperar que para una política futura las disposiciones del Convenio 169 sean adecuadamente interpretadas en base al Derecho Propio del Pueblo Mapuche por el Gobierno para conseguir avances efectivos en esta materia. www.ecoportal.net

Meli Newen es la Coordinadora de estudiantes secundarios mapuche. Ronny Alejandro Leiva, Psicologo, Integra el Grupo de Trabajo sobre Derechos Colectivos (G-TDC). Este documento fue redactado para ser entregado al Relator de Derechos Indígenas, James Anaya el día martes 7 de abril de 2009, durante la reunión con Autoridades y Dirigentes sociales Mapuche. Para la elaboración de este documento se recurrió a fuentes escritas y páginas e informativos web. Es necesario destacar que el lunes 6 de abril este documento fue presentado a algunos mapunche del "frente único ante la invasión y conflicto de SN Power en Territorio Mapuche por Proyectos hidroeléctricos", quienes lo aprobaron y le agregaron algunos elementos sustanciales, y además el lunes 6 en la noche en conversación telefónica el Longko y Werken de Quilaco-Santa Bárbara, solicitaron expresamente la incorporación de dos puntos: la relocalización a que fueron sujetos por la construcción de Ralco y la situación que afecto a los hermanos Huenupe, que se señala en el documento. Así es este un documento que refleja el espíritu colectivo de ante esta grave situación que afecta y amenaza los territorios ancestrales. El trabajo fue publicado por Mapuexpress - Informativo Mapuche.

Notas:

(1) Ronny Alejandro Leiva, Psicologo, Integra el Grupo de Trabajo sobre Derechos Colectivos (G-TDC).

(2) En la web: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=2049, fuente de la Información periódico El Ciudadano, edición Noviembre del 2008.

(3) Carta de objeción CONADI: http://www.e-seia.cl/archivos/CONADI_621.PDF

(4) Artículo de prensa http://correosemanal.blogspot.com/(...)

(5) Fuente: http://www.mapuexpress.net/?act=news&id=2262, Informativo Mapuexpress, 05 de diciembre de 2007.

(6) Es necesario señalar que si bien estos datos son provisorios, sujetos a cambios durante los estudios, la fuente de información son los proyectos presentados a comienzos del 2008 por Trayenko S.A. Por ejemplo: el proyecto original contemplaba unir los proyectos Liquiñe y Reyeheuico en una sola central, esto ha sido modificado por la empresa a mediados del 2007.

(7) El proyecto se encuentra en una fase muy preliminar y por lo tanto los datos correspondientes son muy vagos. Para mayor información consulte Documento de Trabajo N°7 del ODPI (en edición).

(8) Ver publicación en Mapuexpress: Empresa Sn Power intervienen sin autorización territorios mapuche de Rupumeika y Maiwe, 29 de marzo 2008, en la web http://www.mapuexpress.net/(...)

(9) Fuente web: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=145, Informativo Mapuexpress 25 de Mayo de 2005.

(10) Ver entrevista a Werken Pedro Paine: http://argentina.indymedia.org/(...)

(11) Para una referencia y aproximación, ver en la web: http://www.mapuexpress.net/(...)

(12) PARRAFO 1º TITULO V, articulos 34 al 37 Sobre participación indígena en la Ley 19.253.

(13) Información publicada en el siguiente link: http://ecoterritorios.blogspot.com/(...)

(14) La petición presentada a CIDH cuenta con el apoyo del Consejo de Longko de Pikun Willi Mapu, quienes designan al Longko Martiriano Suárez y el Werken Pedro Suárez como "representantes del pueblo Mapuche Pewenche de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco" y como "interlocutores validos" ante la empresa Colbún y las instancias respectivas del gobierno en este caso.

http://www.ecoportal.net/content/view/full/86535/

Fuente:ECOPORTAL
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Rodrigo González Fernández
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domingo, 7 de junio de 2009

LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES Y EL LOBBY

ANTE PROYECTO DE CONDUCTA RESPONSABLE   INDIGENA HAY QUE MAXIMIZAR EL IMPACTO DE LOBBY EMPRESARIAL.

Posteado en El Mercurio: "Países firmantes de la OIT no someten a "certificación indígena" sus inversiones

 

 

El pre-proyecto  destinado a la discusión ya esta en plena discusión de diversos agentes a los que les puede llegar a afectar. Entonces, hay que estudiar en profundidad  la idea , ver si se encuadra en la Constitución Política de la República, ver su correlación con el resto del ordenamiento jurídico.

Entonces, todos los afectados deberán hacer sus aportes y críticas según corresponda.

Aquí es donde hace falta un LOBBY CORPORATIVO de las entidades gremiales respectivas para aportar antecedentes ya que  deben establecer canales  de comunicación y relaciones estrechas con los funcionarios públicos, y además deben utilizar estos canales para promover los intereses de sus miembros , influyendo con ello en la orientación y dirección  de determinadas leyes y políticas , sean  éstas actividades reactivas o proactivas intentando establecer un programa de acción, expresando sus demandas y proponiendo políticas concretas en la materia de interés.

Asiíla organización será reconocida por su lobby eficaz, y se fortalece su perfil público tanto con los responsables como también con toda la comunidad empresarial.

Las Organizaciones gremiales tienen que tener una capacidad de respuesta en este caso en particular y abordar cada una de las materias de este documento de estudio.

Por lo tanto , las organizaciones empresariales deberán ejecutar una estrategia de lobby eficaz dentro de la cual se enmarquen sus tácticas de ejercicio de influencias.

Un cabildeo o Lobby de esta naturaleza es plenamente aceptado por la OIT e incluso lo promueve con mucho éxito en diversas organizaciones empresariales en el mundo.

www.lobbyingchile.blogspot.com

MÁS INFORMACIÓN Y COMENTARIOS, PINCHA AQUÍ

http://blogs.elmercurio.com/economiaynegocios/2009/06/07/paises-firmantes-de-la-oit-no.asp#comments
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viernes, 5 de junio de 2009

CHILE: Difícil gestación de Código para inversionistas

Código de Conducta Responsable
 
 
RUCA MAPUCHE, SUR DE CHILE
 
INDÍGENAS-CHILE: Difícil gestación de Código para inversionistas

Por Daniela Estrada
 
 
 
 

SANTIAGO, jun (IPS) - Aunque aún se encuentra en elaboración, ya genera resistencias. Se trata del Código de Conducta Responsable impulsado por el gobierno chileno de Michelle Bachelet para regular las inversiones públicas y privadas en los territorios donde habitan indígenas.

"El Código es un mecanismo inadecuado, porque no resuelve el problema de fondo que es efectuar una gestión sustentable de los recursos naturales que hay en Chile, con pleno respeto a los derechos ambientales y a los derechos de la ciudadanía, particularmente de los pueblos indígenas", dijo a IPS Nancy Yánez, codirectora del no gubernamental Observatorio Ciudadano.

"Lo que hace el Código es validar la práctica que se viene desarrollando hasta ahora, en la cual el Estado se libera de la responsabilidad política de tener que decidir cómo y dónde se hacen las inversiones, desde la perspectiva de la planificación estratégica de los recursos naturales", acotó esta abogada experta en derechos de los pueblos indígenas.

La aprobación de grandes plantaciones forestales, plantas de fabricación de celulosa, yacimientos mineros, represas hidroeléctricas, carreteras, aeropuertos, entre otros megaproyectos a desarrollar en territorios ancestrales de indígenas, que suman más de un millón de personas, es hoy uno de los principales focos de conflicto con las autoridades.

El denominado "Código Indígena", impulsado por el gobierno centroizquierdista de Bachelet, busca dar cumplimiento al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indígenas y Tribales, que entrará en vigor el 15 de septiembre.

Hasta ahora, el debate, calificado como "muy positivo" por el Comisionado Presidencial para Asuntos Indígenas, Rodrigo Egaña, se ha centrado en una propuesta preliminar de "Código de Conducta Responsable para Inversiones Públicas y Privadas en Tierras y Áreas de Desarrollo Indígena (ADIS)". Según ese documento de 154 páginas, en conjunto ambas superan las nueve millones de hectáreas.

Luego de que el gobierno recoja el máximo de observaciones y propuestas, un proyecto de Código mejorado se someterá a Consulta Nacional Indígena, cuyos resultados serán nuevamente procesados por el gobierno para la elaboración de un Instructivo y un proyecto de ley. La última palabra la tendrá la presidenta Bachelet, de la Concertación de Partidos por la Democracia.

En una primera instancia, el Instructivo será obligatorio para la inversión pública y voluntario para la inversión privada, diferenciación que es duramente criticada por Yánez. Sólo después de que se apruebe una ley sobre el tema, se establecerá un sistema obligatorio para todos.

El Código propone nueve "ámbitos de protección" para los pueblos indígenas, que tienen que ver con sus tierras, territorios y recursos naturales, su patrimonio cultural material e inmaterial, sus recursos genéticos, conocimientos y prácticas asociadas, además de su educación, salud, seguridad, trabajo y condiciones laborales.

Como "ámbitos de protección", también se postulan los procesos de participación de las comunidades en los proyectos que los afecten, la "transparencia y prevención de la corrupción" y la "participación de las comunidades en los beneficios".

"Siempre que el proyecto afecte sus tierras, territorios y recursos naturales, se deberá consultar a las comunidades involucradas. Los pueblos indígenas no serán desplazados de sus tierras o territorios. Cuando ello sea inevitable, el traslado se podrá llevar a efecto con el consentimiento libre, previo e informado", dice el texto.

Agrega que "los proponentes del proyecto, siempre que sea posible, buscarán mecanismos de participación justa y equitativa en los beneficios del proyecto que se localiza en tierras indígenas o áreas de desarrollo indígena. Dicha participación se definirá a través de condiciones mutuamente acordadas".

Las iniciativas que cumplan todos los estándares serán visadas por tres años renovables por el Consejo Nacional de Certificación, un órgano público que se crearía bajo dependencia del Ministerio de Planificación y Cooperación con siete integrantes: un presidente designado por la mandataria, tres representantes de los indígenas, uno del mundo académico, otro del empresariado y uno de la sociedad civil.

Entre los indígenas, el Código ha generado diferentes posturas.

El líder mapuche Aucán Huilcamán, del Consejo de Todas las Tierras, celebró la creación del Código, ya que a su juicio permitirá frenar los proyectos en territorios indígenas.

En cambio, la Alianza Territorial Wenteche-Pewenche, que agrupa a diversas comunidades de esta misma etnia, la más numerosa del país, se manifestó en contra, cuestionando la forma en que el gobierno ha llevado a cabo el proceso de participación de los indígenas en el marco del Convenio 169.

Las dos consultas nacionales indígenas ya realizadas --una sobre mecanismos de participación política y otra sobre la reforma que los reconoce constitucionalmente-- han versado sobre iniciativas decididas con anterioridad por las autoridades y no formuladas o consensuadas con los indígenas primero, al igual que está sucediendo con el Código de Conducta Responsable, dijo a IPS el comité político de esta Alianza.

En este sentido, el Comisionado Presidencial Egaña ha reconocido que las consultas impulsadas por el gobierno son "perfectibles".

El Código "lo vemos como un paso importante y necesario de dar en un país con un estándar tan pobre en materia de reconocimiento de derechos" de los pueblos indígenas, dijo por su parte a IPS Gustavo Quilaqueo, presidente del partido político mapuche Wallmapuwen (en proceso de legalización).

"Sin embargo, somos críticos de cómo el borrador del 'Código' está siendo enfocado por el gobierno y el propio PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)" que asesora al Ejecutivo, acotó el dirigente mapuche.

"En los hechos, pareciera que no se busca ni reconocer ni garantizar derechos colectivos, lo cual es el espíritu del Convenio 169, sino más bien allanar el camino para aquellas políticas de desarrollo que cuestionamos y que han gatillado gran parte de los conflictos existentes en el territorio mapuche", declaró Quilaqueo.

"No nos parece pertinente que se reduzca el derecho de nuestros pueblos a la consulta (previa, libre e informada, según el Convenio 169) a un asunto bilateral entre 'comunidades y empresas', inclusive entre 'personas y empresas', lo cual claramente beneficiará a quien tenga mayor poder de negociación, es decir, a los inversionistas y sus proyectos", añadió.

"El Convenio 169 establece tres grandes estándares: consulta previa, libre e informada, participación de los pueblos en los beneficios que generen los proyectos y compensación por daños", recordó Yánez.

"El Código de Conducta Responsable no 'operacionaliza' esos estándares, lo que hace es propiciar procesos de negociación sobre los impactos ambientales, sociales, culturales y económicos de un determinado proyecto en territorio indígena", opinó.

"Lo que hace el Estado es actuar en calidad de árbitro, garantizando que estos procesos de negociación se lleven a cabo bajo condiciones de equidad mínima", enfatizó la codirectora del Observatorio Ciudadano.

Tampoco "nos queda clara la efectividad del Código, puesto que se señala que las comunidades que se opongan a determinada inversión privada deberán justificar su posición ante el denominado Consejo Nacional de Certificación, cuyo diseño actual está pensado para que la presencia indígena sea minoritaria a la hora de votar", apuntó Quilaqueo.

"En definitiva, este es un nuevo mecanismo 'legal' para avalar y mantener la invasión forestal, minera, etc. en los territorios indígenas y particularmente en territorio mapuche", planteó la Alianza Territorial Wenteche-Pewenche.

En el sector privado, las opiniones también son diversas. Mientras algunos saludan la fijación de parámetros claros para evitar conflictos con los pueblos nativos, otros cuestionan que se desarrolle un proceso paralelo al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que también considera mitigaciones para las comunidades afectadas.

Otros analistas creen que los requisitos fijados por el Código encarecerán las inversiones y obligarán a los empresarios a desplazarse hacia zonas no indígenas, lo cual sumirá aún más en la pobreza a este sector de la población.

Ante las aprehensiones de los empresarios, el ministro secretario general de la presidencia, José Antonio Viera- Gallo, declaró al diario local El Mercurio que "la voluntad del gobierno está muy lejos de desalentar la inversión" sino que el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT "puede ser un camino para encontrar formas más eficaces para resolver probables conflictos".

Para Yánez, "el problema de fondo es el modelo económico de Chile, ya que el gobierno cuenta con antecedentes suficientes del reclamo de los pueblos indígenas en torno a mantener el control sobre los recursos naturales". "En ese escenario, el Código de Conducta Responsable es perverso porque apunta a la compra de voluntades indígenas", apuntó.

Según la abogada, el Código tampoco incorpora la evolución del derecho y la jurisprudencia internacional, los cuales indicarían que ante megaproyectos extractivos de recursos naturales que afecten la integridad de los pueblos indígenas los Estados deben reemplazar los procesos de "consulta" previa, libre e informada por procesos de "consentimiento", previo, libre e informado, concluyó. (FIN/2009)

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jueves, 4 de junio de 2009

codigo de conducta responsable hay que estudiarlo

LA DISCUSIÓN DEL CODIGO DE CONDUCTA RESPONSABLE EN MATERIA INDIGENA EMANA DE LA RESUCIÓN 169 DE LA OIT Y RATIFICADA POR CHILE.

Entonces, ahora lo que procede es estudiar la propuesta gubernamental que ha liderado el comisionado Presidencial Rodrigo Egaña. Se trata de una propuesta gubernamental , pero no es una ley ni proyecto de ley.

Sin embargo  hay que partir revisando si esta  aquella idea acorde con la Constitución Política de la República y  en relación al Ordenamiento Jurídico nacional. Allí surgirán, seguramente,  una multiplicidad de reparos.

Como una norma de esa naturaleza trae consecuencia económicas, políticas, sociales , de inversión, en diversos rubros como son los Forestales, Mineros, Agrícola, Industrial ,  frutero, turístico, medio ambientales etc., hay que revisarlo con mucha  detención.

Es bueno que se discuta la idea gubernamental y se hagan los descargos, criticas y aportes que corresponda.

más información y comentarios, pincha aquí

http://blogs.elmercurio.com/economiaynegocios/2009/06/04/ricardo-ariztia-cree-que-futur.asp
Fuente:rg
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Ricardo Ariztía cree que futura norma indígena causaría daño patrimonial

Ricardo Ariztía cree que futura norma indígena causaría daño patrimonial


DANILO BUSTAMANTE ROCHA

La voz de Ricardo Ariztía sigue siendo escuchada en el empresariado. Aunque está concentrado en sus negocios agrícolas, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) no esquiva los temas que más debate generan en los gremios.

Por estos días, la discusión se centra en el Código de Conducta Responsable (CCR) para pueblos indígenas, que está elaborando el Gobierno y que materializará el convenio 169 de la OIT. "Si uno lee el código, que si bien el Gobierno ha dicho que es un borrador, uno se da cuenta de que va mucho más allá de eso, porque sólo presentarlo con el nivel de ambigüedad y de las distintas formas de poder apreciar cada uno de sus puntos, lo considero tremendamente complejo", afirma Ariztía.

Y es que el CCR -voluntario para las firmas privadas y obligatorio para las estatales-, que deberá estar concluido en septiembre, ha generado incertidumbre en los empresarios, en especial en aspectos como tener que revisar cada tres años los proyectos de inversión en zonas o tierras indígenas.

"Hoy día se ha dirigido la crítica sólo a que se van a disminuir las inversiones. Resulta que sólo con presentar este proyecto de código, se discuta el tiempo que se discuta, hay un efecto patrimonial sobre todos los propietarios de bienes raíces en la zona sur o en todas las zonas afectadas, de una magnitud sin precedentes", lanza el ex dirigente.

Cuestionando la forma

El ex líder del agro agrega los cuestionamientos que sostiene su tesis. "¿Cuánto vale el patrimonio que tiene un propietario de un fundo en el sur hoy día, después de leer el código? ¿Cómo va a vender ese fundo? ¿Qué tasaciones va a usar la banca a la espera del código?", dice.

Sus principales críticas están dirigidas a la forma en que el Gobierno ha conducido la discusión, considerando de "una irresponsabilidad de una envergadura importante" el hecho de haber "lanzado" el borrador a la discusión pública.

"Me alegro que la CPC tome un liderazgo en este tema, y confío en que se va a buscar una salida que devuelva un grado de confianza" en las zonas que se podrían ver afectadas, concluyó Ariztía.


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martes, 2 de junio de 2009

Ratificación del Convenio OIT 169: Propuesta de desarrollo

Ratificación del Convenio OIT 169: Propuesta de desarrollo

 

ALDO CERDA
Gerente Bosques, Industria, Construcción y Servicios Sustentables
Fundación Chile

La ratificación del Convenio 169 de la OIT determina un cambio significativo en las relaciones de los pueblos indígenas con el Estado de Chile y de cómo se relacionan con sus territorios de referencia. Para la Región de la Araucanía, marcada desde hace más de una década con el recrudecimiento del llamado "conflicto mapuche" y asolada no sólo por el flagelo del desempleo, sino que, más grave aún, por la falta sistemática de inversión productiva, la entrada en vigencia de este acuerdo internacional amenaza con ensanchar la brecha de oportunidades de sus habitantes con el resto del país si seguimos haciendo "más de lo mismo".

Al parecer el Ejecutivo ha decidido actuar. Sin embargo, las propuestas revelarían una peligrosa tendencia a profundizar los problemas existentes. Por ejemplo, el establecimiento de una suerte de royalty, adicional a la inversión realizada, que sería de beneficio de las comunidades del área de influencia del proyecto: si hasta aquí la situación se caracteriza por la falta de emprendimiento privado, ¿por qué un gravamen adicional habría de cambiar tal situación? Peor aún, ¿no movería a levantar toda clase de reivindicaciones nuevas para ser identificado y compensado como afectado?

Sin riqueza creada no hay posibilidad de redistribuir. Y para crearla es necesario atraer la inversión y, tal como en gobiernos pasados se desarrolló un plan especial para la reconversión de Arauco, un esquema similar podría aplicarse a las provincias donde el convenio tenga más impacto: exenciones tributarias, subsidios a la contratación de mano de obra indígena, apalancamiento de las inversiones, seguridad jurídica son, entre otros, mecanismos que deben emplearse agresivamente si no queremos construir un gueto étnico en la mitad de nuestro territorio, el cual más temprano que tarde nos repercutirá en la construcción de nuestra marca país.

¿Hay oportunidades de creación de valor significativas en la Araucanía? A lo menos se identifican rápidamente dos: la forestación y el desarrollo de proyectos de energía renovable (a partir de biomasa y geotermia). Se necesitarán posiblemente nuevos modelos de negocio y la creación de una institucionalidad diferente para constituir los encadenamientos productivos necesarios.

Mark Twain decía que el coraje no es la ausencia de temor, sino el acto de dominar ese temor: Apelemos al coraje de nuestros emprendedores para apostar a un escenario diferente al actual.

 


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